Colombia: Memorias del “posconflicto” – por Jaime Ruiz

La noción predominante, al menos en la prensa colombiana, cuando se alude al “conflicto” es que en algún momento se resolverá mediante una negociación política. Incluso los militares suscriben la doctrina según la cual su trabajo consiste en debilitar a las bandas criminales para que negocien.
Se olvida fácilmente que eso ya ocurrió. Más aún, que los asesinatos que se han cometido en los últimos veinte años son la consecuencia natural de la solución negociada que aplicó el gobierno de César Gaviria, aunque ya tenía su trayecto durante los dos gobiernos anteriores.


Para entenderlo, conviene detenerse a considerar las características de los grupos con los que negociaron esos gobiernos y el resultado de la negociación. Puede que todo lo que hoy es noticia o genera inquietud resulte fácilmente explicable atendiendo a esos dos puntos.
El M-19 era un proyecto comunista. Sus fundadores habían pertenecido a las FARC y su proyecto no tenía nada que ver con el populismo anticomunista de Rojas Pinilla, que gobernó siempre en favor de Estados Unidos. El programa y el discurso del M-19 recogían diversas variantes del Movimiento Estudiantil y su propósito no se diferenciaba en nada del de las otras bandas armadas comunistas. Lo mismo se puede decir de los otros grupos con que negociaron esos gobiernos.
Al ser grupos de asesinos, los gobiernos que negociaron con ellos se saltaron la ley que prohíbe matar gente. En el caso de Gaviria fue aún más lejos con el M-19, ya que les brindó una Constitución que además de instaurar a la banda asesina en el poder, aseguraba la impunidad de quien financiaba sus crímenes: Pablo Escobar, al prohibir la extradición.
Para entenderlo nada mejor que leer este texto del poeta vasco Jon Juaristi sobre la negociación con ETA:
Límites
Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ha sido bastante exacta al definir los términos del chantaje que la izquierda abertzale pretende imponer a la sociedad y al Estado, y las consecuencias que acarrearía ceder al mismo. El gobierno que lo hiciera se saltaría la ley, y un gobierno que se salta la ley, como muy bien dice Maite Pagazaurtundua citando a Benedicto XVI, se convierte en una banda de forajidos.Es evidente, por otra parte, que el Papa se refería al nazismo en su discurso ante el parlamento alemán, y también que el partido nacionalsocialista era ya una siniestra organización criminal cuyos propósitos genocidas nunca había ocultado, antes de hacerse con el gobierno de Alemania. En tal sentido, se parecía a lo que ha sido y es ETA y no a los gobiernos del Estado o de las comunidades autónomas en la historia de nuestro actual sistema político. No por ello vamos a pecar de ingenuos: en algunos de estos gobiernos ha habido forajidos y sinvergüenzas, pero esa innegable condición de unos cuantos gobernantes no se ha trasladado a los gobiernos en su conjunto. Podemos incluso tener la convicción moral de que más de uno de los gobernantes que delinquieron evadió la acción de la justicia, pero no por ellos estamos autorizados a calificar de delincuentes, en su totalidad, a tal o cual gobierno. Existe, por otra parte, una malsana y muy extendida propensión a ver delitos en lo que no son sino equivocaciones o errores a menudo garrafales, pero no delictivos. En democracia, éstos se castigan en las urnas, no en los tribunales.
¿Dónde está el límite entre la equivocación y el delito? En la complicidad con el crimen. El mariscal Hindenburg se convirtió en un delincuente cuando llamó a Hitler para ofrecerle la cancillería del Reich. Más aún, gran parte de la sociedad alemana eligió el delito al votar por los nacionalsocialistas, cuyos designios criminales eran de sobra conocidos (una vez en el gobierno, Hitler y sus secuaces dejaron muy claro que no iban a permitir que la complicidad de sus electores se limitase al voto e hicieron todo lo posible por transformarlos en asesinos).
Por eso la advertencia de Maite Pagazaurtundúa al gobierno —al actual y al que venga— es justa y oportuna. Acceder a las exigencias de la izquierda abertzale, que ni se toma la molestia de disimular su condición de mensajero de ETA, convertiría al gobierno que lo hiciera en cómplice de la banda y, a corto plazo, en una prótesis de la misma. Las decisiones de Hindenburg y de los electores alemanes que votaron el nazismo no fueron una equivocación. Fueron delitos conscientes. Todos ellos, el mariscal y los electores, eligieron sacrificar a una parte de sus compatriotas y a millones de gentes que no lo eran en aras de su megalomanía colectiva.
A partir de ese momentos, sus historias personales y su historia nacional se fundieron con la del partido nazi. El gobierno actual lleva dos legislaturas acumulando errores garrafales en la lucha contra el terrorismo abertzale. A las urnas corresponde castigarlo. Pero, si éste o cualquier otro gobierno traspasara el límite que ha señalado Maite Pagazaurtundúa, nos encontraríamos en una situación a la que no sobreviviría nuestra democracia.
(Las cursivas son mías)
Cabe señalar que en el momento en que Hindenburg entregó a Hitler el cargo de canciller los crímenes del Partido Nazi eran ínfimos en comparación con los de las bandas terroristas a las que premiaron los gobiernos colombianos de los ochenta y noventa, y que ciertamente ETA jamás ha pretendido secuestrar a toda la cúpula judicial. Sencillamente, todo lo que señala Juaristi como una advertencia fue lo que de hecho ocurrió en Colombia, incluida la supresión de la democracia.
Sin prestar atención al sentido de dichas decisiones no es posible entender nada de lo que ocurre actualmente en Colombia. La minoría que eligió a la Asamblea Constituyente de 1991, no sólo refrendó el premio de los crímenes del M-19 sino también la intimidación que sufrió el resto de la sociedad por parte de Pablo Escobar y los “extraditables”, a los que también se buscaba complacer.
El precio de la paz
La cuestión decisiva es que el gobierno negocia en representación de la sociedad y cuando lo que concede es lesivo para los derechos de las víctimas pero ventajoso para el gobernante sencillamente está sacando partido del crimen. Eso fue lo que hizo Gaviria, lo que intentó hacer Pastrana y lo que intentará Santos.
La negociación de paz que pasó por encima de la democracia y aun del trámite legal de la nueva constitución (puede que fuera necesario sacrificar a la Corte que podría haberla considerado improcedente) no sólo significó el reconocimiento de los crímenes, sino también la entrega de buena parte del poder a los criminales. ¿Qué objetivo tenían sus acciones? La toma del poder para instaurar un sistema de partido único y economía centralizada. ¿Implicó la negociación que los asesinos cambiarían sus designios? En absoluto, sólo que intentarían llevarlos a cabo desistiendo de usar las armas.
El gobierno de Gaviria pronto se mostró resuelto cómplice de los terroristas premiados: todos los militares que incomodaban a los nuevos socios del poder vieron truncadas sus carreras, un importante grupo económico próximo a la oligarquía “liberal” se convirtió en el patrocinador del grupo parlamentario del M-19, un jefe terrorista fue nombrado ministro de Salud, la nueva Constitución fue obsesivamente generosa con las clientelas del grupo terrorista, en particular con la administración de justicia y las universidades públicas…
De particular interés fue lo que ocurrió en la justicia, pues la cúpula que reemplazó a la que mataron los terroristas en noviembre de 1995 resultó de lo más afín a sus intereses. Todos los prodigios que hemos visto en los últimos años por parte de la administración de justicia colombiana es el resultado de la cesión del poder a la organización terrorista.
La lucha continúa
El comunismo en Colombia no sólo cuenta con el Partido Comunista, sino con innumerables grupos universitarios de los años sesenta y setenta, que en el lenguaje corriente se conocen como “la izquierda”. Toda la izquierda colombiana era marxista-leninista, es decir, comunista. Es perfectamente posible que la negociación que llevara a la desmovilización del M-19 estuviera acordada con las FARC, que contarían a partir de entonces con un aliado en el interior del Estado.
En los años que siguieron se formó el Foro de Sao Paulo, en el que se inscribieron las FARC, el ELN, el Partido Comunista y el desmovilizado M-19. Después del triunfo de Uribe, las dos organizaciones legales se integraron en el Polo Democrático, cuya lealtad respecto de los “bandos del conflicto” era más bien equívoca: el fruto de la reconciliación fue el clamor por la reconciliación. Todo lo que se intentó hacer para contener la expansión de las FARC durante los gobiernos de Uribe contó con el rechazo del Polo Democrático, que sencillamente se convirtió respecto de las FARC en la agencia de cobros.
Es decir, la paz que tantos festejaron hace veinte años fue sólo la conquista por parte de los totalitarios de una parte del poder. Desde ahí han estado favoreciendo por todos los medios la continuidad de las otras bandas e impidiendo que se las combata. En esencia, buscando otra negociación que ampliaría el poder de “la izquierda” a costa de la representación ciudadana.
Ya podemos estar advertidos: cuando llegue la reconciliación con las FARC, los terroristas redimidos se dedicarán a buscar la negociación política con el ELN, que naturalmente persistirá en sus ideales y crecerá gracias a la expansión de la parte del Estado conquistada por “la izquierda”, lo que motivará nuevas demandas de paz y reconciliación. Fue lo que hizo el Partido Comunista cuando cesó la negociación de Belisario Betancur: tratar de buscar la paz negociada. En ésas están.
De hecho, el ELN ya se desmovilizó. ¿Cómo se explica que la “Corriente de Renovación Socialista” fuera para esa banda asesina una forma de escisión y liquidacionismo y no haya molestado al Comando Central? ¿Nadie les ha dicho que les hacen en las FARC a los desertores? ¿Nadie ha oído hablar de Jaime Arenas o de Rodrigo Lara Parada? La Corriente de Renovación Socialista, ahora autodenominada Corporación Nuevo Arco Iris, es el ELN legalizado, impune y dedicado a favorecer los crímenes de los hermanos del monte.
Es importante volver al texto de Juaristi: ¿nadie recuerda que los ex presidentes López Michelsen, Gaviria, Samper y Pastrana presionaron a Uribe para que despejara Pradera y Florida? ¿Nadie recuerda que todos ellos son hoy por hoy aliados de Hugo Chávez? ¿Y el papel de los socios de Pastrana como Álvaro Leyva o Lázaro Vivero Paniza? Esos ex presidentes son socios del terrorismo, forajidos que se lucran de los secuestros y esperan sacar partido de las bombas y masacres. Lo decidieron el día que se propusieron ceder a las exigencias de los terroristas. La campaña de odio y malignidad contra Uribe es otra prueba de la relación de esos personajes con las organizaciones criminales: ¡qué extraño que a ese respecto resulten tan unidos! ¿O no es curioso que todos colaboraran con el presidente Santos para que uno de los terroristas que organizó la toma del Palacio de Justicia llegara a alcalde de Bogotá.
Muchos pensarán que sería demasiado sospechoso que también la prensa esté obsesivamente dedicada a promover la negociación y a perseguir a Uribe y sus seguidores. Se olvida que quienes la controlan fueron los mismos promotores de las bandas terroristas. Los mismos dueños del país desde los años treinta. Lo que los hace criminales es matar y secuestrar gente y tratar de abolir la democracia, no se libran por ser poderosos.
Acerca del control de la administración de justicia por los terroristas es muy llamativo este detalle (pero todas las condenas contra enemigos de las guerrillas, políticos o militares son parte de lo mismo): antes de que se profiriera la monstruosa condena contra Plazas Vega la Corte Suprema de Justicia encargó a tres ex presidentes de formar una “Comisión de la Verdad” sobre la toma del Palacio de Justicia, cuyo fin era el de presentar ante el público extranjero algo parecido a las que se formaron en Perú y Sudáfrica. Una farsa propia de criminales desvergonzados. El informe que elaboraron se basa en análisis académicos de dos personas ligadas al M-19: Socorro Ramírez y Laura Restrepo. La Corte Suprema de Justicia está formada por “fichas” de quienes accedieron al poder en 1991, gracias al asesinato de Galán (puede que además de Santofimio, subalterno de López Michelsen, los filántropos universitarios colaboraran con Escobar).