Barack Obama aprobó la Ley de Autorización de la
Defensa Nacional (NDAA), con la cual las autoridades militares pueden
detener a cualquier ciudadano estadounidense en cualquier parte del
mundo, indefinidamente y sin juicio previo, alegando la sospecha de
terrorismo.
El
año nuevo comenzó en Estados Unidos, al menos en materia legal, con la
aprobación por parte del presidente Barack Obama de una medida netamente
totalitaria y dictatorial, propia de un gobierno represivo. Se trata de
la National Defense Authorization Act (NDAA), una ley que, en términos
generales, permite a las autoridades militares detener a cualquier
estadounidense en cualquier parte del mundo sin especificar los cargos
que se le imputan ni el tiempo de detención, basándose únicamente en la
sospecha de terrorismo. Asimismo, la interrogación y persecución de los
sospechosos también carece de límites precisos, por lo cual la tortura y
otros procedimientos afines podrían volverse totalmente legales.
Aunque se dice que Obama quiso vetar la
NDAA por el evidente abuso que implica a las garantías civiles más
elementales de todo ciudadano, al final dio su beneplácito, aunque “con
serias reservas”: “Quiero aclarar que mi administración no autorizará la
detención militar indefinida y sin juicio de ciudadanos
estadounidenses. De hecho creo que hacer en esto rompería con nuestras
más importantes tradiciones y valores que tenemos como nación. Mi
administración interpretará la sección 1021 [de la ley] asegurándose que
cualquier detención autorizada se llevará a cabo conforme a la
Constitución, las leyes de guerra y todas las leyes aplicables”, declaró
Obama en un comunicado al respecto. El diario El País informa que el presidente tuvo que firmar la ley “porque la finalidad general de esa norma es financiar en parte a las tropas y la guerra de Afganistán”.
Por otro lado, activistas y abogados en
pro de las libertades civiles se mostraron decepcionados por la
actuación del presidente Obama, pues creían que con él habían quedado
atrás los excesos en que incurrió la administración Bush en su “guerra
contra el terror”; confían además en que esta ley pueda derogarse por
medio de otros recursos como la apelación ante la Suprema Corte.
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