Uruguay: Amenaza neomarxista sobre el agro – por Jorge Caumont

La discusión política y empresarial sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) es solo para marcar posiciones: una ideológica, otra opositora y la de los perjudicados, una inútil postura de queja. Si es correcto que con el impuesto se recaudarán solo 60 millones de dólares, seguramente no habrá una sangría que no se pueda superar por los propietarios que sean alcanzados, como sí la provocaría una alternativa tributaria que desea imponer el neomarxismo. No parece que el ICIR altere significativamente las tasas internas de retorno de las inversiones en las tierras que vayan a ser gravadas.

Sin embargo, si se aplica en un momento de clara baja de los precios de los commodities, la situación cambiaría como también el valor de la tierra ante un dólar más fuerte. De continuar apreciándose la moneda norteamericana, el valor de la tierra caerá y su valor se depreciará tan fuertemente como sea la declinación del precio de los commodities agrícolas o pecuarios también impulsada por la apreciación del dólar.

El valor del dólar en picada de los últimos años, y no la expansión de China, es lo que ha provocado el alza de los precios del agro, de sus productos y consecuentemente de la tierra. El precio de ésta no deja de ser el valor actualizado de los retornos libres líquidos futuros. Si ellos caen porque se impone un gravamen sobre la tierra y si además los precios de los productos del agro caen porque el dólar se aprecia, entonces los resultados líquidos serán menores y el factor que les produce, la tierra, valdrá menos. Aunque puede no ocurrir finalmente de ese modo, hoy se piensa que es posible -no muy probable-, que suceda.

DESPROLIJIDAD

El ICIR agrega desprolijidad a un sistema tributario ya desprolijo. Pese a las declaraciones oficiales realizadas cuando se introdujo el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que el sistema tributario se hacía más consistente y más sencillo, en la realidad no ha sido así. Hay problemas de impuestos inconsistentes con otros, que implican múltiple tributación sobre la misma base imponible y, por otro lado, impuestos que implican un costo impresionante para el contribuyente y para la sumatoria de ellos, la sociedad. No es del caso tampoco hoy mencionar la larga lista de inconsistencias pero sí citar, a vía de ejemplo, que por razones populistas e ideológicas, al crearse el IRPF, se ha mantenido el impuesto al patrimonio cuando éste es la acumulación de rentas del pasado que se han recibido luego de haber pagado ya el impuesto a la renta. Es doble tributación, que se transforma en triple cuando se considera al Impuesto de Primaria, que tiene como base imponible un componente importante de la del impuesto al patrimonio. Y que se transforma en cuarta tributación cuando se agregan los tributos municipales, basados fundamentalmente en la posesión del contribuyente de bienes de activo fijo, como autos e inmuebles.

Es verdad que el IRPF ha sustituido a varios impuestos, lo que le daría más sencillez al sistema tributario como dijeron las autoridades. Pero por otro lado, el costo social que tiene asociado el impuesto es enorme y la complejidad aumenta. No solamente se debe pagarlo, lo cual es una transferencia de ingresos no enteramente captada por el necesitado ya que en el camino la recaudación va dejando retribuciones no deseadas como objetivo, sino que además se debe liquidarlo. La liquidación se acompaña de nuevos costos explícitos como los que se pagan a los profesionales intervinientes, y además de costos implícitos como el del tiempo que lleva para el contribuyente realizar su declaración; como el del tiempo que le insume a la autoridad, el análisis de todas las declaraciones juradas que se presentan por el impuesto y, finalmente, como el tiempo que insumirá a terceros el proporcionar a la autoridad la información que le reclama. Se trata de un impuesto que se suma a otros que tienen similar base imponible cuantitativa o cualitativa como el impuesto que pagan los profesionales, el denominado Fondo de Solidaridad y el Fonasa.

Se sabe que la administración, pese a las controversias internas, a las discrepancias de los administradores relativamente más centrados, se saldrá con la suya y en breve habrá un nuevo impuesto en el menú de gravámenes.

NO ALCANZA

Todos tenemos un deseo distributivo; discrepamos en cómo llevarlo adelante. No existe prueba solvente que la redistribución del ingreso, como se está actualmente llevando adelante, haya reducido la inequidad. No es claro, como bien lo destacan figuras de la administración de gobierno, que a pesar de la traslación de ingresos en el futuro el panorama vaya a cambiar. Hasta ahora ha habido una relación inversa entre los fondos que van a la educación por ejemplo, y el mejoramiento de la misma. En consecuencia, la traslación de ingresos de unos a otros no asegura que las transferencias mejoren la situación futura y que no sea necesario tanta traslación. Si crear las condiciones para que una mejor distribución del ingreso incorpore a más contribuyentes para hacerle menos pesada la carga a los actuales no fuera el objetivo fundamental, entonces la redistribución no sería más que la excusa para tener más empleados públicos y para darle un caramelo a algunos grupos de la interna de la coalición electoral.

Para los neomarxistas lo que se plantea con el ICIR no alcanza. Se lo dijo un senador del Partido Comunista al titular de Economía y agregó que seguirán bregando por las detracciones a las exportaciones del agro. De nuevo el neomarxismo incurre en el mismo error del marxismo: piensa que las medidas no tienen consecuencias sobre otras partes, que los “contrarios no juegan”. La detracción es otro impuesto. Grava las exportaciones de productos del agro. En lugar de recibir la totalidad del precio internacional, el exportador recibirá el precio menos el impuesto. Ello tiene consecuencias para él y para el país. El exportador venderá menos, usará menos insumos, empleará menos tierra, etc. Las detracciones que paga serán una transferencia de sus ingresos a la Tesorería para que los gaste y otra a los consumidores locales de esos productos. El exportador transfiere más de lo que recibirán los beneficiarios de los fondos del impuesto y contratará menos servicios de trabajadores directa e indirectamente por la menor demanda de insumos que realizará en el mercado. La economía pierde por el lado de la menor producción que habrá y por la menor ocupación de factores productivos a que la detracción llevará.

De nuevo, otra transferencia que será mucho más gravosa para el agro y para la sociedad en general que la aplicación de un inocente ICIR, cuyo objetivo no parece ser el que se enuncia en su nombre ni la recaudación el destino para el que el impuesto será creado.