La masacre hace un año de los 72 migrantes en manos de Los Zetas en un rancho de San Fernando, desnudó la barbarie a la que quedan expuestos miles de inmigrantes que buscan llegar clandestinamente a Estados Unidos cruzando México.
La matanza ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 "dejó al descubierto un México bárbaro, no sólo de la delincuencia sino también de las autoridades. Un México profundamente xenófobo", afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes y director de un albergue para inmigrantes.
"Es sólo una muestra de que los secuestros masivos y las masacres de migrantes extranjeros y mexicanos ya existían desde 2007", declaró Leticia Gutiérrez, directora de la Pastoral de la Movilidad Humana, que tiene medio centenar de casas albergues para indocumentados en México.
De los 72 asesinados, 24 eran hondureños, 14 salvadoreños, 12 guatemaltecos, 4 ecuatorianos y 4 brasileños. Algunos de ellos presentaban huellas de tortura y hasta la fecha aún no identificaron 14 cadáveres.
"Los secuestros masivos de migrantes se siguen cometiendo aunque el gobierno lo desvirtúe como el ocurrido en junio de 80 personas que viajaban en un tren en el sureste de México, al asegurar que en realidad fueron cinco", añadió Gutiérrez.
En el presente año, se registraron poco más de 260 casos de migrantes desaparecidos, afirmó Fernando Batista, encargado del programa de Migración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que de abril a septiembre de 2010 registró 11.333 secuestros de migrantes.
En abril pasado comenzaron a descubrirse fosas comunes en San Fernando, donde se hallaron casi 200 cadáveres al parecer de migrantes secuestrados por Los Zetas, aunque entre ellos sólo se identificó a un guatemalteco.
Los plagios reflejan "la necesidad urgente de implementar políticas públicas muy concretas y eficaces en materia de prevención del delito y si lamentablemente ocurren hechos como el de San Fernando se procure justicia de manera efectiva para que casos como éste no queden en la impunidad", declaró Fernando Bautista, encargado del Programa de Migración de la CNDH.
Sobre los motivos de la masacre, la versión de la fiscalía se desprende de la declaración de un sobreviviente ecuatoriano, quien dijo que los secuestradores se identificaron como integrantes de Los Zetas y los asesinaron porque sus familiares no pagaron los rescates y se negaron a trabajar para el cártel.
Por ese crimen fueron detenidos 16 policías municipales de San Fernando, acusados de dar protección a Los Zetas y de encubrir a los responsables que perpetraron el homicidio múltiple.
Recientemente el Congreso aprobó una ley de migración propuesta por el gobierno pero modificada por presión de las organizaciones gubernamentales, que descriminaliza a los trabajadores indocumentados y a sus empleadores.
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