MONTERREY, México—Un creciente escándalo de corrupción relacionado con casinos ilegales está dañando al presidente Felipe Calderón, cuya lucha sin precedentes contra la corrupción y el crimen organizado ha sido el objetivo principal de su gobierno conservador.
El escándalo se deriva de un ataque a un casino de Monterrey a finales de agosto por presuntos miembros del cartel de drogas de los Zetas, que provocaron un incendio alimentado con gasolina que mató a 52 personas, en su mayoría mujeres de mediana edad que jugaban al bingo electrónico. Entre los muertos se hallaba una embarazada.
El jueves, el ejército de México sostuvo que había capturado el cerebro del ataque, Carlos Alberto Oliva, apodado "La Rana". Oliva es visto como el miembro número 3 de los Zetas, que han aterrorizado a gran parte de México mediante asesinatos, extorsiones y secuestros.
El secretario de gobierno de Nuevo León, Javier Treviño, dijo en una entrevista que se trata de un golpe muy importante contra los Zetas. En los últimos dos años, Nuevo León y su capital Monterrey se han convertido en un campo de batalla entre los Zetas y sus ex empleadores, el Cartel del Golfo.
Associated Press
Soldados escoltan a Carlos Oliva Castillo, alias "La Rana", durante su presentación ante la prensa.
El ejército y la policía de México afirman que han arrestado a casi todos los principales sospechosos relacionados con el trágico incendio. Pero lo que todavía arde es el escándalo provocado por el fuego.
Las autoridades mexicanas creen que los Zetas provocaron el incendio del casino para presionar a los dueños a pagar una extorsión. El Casino Royale, según las autoridades, constituía un blanco porque carecía de permiso federal y de la ciudad para operar. A cambio de dinero, se presume que los Zetas le habrían ofrecido a la casa de juegos "protección" de las inspecciones de la ciudad y del gobierno federal.
Días después del incendio, el periódico principal de Monterrey difundió un video que muestra al hermano del alcalde de Monterrey (del Partido de Acción Nacional), Fernando Larrazábal, recibiendo fajos de dinero en un casino de Monterrey. El diario indicó que muchos de los casinos de la ciudad, que carecen de permisos legales, pagaban a autoridades de la ciudad, además de a las bandas de narcotraficantes, para permanecer abiertos.
El alcalde niega haber actuado mal. Su hermano, Jonás Larrazábal, dice que el dinero era el pago por la venta de queso a los casinos. El comentario fue visto como ridículo en todo el país, donde vender "queso" para amasar una fortuna se ha convertido en una broma nacional. Los periódicos se refieren al escándalo como el "Queso-gate".
Desde el incendio, las autoridades mexicanas han admitido que muchos de los casinos del país carecen de las licencias pertinentes y que hacen caso omiso a las regulaciones del juego, sobornando a funcionarios locales y federales para que hagan la vista gorda.
El dueño del Casino Royale, Raúl Rocha, ha dicho a las autoridades mexicanas que pagó unos US$140.000 cada mes por extorsión, aunque se negó a decir a quién realizaba el pago alegando temores por su seguridad. Rocha se encuentra en este momento en Miami y no respondió a las solicitudes de comentarios.
En septiembre pasado, la Secretaría de Gobernación presentó cargos de abuso de autoridad contra el ex alto funcionario a cargo de la regulación de casinos en la secretaría, Roberto Correa, al igual que contra Manuel Fierro, otra ex autoridad de alto rango, de acuerdo con fuentes ministeriales.
Ambos hombres, cuyo paradero actual es desconocido, están acusados por presunta entrega ilegal de licencias a casinos, sostienen los funcionarios de la secretaría. Los cargos conllevan una pena máxima de 12 años de prisión.
En una entrevista, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de la Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, señaló al respecto que se encontraron con un desastre. Luego añadió que se hallan haciendo una revisión de todas las licencias de casino y que cerrarán todas las casas de juegos que no cumplan con las regulaciones.
Para el PAN, el escándalo amenaza la reputación de integridad del partido. A la vez que el partido se considera generalmente inefectivo, también es visto como más recto que sus rivales, particularmente el antiguo Partido Revolucionario Institucional, el favorito en encuestas para las elecciones del año próximo.
Fernando Canales, destacado militante del PAN de Monterrey, preguntó cómo se podía criticar al PRI cuando su propio partido tiene instancias de corrupción.
Durante el mandato de Calderón, han muerto unas 43.000 personas como consecuencia de la violencia entre carteles de drogas. Pero aun cuando Calderón ha despachado al ejército para luchar contra las pandillas, su gobierno permitió que florecieran casinos ilegales donde los carteles pueden lavar dinero ilícito, según actores del sector y funcionarios estadounidenses.
"Los traficantes, los operadores de casinos y políticos corruptos forman un triángulo que se protege a sí mismo, dificultando que oficiales de policía honestos ataquen el delito organizado", decía un cable diplomático de EE.UU. de 2009 firmado por Bruce Williamson, entonces cónsul de EE.UU. en Monterrey. "Una manera en que el gobierno mexicano podría golpear a los carteles sería reconsiderando su política sobre licencias de casinos".
Desde 2008, los mayores protagonistas del sector, como el gigante mediático Grupo Televisa SAB, advirtieron a los reguladores que se abrían decenas de casinos ilegales, socavando las ganancias de las salas establecidas legalmente y que cumplían con las reglas, pagaban impuestos, y cumplían con leyes locales de prohibición de fumar y contra incendios.
Alfonso Pérez Lizaur, jefe de la principal asociación comercial nacional del sector de juegos de azar, denunció que la industria de los casinos estaba fuera de control debido a la corrupción en el gobierno y el sistema judicial. Agregó que era triste que 52 personas hubieran tenido que morir para que el gobierno tomara este asunto en serio.
A partir de 2008, la asociación del sector de casinos, encabezada por Pérez, entabló decenas de quejas ante la Secretaría de Gobernación, según copias obtenidas por The Wall Street Journal.
Un caso llamativo fue el de una nueva compañía llamada Petoloff, que recibió un permiso para operar casinos que había pertenecido a otra empresa pero que había sido revocado años antes. Durante el proceso de quiebra, la Secretaría de Gobernación comenzó el proceso para revocar la licencia, que, en todo caso, terminó por vencerse.
No obstante, en 2008, la secretaría dio esa licencia a Sergio Gil, ex funcionario municipal de Monterrey. Desde el incendio del Casino Royale, Gil se ha escondido y no fue posible comunicarse con él para pedirle comentarios.
Pérez, de la asociación de casinos, dijo que hizo reiteradas averiguaciones ante la Secretaría de Gobernación sobre el caso, pero dijo que no consiguió respuesta. Luego buscó la ayuda del organismo gubernamental contra la corrupción, y dijo que tampoco consiguió ayuda. Finalmente, presentó cargos penales ante la Procuraduría General de la República contra varios funcionarios del organismo gubernamental contra la corrupción por no investigar la presunta negligencia.
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