Usos y abusos

D E N I S E D R E S S E R

Usos y abusos

Para generar redes clientelares; para hacer favores a parientes y a amigos; para eludir decisiones políticamente costosas

Gastar y gastar. Abusar y mal utilizar. A pesar de que México ha cambiado, los modos y las maneras de usar el gasto público permanecen igual. Todos los días presenciamos ejemplos vivos de los objetivos – discrecionales e irresponsables -- detrás de la utilización de cada peso público. Para generar redes clientelares; para hacer favores a parientes y a amigos; para eludir decisiones políticamente costosas. En todas las áreas del sector público y en todos los niveles de Gobierno: gastos injustificados, excesos inexplicables, opacidad arraigada. El escandaloso caso de Coahuila bajo la tutela de Humberto Moreira es tan sólo la confirmación de la regla. Pero ninguna institución pública escapa de una realidad caracterizada por la rapacidad y el documento del CIDE titulado "La Presidencia de la República: Un apartado que no conoce la crisis" lo confirma. La oficina presidencial cuesta y cuesta mucho, a pesar de que muchas de sus funciones son meramente operativas y no están vinculadas con la instrumentación de la política pública. No sólo cuesta; opera de manera arbitraria. El personal que trabaja en la Oficina de la Presidencia no cuenta con criterios definidos de contratación ni con indicadores de desempeño ni con formas de valorar las actividades que realiza. La famosa partida secreta de la cual dispusieron tan impunemente Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid y -- hasta cierto punto -- Ernesto Zedillo sigue existiendo a nivel constitucional. Entre 1983 y 1997, según investigaciones de Sergio Aguayo, entre los tres gastaron cerca de mil 342 millones de dólares. Esas fuentes de recursos ejercidos, desviados y manipulados permanecen allí. Aunque en los últimos diez años no se han asignado recursos del Congreso para la partida secreta, ésta no ha desaparecido constitucionalmente. Y pocas cosas harían a Enrique Peña Nieto más feliz si lograra disponer de ella en cuanto llegara a Los Pinos. Más allá de lo que se pudiera ejercer a oscuras está el hecho incontrovertible de que el presupuesto aprobado a la Presidencia se incrementa en promedio una tercera parte cada año. Y esto ocurre sin exposición o planeación de motivos, pero parecería que se destina al incremento salarial del personal operativo. Una Oficina de la Presidencia grande, gastalona, cuyo gasto representa 50 por ciento más que el presupuesto de la oficina de Brasil y 84 por ciento de laGastar y gastar. Abusar y mal utilizar. A pesar de que México ha cambiado, los modos y las maneras de usar el gasto público permanecen igual. Todos los días presenciamos ejemplos vivos de los objetivos – discrecionales e irresponsables -- detrás de la utilización de cada peso público. Para generar redes clientelares; para hacer favores a parientes y a amigos; para eludir decisiones políticamente costosas. En todas las áreas del sector público y en todos los niveles de Gobierno: gastos injustificados, excesos inexplicables, opacidad arraigada. El escandaloso caso de Coahuila bajo la tutela de Humberto Moreira es tan sólo la confirmación de la regla. Pero ninguna institución pública escapa de una realidad caracterizada por la rapacidad y el documento del CIDE titulado "La Presidencia de la República: Un apartado que no conoce la crisis" lo confirma. La oficina presidencial cuesta y cuesta mucho, a pesar de que muchas de sus funciones son meramente operativas y no están vinculadas con la instrumentación de la política pública. No sólo cuesta; opera de manera arbitraria. El personal que trabaja en la Oficina de la Presidencia no cuenta con criterios definidos de contratación ni con indicadores de desempeño ni con formas de valorar las actividades que realiza. La famosa partida secreta de la cual dispusieron tan impunemente Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid y -- hasta cierto punto -- Ernesto Zedillo sigue existiendo a nivel constitucional. Entre 1983 y 1997, según investigaciones de Sergio Aguayo, entre los tres gastaron cerca de mil 342 millones de dólares. Esas fuentes de recursos ejercidos, desviados y manipulados permanecen allí. Aunque en los últimos diez años no se han asignado recursos del Congreso para la partida secreta, ésta no ha desaparecido constitucionalmente. Y pocas cosas harían a Enrique Peña Nieto más feliz si lograra disponer de ella en cuanto llegara a Los Pinos. Más allá de lo que se pudiera ejercer a oscuras está el hecho incontrovertible de que el presupuesto aprobado a la Presidencia se incrementa en promedio una tercera parte cada año. Y esto ocurre sin exposición o planeación de motivos, pero parecería que se destina al incremento salarial del personal operativo. Una Oficina de la Presidencia grande, gastalona, cuyo gasto representa 50 por ciento más que el presupuesto de la oficina de Brasil y 84 por ciento de laoficina de Chile. Y en ambos casos comparativos, esas oficinas tienen mayores atribuciones y mayores responsabilidades. Hacen mucho más con mucho menos. Y qué decir de Felipe Calderón, cuyo sueldo se ubica en la tercera posición más alta, con un sueldo de 267 mil dólares anuales, mientras que sus homólogos latinoamericanos reciben en promedio un sueldo menor a 140 mil dólares al año. Y qué pensar del voluminoso gasto corriente que la Oficina de la Presidencia dedica a sueldos, alimentos, combustibles, estudios de opinión, asesorías, consultorías, y comunicación social. En los últimos diez años el ingreso promedio por empleado ha aumentado 41.8 por ciento. La retórica de la austeridad no ha estado acompañada de decisiones que la avalen. El discurso del adelgazamiento no ha encontrado corresponsabilidad en la realidad. Más bien la Oficina de la Presidencia se ha consolidado como un cuerpo de élite, bien pagado y bien recompensado. Tan es así que en 2003 el gasto en bonos representó el 100 por ciento de la nómina fija y para 2010 alcanzó un nivel record de 274 por ciento. Con palmadas adicionales en la espalda para los cuates, por cierto. A pesar de que la Secretaría de la Función Pública establece que la mayor parte de las adquisiciones deben hacerse por proceso de licitación, Presidencia – entre 2007 y 2011 – realizó sólo el 30 por ciento de las adquisiciones vía licitación pública, mientras que el 70 por ciento se asignó a través de algún otro mecanismo de contratación directa. Y gran parte de esos contratos fueron al rubro de encuestas, estudios de opinión, formas de medir la popularidad presidencial y cómo acrecentarla. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el gasto en comunicación social se ha incrementado en 29.8 por ciento. Ante la perspectiva de una regresión en puerta al país le urge escrutinar, auscultar, transparentar. Y la Oficina de la Presidencia no puede permanecer inmune a esa exigencia compartida ni a ese derecho democrático. Dentro de ella sigue habiendo demasiados cabos sueltos, demasiados márgenes de discrecionalidad, demasiadas lagunas de opacidad. Cuenta con un personal excesivo para las labores acotadas que le tocan; pregona la austeridad pero no se guía por sus imperativos; realiza contrataciones sin criterios claros y con frecuencia contradictorios. La Oficina de la Presidencia es una institución clave para la consolidación democrática del país y le corresponde marcar la pauta. Debe servir como ejemplo de las mejores prácticas, no como cobijo para las peores. Debe demostrar que es capaz de cambiar los usos del gasto público, en vez de tan sólo reproducir los abusos que durante tanto tiempo perpetró.