Con una creciente histeria sobre el desplazamiento hacia la izquierda en América Latina y once elecciones presidenciales en los próximos 13 meses, merece la pena leer la encuesta “Hacer Negocios en 2006” del Banco Mundial.
El reporte anual, hecho por la rama investigadora del banco, mide la carga regulatoria y los derechos de propiedad de 155 países. Los resultados de este año demuestran claramente que, pese a las persistentes alegaciones de que la región ha ensayado el modelo del “libre mercado” y lo ha encontrado insuficiente, la realidad es que América Latina sigue embarrancada en un modelo estatista.
Cuando de pesado gobierno o débiles derechos a la propiedad se trata, América Latina está mejor que Africa pero sus libertades están muy por detrás de los países asiáticos y de los antiguos satélites soviéticos en Europa.
Han pasado 20 años desde que Instituto por la Libertad y la Democracia radicado en Lima publicara “El Otro Sendero” de Hernando de Soto donde se documentaba la pesada carga que el gobierno peruano dejaba caer sobre las espaldas de sus pobres aspirantes a empresarios. Infortunadamente, poco ha cambiado en la región en dos décadas. Más que nunca, el estado predatorio está empujando a los empresarios a la clandestinidad y obligando a sus más industriosos ciudadanos a emigrar, fundamentalmente a los EEUU.
Tomemos por ejemplo a México, con sus enormes reservas petroleras y su libre comercio con América del Norte. Su economía está muy mal. El ministro de finanzas de México Francisco Gil Díaz ha manejado muy bien el lado macroeconómico de la economía. Pero en el lado macroeconómico, los negocios mexicanos afrontan paralizantes regulaciones e inadecuadas protecciones legales que debilitan su potencial para la competencia en el mercado, en las inversiones y en las ganancias de productividad.
En la categoría que trata de “contratar y despedir” del Banco Mundial, México está en el lugar 125 entre los 155 países encuestados. Despedir a un trabajador le cuesta a una firma casi 75 semanas de salarios. México también está en el lugar 125 en “protección a los inversionistas” contra fraudes y otros abusos corporativos. Por otra parte, está en el lugar 100 en la categoría de “ejecución de contratos”, lo que significa que cuando dos partes llegan a un acuerdo, ninguna está segura de que se va a mantener.
Perú consigue una mejor clasificación general que México pero no se puede decir que alienta al empresariado. En la categoría de “iniciar un negocio”, Perú está en un lugar 106 debido a la densa burocracia a la que De Soto se refiriera hace tanto tiempo. Despedir a un trabajador cuesta casi 56 semanas de salarios. Esto desalienta la contratación y significa enormes pérdidas para los empresarios si a la empresa le va mal. Un negocio de mediano tamaño en Perú puede esperar una carga de impuestos que casi llega al 51 por ciento de las ganancias brutas. Esto explica en parte porque Perú tiene el lugar 133 en carga de impuestos. “Hacer cumplir los contratos” lleva un promedio de 381 días, dejando a Perú en el lugar 114 en esa categoría.
Argentina, que todavía arrastra las leyes laborales peronistas, tiene un mercado laboral todavía menos flexible que Perú, en el lugar 132 en "contratar y despedir." Por otra parte, una compañía de tamaño medio teóricamente tiene que pagar casi 98% de sus ganancias brutas en impuestos, lo que explica la elevadísima tapa de evasión fiscal.
Chile, en el puesto 25 del mundo, tiene el mejor clima de negocios de la región pero está inexcusablemente detrás de Malasia, Estonia y Lituania. Necesita hacer avanzar urgentemente las reformas emprendidas en los años 80 pero, en vez de eso, el gobierno socialista de Ricardo Lagos ha cedido ante los activistas sindicales aumentando la carga de las leyes laborales.
Colombia – en el lugar 66 – tiene una pésima calificación en "contratar y despedir" (130) y en "pagar impuestos," donde una empresa de mediano tamaño tiene que pagar un total de 75% de sus ganancias brutas. Venezuela no protege los contratos (lugar 129), no protege a los inversionistas (lugar 142) y ha convertido el pago de los impuestos en una pesadilla burocrática (lugar 145). Hay algunas notables mejorías entre los pequeños países. Honduras ha mejorado su calificación por haber aumentando la eficiencia del registro de la propiedad. El Salvador ha acelerado su "inscripción de negocios" pero todavía tiene malas calificaciones en esta categoría debido al costo de iniciar un negocio. .
La correlación entre la libertad económica y la prosperidad está clara de la lectura de las clasificaciones del Banco Mundial. Como uno esperaría, el exceso de impuestos y de regulaciones de la actividad económica paraliza el crecimiento, como también lo hace la debilidad de los derechos de propiedad. Las cargas inflingidas por el gobierno son responsables, en gran medida, del estancamiento de la región.
¿Por qué no ha producido cambios la democracia en América latina? La respuesta puede encontrarse en la teoría de la opción pública -- una escuela de economía hecha famosa por James Buchanan, ganador del Premio Nóbel. La opción pública ve la política como un mercado, donde los que más ofrecen tienen el poder de “comprar” lo que quieren. La desregulación puede ser lo mejor para la mayoría pero los políticos no tienen incentivos para hacerlo cuando los más poderosos y mejor organizados de sus electores, los que los ponen en el poder, prefieren el status quo. Esos no solo incluyen los sindicatos sino también a las ricas y establecidas oligarquías y a los burócratas del gobierno. La mayoría de los países de América Latina no tienen clases medias lo suficientemente grandes como para contrarrestar esas fuerzas opresivas, gracias a la doble maldición del exceso de regulaciones y la debilidad de los derechos de propiedad..
Al costo de una guerra civil, El Salvador ha tenido algún éxito en despertar a las elites gobernantes sobre la necesidad de cambio. Pero la mayor parte de la región es más parecida a México, donde los sindicatos y un puñado de poderosos – como el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim y Ricardo Salinas Pleigo – no ven la necesidad de reformar un sistema que les sirve tan bien.
Al revisar el estudio del Banco Mundial, merece la pena observar que las fuerzas externas también militan contra la reforma. El Fondo Monetario Internacional, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional, los funcionarios de préstamos del Banco Mundial y las Naciones Unidas proveen dinero fácil, “ayuda” para sostener gobiernos fallidos y su atrincherada clase gobernante. La "condicionalidad" ha sido un fracaso. La ayuda del FMI a la Argentina trabajó contra los que desafiaban el peronismo en las elecciones del 2003 y garantizaron la victoria del actual gobierno anti-mercado.
Los burócratas de los países ricos frecuentemente vinculan sus regalos a objetivos favorecidos por grupos de presión de los países ricos como los ambientalistas y las “protecciones” laborales que, a nombre de la justicia social, añaden más burocracia y destruyen la iniciativa individual. Mientras tanto, el enorme aparato gubernamental está dejando a los pobres de América Latina viviendo en favelas y con muy pocas esperanzas de un futuro mejor.
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