Las autocracias arremeten en varios países de la región, con la pretensión de atornillarse en el poder en forma hegemónica. Tras largos períodos dictatoriales, el avance democrático casi perfeccionado en América Latina en la década de los 90, que tantas esperanzas de estabilidad y madurez política trajo, ha cedido el paso a regímenes que, amparados en una legalidad en el origen, han luego subyugado a todos los poderes y se deslegitiman en su gestión gubernamental.
Con excepción de Cuba, máxima expresión del totalitarismo, el retorno democrático ocurrido en Chile y Nicaragua en los años 90, y antes en Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, R. Dominicana y Uruguay, hizo pensar que quedaba atrás el historial de nefastas dictaduras entronizadas en la región. En esos tiempos, Costa Rica, Colombia, Venezuela y México pese a la hegemonía unipartidista, se constituyeron en baluartes de la democracia, con líderes indoblegables como Figueres, Betancourt, Caldera, Villalba, Haya de la Torre, Lleras Camargo, Velasco Ibarra, Frei, y tantos otros que adversaron a las tiranías de Trujillo, Somoza, Duvalier, Pérez Jiménez, Stroessner, Pinochet, Batista y al régimen de los hermanos Castro, éste inexplicablemente medido por la comunidad internacional con una doble moral, pese a sus represivas ejecutorias.
Chávez llegó al poder en 1998 mediante elecciones, merced al error de quienes pensaron que encabezaría un cambio respetuoso del Estado de Derecho, y bajo la premisa de que sólo le sería posible permanecer en el poder cinco años, como lo preveía la Constitución de 1961. El hecho es que el dos veces golpista presidente ha implantado un régimen caudillista de inspiración marxista, y no oculta su afán de perpetuarse en el mando, mientras demuele la democracia desde adentro, contando con Fidel Castro como mentor y colíder del proceso. No hay un solo paso relevante del régimen venezolano que no sea urdido con La Habana, como lo reconoce Chávez al referirse a sus estrategias de adoctrinamiento ideológico, la creación del ALBA, la formación de las milicias y el desarrollo de las misiones, entre ellas la más sibilina: la misión identidad, con la cual manipula las elecciones a su antojo. Dos ejemplos más de data reciente son la millonaria multa impuesta al canal Globovisión para tratar de quebrarlo sin tener que decretar su cierre, y el desconocimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la inhabilitación del precandidato Leopoldo López, en olímpico desconocimiento de los preceptos constitucionales respecto a la prevalencia de los Tratados Internacionales de derechos humanos sobre la legislación interna. Otro triste ejemplo ha sido la arbitraria y poco ética demanda del Presidente Rafael Correa de Ecuador, contra el diario El Universo de Guayaquil.
La realidad es que con el dinero de todos los venezolanos se ha creado una poderosa maquinaria política y mediática al servicio de la toma absoluta del poder en Venezuela, cuyo guión se estimula en otras naciones mediante procesos constituyentes que terminan como instrumentos para constreñir el régimen de libertades, los medios de comunicación y subordinar a todos los poderes al Poder Ejecutivo. En el caso venezolano, la destrucción del sistema descansa en la absurda afirmación de que la revolución está por encima de la Constitución, ejemplo que cunde en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con intentos en Argentina, El Salvador, Perú y Honduras, todo ello ante la inerme actitud de las fuerzas opositoras, debilitadas o atomizadas.
Uno de los más aberrantes casos, el de Nicaragua, es comentado por el disidente ex Vicepresidente de ese país Sergio Ramírez, en su columna en El Tiempo de Bogotá (16/10/2011), en la cual refiere cómo el Comandante Daniel Ortega se presenta de manera inverosímil como candidato a la presidencia, a pesar de una expresa prohibición constitucional, ello con el insólito aval de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, órganos irrestrictos al Presidente, y con el financiamiento de recursos del convenio petrolero con Venezuela. Afirma Ramírez que el partido de gobierno tiene la maquinaria lista para fabricar una mayoría en la Asamblea Nacional y luego sustituir la Constitución Política, aprobar la reelección indefinida y afianzar un régimen totalitario. Es claro que para Ortega la democracia es un estorbo, como lo es para los miembros del ALBA, los cuales cumplen con rituales electorales en busca de legitimidad. En efecto, los procesos constituyentes en Bolivia y en Ecuador promueven la concentración del poder a nivel presidencial, la limitación de las libertades políticas, y la apertura de graves fisuras que afectan la unidad de dichas sociedades.
Tampoco era imaginable hace tan sólo unos años que Venezuela devendría en el principal aliado de execrables despotismos como Cuba, Siria, Libia, Irán, Bielorrusia, Zimbabwe, China y Rusia, y de movimientos revolucionarios de distinta pelambre. Más grave aún es el total entreguismo a Cuba, sin precedentes en la historia patria, a través de la masiva presencia de contingentes cubanos que controlan sectores estratégicos como la identificación, extranjería, inteligencia, seguridad, notarías, registros, sanidad, educación, comunicaciones, la guardia presidencial y la salud misma del gobernante, la injerencia en delicados temas militares, o la sacrílega degradación de los símbolos patrios, con el izamiento y homenaje a la bandera cubana en un Fuerte Militar, o los tributos al Che Guevara, a Tiro Fijo y a Reyes. Es además injustificable el improvisado manejo de la reclamación territorial con Guyana, bajo el absurdo argumento de que el diferendo fue estimulado por el imperio, evidenciando así que por encima de los legítimos intereses de la patria, está el valor estratégico que se atribuye al apoyo de los países del Caricom, por consejo de Fidel Castro.
Las venideras elecciones venezolanas en octubre de 2012 no ofrecen las debidas garantías, y ello genera inconformidad en círculos opositores, estimulada por la debilidad de la Mesa de la Unidad en exigir mayor transparencia y equidad, hasta el punto de que el Rector del CNE Vicente Díaz, único miembro independiente de dicho organismo, ha denunciado públicamente el abierto ventajismo presidencial, en contravención al Estado de Derecho. Los partidos políticos yerran al creer que las denuncias de fraude electoral alientan la abstención, cuando es todo lo contrario: muchos se abstienen al percibir que su voto no es debidamente respetado. Como una muestra reciente más, la inscripción de los venezolanos en el exterior está siendo deliberadamente demorada por el CNE y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es justo por tanto exigir al CNE que permita la auditoría del Registro Electoral Permanente, el cual se encontraría inflado con millones de votantes fantasmas, y que se limite el descarado ventajismo oficialista, se haga buen uso de las máquinas de votación y se revierta la intimidante decisión de colocar captahuellas junto a las máquinas. Lo que está en juego no es cosa de niños. Se trata ni más ni menos del futuro político de la nación, y del sagrado destino de las nuevas generaciones de venezolanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario