“Se trata de imputaciones totalmente falsas, deplorables, y es evidente que simplemente se trata de denostar, degradar, dañar al Gobierno y a una política pública que no tiene otro compromiso y otro horizonte que defender a los ciudadanos”, dijo Calderón en declaraciones a la cadena Televisa.
La demanda, presentada el pasado 25 de noviembre por un grupo de activistas representados por el abogado Netzaí Sandoval, acusa al gobernante mexicano de crímenes de lesa humanidad por considerar que su lucha contra el narcotráfico ha causado más de 50.000 muertes.
En el recurso, según Sandoval, se documentan más de 470 casos presentados como “violaciones de los derechos humanos”, ocurridos a partir de 2006, cuando asumió el poder Calderón, y calificados de delitos de tortura, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores.
Calderón, en sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, dijo que los casos de violaciones a los derechos humanos que han surgido no sólo han sido condenados por el Gobierno sino que de todos los que se ha tenido conocimiento han sido llevados ante las autoridades correspondientes.
Considerando que en los últimos años han sido detenidas 150.000 personas en México “actuando en contra de la ley -agregó Calderón-, los casos que incluso se denuncian (…), sin conceder que fueran ciertos, constituyen una verdadera excepción respecto a todas las actuaciones de las autoridades”.
“Ni remotamente se trata de una actitud sistemática, y mucho menos de una política de Estado”, insistió, y calificó de “muy injusto” equiparar a México con estados autoritarios y represivos “como fue la Alemania de Hitler” y otros casos.
“Somos un Gobierno absolutamente comprometido con los derechos humanos. Son acusaciones que niego categóricamente”, insistió.
Calderón se refirió también a la advertencia hecha en un comunicado de la Presidencia sobre la intención del Gobierno de “explorar las alternativas para proceder legalmente contra las personas que las promueven en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
Al conocer esa declaración, los promotores de la demanda ante el CPI exigieron a Calderón que desista de ejercer acciones legales contra ellos y anunciaron que pedirán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hoy, Calderón dijo que “probablemente ese párrafo se prestó a la mayor controversia”. “Es un formulismo de abogados”, agregó, aunque destacó que el Estado debe defenderse y, personalmente, también defender su buen nombre.
“Voy a explorar las alternativas legales que tengo (…). Es una acusación internacional y el deber de México y de su Presidente es defender a México, porque aquí el desprestigio no es sólo para mí, sino para todo el estado mexicano”, añadió
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