Las principales razones para oponerse a esta tasa están basadas en que sólo tendría efectos positivos (y no siempre) si fuera una medida global. Si fuera adoptada solamente por los países de la Eurozona, los bancos trasladarían sus sedes sociales a Londres, Nueva York, Singapur, o a otras plazas donde no tuvieran que tributar por sus operaciones. Además, se da por hecho que los bancos trasladarían el importe del nuevo impuesto a sus clientes, por lo que el efecto recaudatorio esperado recaería sobre los ciudadanos y no sobre las entidades financieras.
Por el contrario, el debate concluye en que la Unión Europea debe incidir en la independencia y la eficacia de los reguladores y supervisores financieros.
Santiago Carbó lo ve muy claro. “Establecer una tasa
sobre las transacciones financieras del modo que se está plateando no
parece lo más adecuado en estos momentos. El primer problema es que es
una tasa que sólo complicaría más un panorama financiero bastante
incierto. Parece más una respuesta a la indignación popular y un castigo
al sector bancario que un instrumento fundamentado y razonable de
recaudación. El segundo problema es que el establecimiento de esta tasa
de forma unilateral en Europa (o parte de Europa) generaría diferencias sustanciales con otras plazas financieras (saldrían flujos financieros de Londres y Frankfurt para ir a Singapur y Nueva York)
y posibilidades de arbitraje que derivarían en una canalización de
transacciones financieras hacia otras localizaciones geográficas. Más
distorsión. No es de extrañar que el propio Tobin renegara hace años de la explotación e interpretación de una idea que no nació para estos propósitos”.
A su juicio, sería más eficaz que las autoridades europeas “se preocuparan más de establecer los mecanismos de supervisión y control adecuados que de gravar las transacciones financieras”.
En la misma línea se expresa Mauro Guillén. “Antes de decidir si conviene o no establecer una tasa Tobin sobre las transacciones financieras hay que definir qué se pretende conseguir con ella y cómo es pondría en práctica. Si el objetivo es crear un fondo de estabilidad financiera, me parece más adecuado que si el objetivo es recaudatorio. Eso sí, ya se ha apuntado que Europa no puede de ningún modo adoptar la tasa unilateralmente, puesto que distorsionaría los mercados internacionales y además crearía un incentivo para que inversores y bancos se trasladen fuera de la Unión. Tenemos que evitar las medidas populistas y los efectos secundarios de este tipo de tasa. Lo que necesitamos es una regulación y supervisión bancarias realmente independientes y efectivas”.
Desde el propio sector bancario, las posiciones son todavía más duras. José Luis Martínez, de Citibank, se pregunta, “¿a quién se pretende castigar con un impuesto de estas características? Creo, realmente, que al trasladarse al consumidor final se convertiría simplemente en una mayor penalización por utilizar los servicios de la banca. Pero es que si el objetivo es castigar a la banca, tampoco entiendo el razonamiento. Castigarla, ¿por qué? llevamos tres años responsabilizando de forma injusta la mayoría de las veces a la banca de todos los males habidos y por haber. Un impuesto de estas características sería interesante si busca un mayor control de las operaciones financieras o incluso limitar sus excesos”.
Santiago Fernández de Lis, de BBVA, aporta otra razón en contra de la tasa. “Es un impuesto a la intermediación financiera por canales formales, que incentivaría el sistema bancario en la sombra que, no lo olvidemos, ha estado en el origen de esta crisis. Si lo que se pretende es crear un fondo de resolución de crisis bancarias, ya existen mecanismos para ello, como el fondo de garantía de depósitos, que no deja de ser un impuesto sobre la captación de recursos de los bancos. América Latina tiene una dilatada experiencia en este tipo de impuestos, cuyo atractivo reside en la facilidad de recaudación. Pero los países que lo han adoptado han pagado un precio muy alto en términos de menor penetración del sistema financiero y auge de los canales informales de intermediación financiera. Un sistema bancario ágil, con un bajo coste de intermediación, es un componente imprescindible de una economía eficiente. Si se pretende recaudar, existen formulas menos distorsionadoras. Y si se pretende desincentivar los flujos de capitales más especulativos, también”.
Por último, José García Solanes, defiende las buenas intenciones de la propuesta, pero plantea una larga lista de inconvenientes para su puesta en marcha. “El viraje reciente de Nicolas Sarkozy a favor de la tasa Tobin (renegando de lo que declaró en 1999), busca vías recaudatorias, pero también el favor de sus ciudadanos a las puertas de unas elecciones con grises perspectivas. Conviene desvelar buenas intenciones sociales en unos momentos en los que la especulación destructiva, la corrupción y las ingentes ayudas a quienes causaron la crisis, sacuden las bases del sistema. Pero, como siempre, la reflexión serena que sigue a los primeros impulsos, acaba ratificando la lógica económica y devolviendo la tasa al baúl de la buena conciencia social. Hasta que alguien la despierte otra vez”.
En su opinión, la tasa Tobin tiene dos grandes problemas: “Primero, para ser viable y eficaz, tendría que aplicarse en todos los países del planeta que disponen de mercados de capitales bien desarrollados, algo totalmente impensable. Segundo, los bancos y las empresas multinacionales pueden sortearla, en gran parte, con la ayuda de prácticas financieras cada vez más sofisticadas e ingeniosas. Por consiguiente, la tasa Tobin, por desgracia, no resulta aplicable en la UE”.
A su juicio, sería más eficaz que las autoridades europeas “se preocuparan más de establecer los mecanismos de supervisión y control adecuados que de gravar las transacciones financieras”.
En la misma línea se expresa Mauro Guillén. “Antes de decidir si conviene o no establecer una tasa Tobin sobre las transacciones financieras hay que definir qué se pretende conseguir con ella y cómo es pondría en práctica. Si el objetivo es crear un fondo de estabilidad financiera, me parece más adecuado que si el objetivo es recaudatorio. Eso sí, ya se ha apuntado que Europa no puede de ningún modo adoptar la tasa unilateralmente, puesto que distorsionaría los mercados internacionales y además crearía un incentivo para que inversores y bancos se trasladen fuera de la Unión. Tenemos que evitar las medidas populistas y los efectos secundarios de este tipo de tasa. Lo que necesitamos es una regulación y supervisión bancarias realmente independientes y efectivas”.
Desde el propio sector bancario, las posiciones son todavía más duras. José Luis Martínez, de Citibank, se pregunta, “¿a quién se pretende castigar con un impuesto de estas características? Creo, realmente, que al trasladarse al consumidor final se convertiría simplemente en una mayor penalización por utilizar los servicios de la banca. Pero es que si el objetivo es castigar a la banca, tampoco entiendo el razonamiento. Castigarla, ¿por qué? llevamos tres años responsabilizando de forma injusta la mayoría de las veces a la banca de todos los males habidos y por haber. Un impuesto de estas características sería interesante si busca un mayor control de las operaciones financieras o incluso limitar sus excesos”.
Santiago Fernández de Lis, de BBVA, aporta otra razón en contra de la tasa. “Es un impuesto a la intermediación financiera por canales formales, que incentivaría el sistema bancario en la sombra que, no lo olvidemos, ha estado en el origen de esta crisis. Si lo que se pretende es crear un fondo de resolución de crisis bancarias, ya existen mecanismos para ello, como el fondo de garantía de depósitos, que no deja de ser un impuesto sobre la captación de recursos de los bancos. América Latina tiene una dilatada experiencia en este tipo de impuestos, cuyo atractivo reside en la facilidad de recaudación. Pero los países que lo han adoptado han pagado un precio muy alto en términos de menor penetración del sistema financiero y auge de los canales informales de intermediación financiera. Un sistema bancario ágil, con un bajo coste de intermediación, es un componente imprescindible de una economía eficiente. Si se pretende recaudar, existen formulas menos distorsionadoras. Y si se pretende desincentivar los flujos de capitales más especulativos, también”.
Por último, José García Solanes, defiende las buenas intenciones de la propuesta, pero plantea una larga lista de inconvenientes para su puesta en marcha. “El viraje reciente de Nicolas Sarkozy a favor de la tasa Tobin (renegando de lo que declaró en 1999), busca vías recaudatorias, pero también el favor de sus ciudadanos a las puertas de unas elecciones con grises perspectivas. Conviene desvelar buenas intenciones sociales en unos momentos en los que la especulación destructiva, la corrupción y las ingentes ayudas a quienes causaron la crisis, sacuden las bases del sistema. Pero, como siempre, la reflexión serena que sigue a los primeros impulsos, acaba ratificando la lógica económica y devolviendo la tasa al baúl de la buena conciencia social. Hasta que alguien la despierte otra vez”.
En su opinión, la tasa Tobin tiene dos grandes problemas: “Primero, para ser viable y eficaz, tendría que aplicarse en todos los países del planeta que disponen de mercados de capitales bien desarrollados, algo totalmente impensable. Segundo, los bancos y las empresas multinacionales pueden sortearla, en gran parte, con la ayuda de prácticas financieras cada vez más sofisticadas e ingeniosas. Por consiguiente, la tasa Tobin, por desgracia, no resulta aplicable en la UE”.
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