El presidente Ollanta Humala (der.) junto con Oscar Valdés, nuevo presidente del Consejo de Ministros.
Durante los últimos diez años, la
economía peruana ha promediado un crecimiento anual de 6,3% y, como
resultado, está floreciendo una clase media emergente. La situación
contrasta con la realidad de las vecinas Ecuador y Bolivia, donde
gobiernos autoritarios han suprimido la libertad de expresión y la
empresa privada, y han procurado revivir el estatismo de los años 70.
Un motor clave del crecimiento peruano ha sido el sector minero, en
el cual la inversión se ha duplicado en los últimos dos años. Si Perú
pretende seguir en la senda del desarrollo, estos flujos deben
continuar. Las perspectivas son buenas. El gobierno calcula que los
proyectos de inversión minera para los próximos diez años ascienden a
los US$50.000 millones, una suma sustancial en una economía de
US$168.000 millones.
Como candidato, Humala tiene un historial de romantizar el nacional
socialismo, lo que difícilmente lo convierten en él paladín de la
libertad económica que Perú necesita para seguir creciendo. No obstante,
prometió una mejor vida para los pobres, su principal electorado. En
una economía abierta como la de Perú, que depende del acceso a los
mercados internacionales de capital, sus opciones para cumplir con tales
promesas dejan poco margen para los experimentos socioeconómicos de
izquierda. Esta fue la esperanza de quienes lo respaldaron en la segunda
vuelta electoral contra la hija del ex presidente Alberto Fujimori.
Ahora, Humala enfrenta su primera prueba importante en la ciudad
norteña de Cajamarca, donde Newmont Mining Corporation está lista para
comenzar las labores en una mina de cobre y oro de US$4.800 millones.
Los oponentes, autodenominados ambientalistas, han recurrido al bloqueo
de caminos y a la violencia para impedirlo. El resultado de la disputa
será observado cuidadosamente por inversionistas extranjeros y afectará
profundamente el futuro económico del país.
Un portavoz de Newmont Mining señala que el proceso de evaluación de
impacto ambiental para la mina de Conga demoró tres años y "fue el
proceso de evaluación de impacto ambiental más riguroso para un proyecto
de desarrollo de un recurso natural jamás realizado en la historia
peruana". En octubre de 2010 el proceso fue aprobado y, según la
compañía, la audiencia pública con que lo concluyó—a la que asistieron
más de 3.000 personas— fue notable por su calma.
No fue sino hasta un año después, apenas en el tercer mes de la
presidencia de Humala, que empezó a asomar la oposición organizada.
Después de una huelga general de un día el 9 de noviembre en Cajamarca,
hubo una huelga general por un período indefinido el 24 de noviembre
que, según informes de prensa, terminó con un sitio de la ciudad. Los
detractores del proyecto minero dicen estar en contra del plan de la
compañía para construir cuatro embalses para reemplazar cuatro lagos
que, en las actuales circunstancias, se convertirían en pantanos durante
la estación seca. Pero puesto que los nuevos embalses duplicarán el
volumen de agua disponible para las comunidades locales y asegurarán el
suministro de agua durante todo el año, sus "preocupaciones" son
sospechosas.
Las sospechas se acentúan marcadamente al saber que el agitador
clave, Wilfredo Saavedra, presidente de algo llamado "Frente de Defensa
Ambiental", resulta ser un ex miembro del Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru, un grupo terrorista partidario del comunismo al estilo
cubano.
El presidente tenía que intervenir por la seguridad de la ciudad y
los intereses de largo plazo del país. El 4 de diciembre, después de que
la compañía había aceptado suspender la construcción como gesto de
buena fe y los manifestantes se habían negado a levantar el bloqueo de
Cajamarca, impuso el estado de emergencia y restauró el orden.
Menos de una semana después, Lerner, quien había estado a cargo de
encontrar una solución negociada a la disputa, renunció y fue
reemplazado por Valdés, quien se ha había desempeñado en el sector
privado durante años. El jueves, el presidente levantó el estado de
emergencia y el gobierno anunció la reanudación de las negociaciones con
los manifestantes.
La acción enérgica de Humala ha dañado su coalición de izquierda en
el Congreso y el mandatario podría tener que negociar con los
fujimoristas para gobernar. No obstante, la alternativa de establecer un
precedente de que la violencia puede alejar del país a las inversiones
mineras sería mucho más perjudicial para su legado.
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