Cuando el PAN habla de libertad religiosa se refiere a la libertad que quiere para la Iglesia católica.
Humberto Musacchio*
Al vapor y en lo oscurito, en la más nefasta tradición de las reformas parlamentarias, diputados panistas, priistas y hasta algún despistado perredista pretenden sacar adelante una reforma al artículo 24 constitucional que cambiaría la actual libertad de culto por una “libertad religiosa” y dejaría las cosas en una indefinición tal que llevaría a dar plenos derechos electorales a los ministros de culto, permitiría a las iglesias impartir catecismo y clases parecidas en las escuelas públicas y facultaría a las instituciones religiosas para poseer y operar emisoras de radio y televisión.
La operación avanza cuando está cerca el fin de la noche panista, pues en las actuales condiciones no se ve posible un triunfo de los azules, aunque por supuesto harán hasta lo imposible por quedarse. Lo demuestra la inoportuna y oportunista visita papal pactada por Los Pinos con El Vaticano para efectuarse el año próximo, precisamente en el momento en que las campañas electorales se despliegan a todo vapor.
Por supuesto, cuando el PAN habla de libertad religiosa se refiere a la libertad que quiere para la Iglesia católica de Roma, pues jamás ha mostrado simpatía por los cultos minoritarios y en sus orígenes, no debe olvidarse, ese partido combatió activamente a las confesiones protestantes y a otros grupos religiosos que le disputaban el mercado espiritual al catolicismo.
La contrarreforma antijuarista de Carlos Salinas de Gortari dio a los ministros de culto el derecho a votar, pero no a ser votados. En el caso de los sacerdotes católicos se explica la limitación porque tienen jurada obediencia a otro Estado, como es para todos los efectos El Vaticano. Sin embargo, en el caso de cultos donde no se mezclan las creencias con la sumisión a una potencia extranjera, como son la inmensa mayoría, la limitación legal parece superflua. Pero así está en la ley.
No es nueva la intención de impartir clases de religión en las escuelas públicas. Abundan los pronunciamientos en ese sentido y se arguye que los padres tienen derecho a una educación que vaya de acuerdo con sus convicciones. Lo anterior es una verdad a medias. El Estado tiene la obligación de dar a todos los mexicanos en edad escolar una educación que los capacite para ganarse la vida, superarse como personas y servir a la nación. La formación religiosa que se quiera imponer a los hijos —porque se trata de una imposición— el Estado mexicano la deja al arbitrio de los padres de familia. Así resulta compatible lo del César con lo correspondiente a Dios.
En lo que se refiere a los medios de comunicación en manos de las iglesias, cabe recordar que, a lo largo y ancho de la República, con la complicidad de las autoridades federales que indebidamente omiten la aplicación de las leyes, abunda la programación religiosa en radio y televisión, incluso en canales de cobertura nacional, además de que hoy es fácil captar emisoras extranjeras que difunden programas religiosos. Ante esa realidad, debería impulsarse un amplio debate sobre la pertinencia de acabar con la simulación y entregar frecuencias a las iglesias.
En fin, que mucho puede y debe discutirse, pero la intención de los diputados peñanietistas del PRI y de la bancada panista pretende dar un albazo, imponer algo que requiere un amplio y razonado debate para el que tenemos los mexicanos sobrada capacidad. Pero con la mira puesta en ganar la bendición papal y las simpatías de la Iglesia católica, esos diputados pretenden tratarnos como menores de edad, y eso es inadmisible.
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