- ¿Cuántos han tenido que sacar a sus familias, por razones de seguridad?
- Y si no pueden garantizar la seguridad familiar, menos la de la gente.
Ricardo Alemán 
En realidad, lo novedoso no es que los ciudadanos —del estrato social que se quiera—, no cuenten con los mínimos de seguridad y protección para sus vidas y sus bienes.
Ya no es noticia que por miedo a la violencia incontenible, a las recurrentes amenazas, los chantajes, el cobro de piso y el secuestro, se han ido del país profesionistas de los más variados ramos; además de medianos y grandes empresarios y no pocas familias completas de la llamada clase media, sobre todo de entidades del norte del país.
Tampoco es nuevo que alcaldes de todo México estén, literalmente, a merced de las bandas criminales; bandas que, incluso, participan en procesos electorales para quitar y poner a tal o cual aspirantes a un puesto de elección popular —como ocurrió recientemente en Michoacán—, y a quienes, en el extremo, financian en sus campañas.
No, lo cierto es que hoy la noticia en aquellos estados donde manda el crimen y el narcotráfico, es que los gobernadores están aterrados debido a las repetidas amenazas de las bandas criminales que, en casos extremos, han obligado a esos mandatarios a sacar del país a sus familiares. La novedad es que familias enteras de políticos y gobernantes —del partido político que se quiera—, están en franca fuga del país, por miedo a que los criminales los conviertan en blanco de sus amenazas, venganzas y chantajes.
Malova: gobierno en crisis.
Y el caso emblema es el del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez —motejado como Malova, por su acrónimo—, quien apenas en días recientes reconoció que su familia —esposa e hijos, igual que las familias de no pocos de sus colaboradores—, debieron refugiarse fuera del país, como medida precautoria ante las amenazas que ha recibido el mandatario y su gobierno, por parte del crimen organizado.
La noticia la dio a conocer el propio Malova —el jueves último—, luego de una ola de asesinatos casi simultáneos que se produjo en los estados de Sinaloa y Jalisco —con un saldo de casi 50 muertos—, producto de la guerra entre los cárteles de El Chapo y Los Zetas.
Resulta que las bandas criminales viven uno de sus enfrentamientos más intensos, no sólo por los territorios en disputa, sino por las bajas que en ambos casos ha provocado la intensa participación del gobierno federal.
El gobernador Malova reveló que decidió sacar del estado —y del país—, a su familia, luego de que los sistemas de seguridad nacional detectaron que las bandas criminales han evolucionado en sus estrategias de lucha contra las instituciones del Estado, y avanzan hacia prácticas claras de terrorismo.
Es decir, que ante los repetidas detenciones de altos mandos de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, los criminales decidieron reaccionar con el secuestro y eventual crimen de familiares de los gobernadores.
López Valdez dijo que algunos criminales detenidos alertaron a su gobierno sobre un riesgo que no existía hasta ahora, ya que se detectó que los criminales iban por parientes de los funcionarios de su gobierno —y en especial por sus hijos—, para secuestrarlos.
Y es que una vez que parientes de algún servidor público estuviera en manos de los criminales, éstos reclamarían que a cambio de liberarlos y no quitarles la vida, el gobierno debía dejar en libertad a tal o cual criminal detenido.
Eso resulta intolerable, dijo Malova. Y por eso decidió sacar del país a su familia, mientras que otros de sus colaboradores hicieron lo mismo. Lo curioso, sin embargo, es que si los políticos y gobernantes no pueden garantizar la seguridad de sus familias, menos garantizarán la seguridad de sus gobernados; de los mexicanos de a pie, que no tienen más remedio que seguir su vida en su lugar de residencia.
Jalisco, la otra realidad.
Pero si bien el caso del gobernador Malova sorprendió a propios y extraños, llamó la atención, casi al mismo tiempo el gobierno de Jalisco fue sometido a una severa sesión de realidad. ¿Por qué? Porque luego de una aparente tranquilidad, y luego de los exitosos Juegos Panamericanos, reaparecieron las guerras criminales en las calles de Guadalajara. En donde aparecieron 26 muertos. ¿Qué está pasando?
Que la guerra entre los cárteles de El Chapo y Los Zetas se extiende al estado de Jalisco, en donde el procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, reveló que —en efecto—, “existen amenazas contra funcionarios del gobierno estatal”, pero se negó a revelar más detalles.
Aún así, dijo que “cada quien tendrá que autocuidarse bajo su responsabilidad”. ¿Qué quiere decir lo anterior?
Que el gobierno de Emilio González Márquez tampoco es capaz de garantizar la seguridad de sus gobernados, su vida y sus propiedades: Por eso, el responsable de procurar justicia y seguridad, el señor Tomás Coronado Olmos, advirtió a los funcionarios del estado de Jalisco, y a los ciudadanos, que deberán autocuidarse.
Y una declaración como esa confirma lo que todos han cuestionado; que los gobiernos estatales no sólo no han sido capaces de contener a las bandas criminales, sino de defender a sus gobernador y, en el extremo, a sus propios servidores públicos.
Y si el gobierno llama a la “autodefensa”, entonces asistimos al reconocimiento público de que los mandatarios y los gobiernos estatales son mandatarios y gobiernos fallidos.
El miedo se generaliza.
Acaso por eso, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, llamó al gobierno federal para que —igual que en otras entidades—, envíe a Jalisco y a Guadalajara fuerzas federales; como el Ejército, La Marina y/o la Policía Federal.
Resulta llamativo el grito de auxilio del cardenal de Guadalajara, sobre todo si se toma en cuenta que es uno de los promotores del gobernador Emilio González Márquez. Hoy el cardenal Juan Sandoval reconoce que su protegido no puede con el paquete.
Por lo pronto, crecen las versiones de que el gobernador de Jalisco habría recurrido a sacar del estado y/o del país a su familia.
La razón, la misma que argumentó el mandatario sinaloense; por razones de seguridad.
Y también de acuerdo con versiones periodísticas, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, también habría recurrido a poner a distancia a su familia.
¿Cuantos gobernadores más están bajo amenaza?
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