Los acuerdos militares y mineros entre Irán y Venezuela son seguidos con atención por la comunidad mundial debido al embargo impuesto al país asiático por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los iraníes han mostrado interés en minas localizadas en Táchira, donde puede extraerse uranio a partir de rocas fosfáticas.
La reunión ocurrió el 14 de mayo de 2010. No quedó registro de los nombres de los asistentes, pero en la última Memoria y Cuenta de la Cancillería se afirma que acudieron funcionarios del Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía; de Cavim, compañía adscrita al Ministerio de la Defensa, y de la Embajada de Siria en Venezuela. Los presentes discutieron sobre un tema: la exportación de cartuchos explosivos con destino a la República Islámica de Irán. El medio de transporte para el cargamento serían los aviones de la línea aérea Conviasa destinados a la ruta Caracas-Damasco-Teherán. Sobre el tipo de material que se vendería al país del Medio Oriente apenas se hizo una referencia: su utilidad para la producción de petróleo.
Ningún vocero de los ministerios de Relaciones Exteriores o de Defensa ha dado explicaciones públicas sobre la transacción con ese material sensible, cuya fabricación y distribución está monopolizada por el Estado o sujeta a su autorización. Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que durante 2010 se exportaron a Irán 5,5 toneladas de explosivos por un valor de 380.000 dólares. Las características de los despachos coincidieron con los términos de la planificación sirio-venezolana.
Los cargamentos según los datos del organismo salieron desde territorio nacional a través de la aduana del aeropuerto de Maiquetía. En otras palabras: fueron transportados en aviones. El año pasado, ningún otro comprador en el mundo recibió de Venezuela este tipo de productos, que representaron casi 75% del total de las mercancías dirigidas al país gobernado por Mahmoud Ahmadineyad, a quien el presidente Hugo Chávez considera un “aliado estratégico”. No hubo otro bien que despertara más interés de los socios persas, según los registros de exportaciones no petroleras del INE.
Quien quiera calificar de explosiva la relación binacional no cometerá un despropósito.
Cavim ha recibido apoyo de una contratista iraní para construir una planta de pólvora de uso bélico en su sede de Morón, en Carabobo. El intercambio de cartuchos por ingeniería es una de las áreas de la cooperación entre ambas naciones, la cual se ha estrechado en los últimos 5 años. Los nexos militares se han traducido en proyectos de más de 70 millones de dólares, según informes gubernamentales. En abril de 2009 se firmó en Caracas un memorándum de entendimiento que fue descrito así por Mostafa Mohammed Najjar, entonces ministro de la Defensa de Irán: “La cooperación servirá para resguardar la paz y la tranquilidad en pro de todos los pueblos de la región”.
Las actividades iraníes-venezolanas son seguidas con atención por la comunidad internacional a pesar del velo de opacidad que las recubre. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instancia igualmente cuestionada por las cancillerías de Teherán y Caracas ha impuesto sanciones al gobierno de Teherán para presionarlo a rendir cuentas sobre un programa nuclear que despierta inquietudes globales, a pesar de que ellos aseguran que tiene fines pacíficos.
La ONU ha prohibido las transferencias de armas convencionales existen siete categorías que incluyen tanques, barcos, aviones de guerra, además de equipos como lanzacohetes y fusiles, entre otros y de los llamados “materiales conexos” municiones y repuestos, por ejemplo que provengan o se dirijan a la nación asiática.
Usos múltiples. Los explosivos enviados a Irán fueron clasificados bajo el código arancelario 36020090, que tiene un título que oculta más de lo que revela: “Los demás”. En ese renglón se registraron también importaciones desde Estados Unidos y Argentina en 2010. De acuerdo con la normativa aduanera que se aplica en Venezuela y en el área andina, en la categoría se incluyen generalmente productos elaborados a base de dos tipos de sustancias: los cloratos y los percloratos. Ambas son familias de sales con propiedades combustibles cuyo uso, según los fabricantes mundiales, ha disminuido progresivamente debido a su impacto contaminante en las aguas: en ellas se disuelven con facilidad.
Los cartuchos utilizados en la industria petrolera, algunos de los cuales se hacen con los componentes mencionados, deben tener poder suficiente para generar en el subsuelo ondas sísmicas que permitan a los geofísicos identificar acumulaciones de hidrocarburo.
Un general de división retirado del Ejército, que pidió no ser identificado, precisa una razón por la cual incluso productos con fines civiles son controlados: “Potencialmente, cualquier material semejante puede tener uso militar, criminal o terrorista”.
Los explosivos no aparecen mencionados en las cuatro resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán entre 2007 y 2010. Sin embargo, el panel de expertos que supervisa las sanciones incluyó a los detonantes de uso bélico en la lista de “material conexo” cuyo comercio está prohibido, de acuerdo con un informe oficial que se filtró a la prensa internacional el año pasado. Los especialistas reconocieron que hay explosivos con aplicaciones civiles se emplean principalmente en la industria minera, además de la petrolera pero formularon la recomendación de precisar con mayor claridad los ítems sujetos a restricciones más allá de las armas convencionales.
Una fuente diplomática internacional, familiarizada con las sanciones, fue consultada sobre el caso venezolano: “Si se vendieron cartuchos petroleros, la operación podría ser permisible con dos condiciones. Que se verificara que los usuarios finales utilizaron el material para el propósito que lo recibieron y que se informara al Consejo de Seguridad sobre la transacción”. En una rueda de prensa realizada en mayo, el canciller Nicolás Maduro fue interrogado por un reportero de El Nacional sobre la venta planeada por funcionarios venezolanos y sirios. La pregunta no fue respondida y quedaron las dudas de si cubrieron los pasos recomendados.
En el informe del panel de expertos filtrado en 2010 se menciona al Gobierno de Siria como un aliado que ha ayudado a su homólogo iraní a romper el bloqueo de armas impuesto por la ONU. El embargo se adoptó con el propósito de evitar que el desvío de equipos bélicos contribuya a desestabilizar el Medio Oriente. Países como Estados Unidos atribuyen a autoridades de Irán y Siria el aprovisionamiento de grupos como Hezbolla y Hamas, que son calificados de terroristas, un adjetivo que voceros oficiales iraníes, sirios y venezolanos le endilgan de vuelta a los estadounidenses. En un programa Aló, Presidente de diciembre de 2008, Chávez negó la versión publicada por el periódico italiano La Stampa de acuerdo con la cual el Poder Ejecutivo también prestaba colaboración para romper el bloqueo. “Ahora sale en los periódicos del imperio que yo le envío armas a Siria a través de Irán en los vuelos de Conviasa. Empezaron a inventar. Es la agresión permanente contra Venezuela”.
Planta atrasada. Cavim ha sido pieza central de la relación militar binacional. La empresa es responsable de 4 contratos firmados con proveedores iraníes, según la Memoria y Cuenta que presentó el Ministerio de la Defensa en 2007. La lista incluye la adquisición de aviones no tripulados por 28,5 millones de dólares; la repotenciación de los motores de los cazas F-5 por 23,3 millones de dólares y la instalación de una fábrica de fulminantes por 2,9 millones de dólares. Otro proyecto figura entre los más importantes: la instalación de la planta de pólvora, cuyos equipos se presupuestaron en 13,25 millones de dólares. En 2006, se entregó a la contratista cuyo nombre no se menciona un anticipo de 6,62 millones de dólares, de acuerdo con el documento oficial. Al cabo de 5 años, la obra no ha sido culminada. El coronel Rafael López Monasterio, gerente de producción y servicios de Cavim, dio la última información oficial sobre el estatus de la planta en abril pasado. En una declaración al diario La Costa de Carabobo, afirmó que la instalación tenía 80% de avance y no sería estrenada sino a principios de 2012.
No confirmó fecha del arranque de operaciones.
Fuentes internas de la empresa militar afirman que el trabajo se proyectó originalmente para un plazo máximo de 3 años. Atribuyen las demoras, entre otras razones, a la actuación de compañías venezolanas a las que se les asignó la edificación de parte de la infraestructura. Así lo expresan en un documento: “Es difícil prever la inauguración, porque las malas políticas gerenciales y los altos costos de construcción han mermado la inversión inicial que ha ido a parar a manos de empresas contratistas sin experiencia en este tipo de construcciones”.
Las versiones sobre el atraso también han sido puestas a circular públicamente por usuarios de Twitter que lanzan mensajes al Presidente de la República como lo hacen los náufragos que depositan una nota de papel en una botella.
“A Cavim Morón envíe a alguien que de verdad quiera sacar adelante a nuestra empresa. Ahí está la planta de pólvora retrasada. Confírmelo. S.O.S.”, escribió @gerzon345 el 10 de junio. Una fuente de la compañía habla del retraso con estas palabras: “Hasta los iraníes se han incomodado por la falta de eficiencia que han visto y han expresado gran preocupación”.
La necesidad de la fábrica fue argumentada por el primer mandatario en septiembre de 2006, cuando su homólogo iraní visitó Caracas. La pólvora empleada por la Fuerza Armada Nacional es importada y el requerimiento de la materia prima se elevó esencialmente porque Cavim pasaría a fabricar una nueva línea de municiones para los 100.000 fusiles AK103 rusos que fueron adquiridos para sustituir a los FAL. “Nos tenían en el atraso”, dijo Chávez con respecto a la dependencia de los suministros externos que se mantiene.
Sanciones. Estados Unidos aplicó una sanción unilateral a Cavim en 2008 por los proyectos que ejecuta con ayuda iraní. El castigo fue ratificado en mayo de este año en medio de las reacciones de rechazo oficial de Venezuela. Los voceros de la nación norteamericana no han sido específicos sobre las razones que llevaron al Gobierno de ese país a adoptar las medidas que limitan el uso de licencias por parte de la industria militar nacional.
Diplomáticos estadounidenses no quisieron declarar sobre el tema: argumentaron que no podían ofrecer detalles para no poner en riesgo a fuentes de inteligencia. La ley sobre la que se basaron las sanciones penaliza las transferencias tecnológicas no sólo a Irán, sino también a Siria y Corea del Norte, un país que ya alcanzó el desarrollo de armas nucleares de largo alcance. Un camino que, según temen las grandes potencias, es transitado ahora por los aliados del Ejecutivo. El discurso antiimperialista del Gobierno venezolano pone al país bajo la lupa mundial.
La diplomacia del bloqueo
Una de las metas centrales de Cavim para 2012 es poner en funcionamiento una planta de fabricación de aviones no tripulados. Así quedó escrito en la Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa que se presentó ante la Asamblea Nacional en marzo pasado. Voceros del Gobierno venezolano se han referido desde hace cinco años no sólo a ese proyecto, sino a la asesoría iraní que lo respalda. La primera fase fue la adquisición de una decena de aeronaves de ese tipo a Irán. El modelo comprado ha sido identificado en Venezuela con la siguiente nomenclatura: M-2, siglas del Mohajer 2 fabricado por la empresa Qods Aeronautic Industries, que es parte de la Guardia Revolucionaria.
El nombre de la compañía está incluido en el anexo número uno de la resolución 1747 delConsejo de Seguridad de Naciones Unidas publicada en marzo de 2007. De acuerdo con el texto, los Estados deben tener especial cuidado en evitar las relaciones comerciales con esa empresa. De ese proveedor poco se ha dicho en documentos públicos y declaraciones oficiales en el país, pero es el principal fabricante de aparatos aéreos guiados a control remoto en Irán.
Los cables diplomáticos de Estados Unidos revelados a través de Wikileaks han mostrado las presiones ejercidas por el servicio exterior de ese país para evitar el envío de piezas y partes del fabricante con destino a Venezuela. En un documento fechado en marzo de 2009 se advierte sobre la necesidad de informar al Gobierno de Turquía acerca de la futura llegada de una embarcación procedente de Irán con una carga de aeronaves que después sería despachada a puertos venezolanos. “Requerimos su asistencia para evitar la transferencia de bienes en violación de las resoluciones”. En el documento se hizo énfasis en que las piezas habían sido producidas por Qods Aeronautic Industries.
Los denominados M-2 tienen un perfil adecuado para tareas de inteligencia: tienen cámaras de alta resolución y largo alcance. Los portavoces de la Fuerza Armada Nacional han señalado que serán empleados para la vigilancia fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. En 2007, Raúl Baduel, entonces ministro de la Defensa, y Gustavo Ochoa, presidente de Cavim, indicaron que se planificaba la compra de aeronaves no tripuladas FARJ 3, que poseen una configuración ofensiva. La idea después no se mencionó otra vez.
Las acciones internacionales para verificar los intercambios bilaterales han ido más allá del caso de los aviones pilotados a distancia. Una nota publicada por las agencias de prensa internacionales en agosto de 2009 dio cuenta de otro caso.
Las autoridades portuarias de Turquía encontraron materiales propios de un laboratorio de explosivos en 22 contenedores que estaban etiquetados con un nombre engañoso: “Partes de tractores”. Un equipo de expertos había participado en la inspección para establecer si en la carga había materiales para la industria nuclear, lo que fue descartado. Un diplomático turco consultado para este trabajo no quiso dar explicaciones sobre si la Cancillería había autorizado el embarque: “Irán es nuestro vecino y tenemos una relación compleja con ellos”.
A comienzos de septiembre, Vladimir Zaemskiy, embajador de Rusia en Caracas, debió aclarar en El Nacional que su país no autorizaría una transferencia a Irán de los sistemas misilísticos S-300 que vende a Venezuela. “Es una mentira premeditada”, declaró entonces y recordó las prohibiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las cuales han sido adoptadas por unanimidad de los miembros permanentes: además de su país, Estados Unidos, China, Alemania, Francia y Reino Unido.
Los estadounidenses habían impuesto un veto unilateral contra Venezuela en 2005 y han sido diligentes en utilizar la diplomacia para hacerlo cumplir. Un cable del 6 de junio de 2007, también divulgado por Wikileaks, reveló los contactos de funcionarios norteamericanos con representantes gubernamentales de la República Checa. Las gestiones tenían el propósito de convencer a la empresa Aero Vodochody de no transferir tecnología alguna a la Fuerza Armada Nacional e incluso de revertir un acuerdo para la instrucción de pilotos venezolanos. La clave del argumento estaba precisamente en el riesgo que suponía brindar entrenamiento militar a un país cercano a Irán.
Baduel ocupaba el cargo de ministro cuando le correspondió explicarle a los venezolanos los beneficios de los proyectos con Irán. Estos incluían no sólo la compra de los aviones no tripulados, sino también la repotenciación de los motores de los cazas F-5 y la construcción de una fábrica de pólvora. En su momento, el funcionario señaló que Venezuela se había visto en la necesidad de buscar “países amigos que han alcanzado mejor desarrollo tecnológico”, ante los efectos negativos que tenía el veto unilateral que impuso Estados Unidos a la venta de armamento al país. Así lo dijo en una rueda de prensa en enero de 2007. Pasado el tiempo, el oficial, que está recluido en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde en Los Teques, Miranda, se incomoda cuando se le pregunta sobre la relación iraní-venezolana porque considera que no es él quien debe responder. “Vienen a preguntarme por cualquier cosa, no importa si sucedió o no cuando estaba a cargo”. A ese comentario añade otro: “El Presidente asumía directamente los asuntos vinculados con Irán y me bypaseaba en esos temas”. Sobre los nexos bilaterales aún hay qué decir.
La triangulación con Uruguay
Gerónimo Cardozo era embajador de Uruguay en Caracas cuando recibió en julio de 2007 una carta de representantes de Cavim. De acuerdo con el diplomático, en la misiva se solicitaron sus gestiones para lograr que el buque de guerra uruguayo General Artigas se detuviera en Venezuela después de su participación en las maniobras Panamax que realizaban un grupo de armadas americanas en el mar Caribe.
La intervención de Cardozo fue efectiva: a los pocos días, Tabaré Vásquez, entonces primer mandatario del país sureño, introdujo en el Congreso una petición para que se autorizara el paso de la fragata por puertos venezolanos para abastecerse de combustible y recoger una “carga para el Ejército Nacional”. Aunque el jefe del Estado no fue preciso al describir qué transportaría el barco, voceros de su gobierno admitieron la verdad más tarde: eran 15.000 municiones calibre 5,56 x 45 milímetros. La operación de traslado fue abortada poco después por orden del Ministerio de la Defensa de Uruguay en medio de controversia.
Los cartuchos de origen venezolano estaban vinculados con un proveedor que intentaba vender fusiles de fabricación iraní a las fuerzas militares uruguayas, a pesar de que para la fecha estaba vigente la resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU que prohibía las ventas de armamento desde esa nación del Medio Oriente a cualquier parte del mundo. Esas fueron las conclusiones de las averiguaciones que emprendió el diputado Javier García, quien era vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento de la nación suramericana.
Un intermediario llamado Bener’s International había asumido la representación de la compañía Modlex, que es la encargada de las exportaciones de los productos manufacturados por el amplio complejo militar de la República islámica. El Ejército y la Armada de Uruguay habían abierto en 2006 un proceso internacional para la compra de 18.000 armas largas: uno de los competidores era el fusil KH2002 de la empresa DIO, una de las más importantes que existen en Irán. Las 15.000 municiones eran un requisito exigido a todos los postulantes para ejecutar las pruebas operativas. A pesar de las evidencias, el Congreso se negó a investigar más a fondo: “La mayoría rechazó mi propuesta de constituir una comisión para hacerlo”, recuerda García, 4 años después.
A pesar de que admitieron las gestiones de Cavim, los voceros del Gobierno uruguayo dieron distintas versiones, algunas de ellas contradictorias, sobre la razón por la cual se planeó recoger la carga. Se señaló que el Ejército no había hecho solicitud alguna; que las municiones no eran necesarias porque los fusiles iraníes habían sido probados con anterioridad; que fueron ofrecidas como una muestra por la empresa venezolana. También se dijo que el traslado fue suspendido porque no se quería beneficiar con ayuda pública a ninguna compañía envuelta en la licitación. El propio embajador Cardozo, un militar retirado, restó importancia a las revelaciones en vista de que se trataba de una cantidad de cartuchos que podrían gastar tres soldados en una práctica de tiro.
En otros países, como España, también se han indagado sobre las conexiones Irán-Venezuela.
Hace tres meses la Policía Nacional española desmanteló una red de traficantes de armas que supuestamente planificaba una venta ilegal de helicópteros estadounidenses Bell 212, así como de sus partes y repuestos, a Irán y Venezuela.
Funcionarios del cuerpo de seguridad fueron consultados acerca del caso, pero declinaron hacer comentarios porque la investigación se encuentra en curso. Analistas militares señalan que los embargos han convertido a funcionarios iraníes en competentes cazadores en los mercados negros de armas. “Lo hacen con frecuencia”, dice Rocío San Miguel, de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
La anunciada repotenciación de los motores de los caza norteamericanos F-5 ha causado críticas internas y externas. En cables diplomáticos estadounidenses, revelados por Wikileaks, se cuestiona que los gobiernos venezolano e iraní transfieran y compartan tecnología que no ha sido desarrollada por ellos sin autorización de los fabricantes.
La inversión de más de 20 millones de dólares en las aeronaves ha sido criticada por observadores que aseguran que no estaba justificada porque son modelos muy antiguos y porque además sus resultados aún no son claros.
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