Las Malvinas: los límites de la solidaridad

Las Malvinas: los límites de la solidaridad

Por Alvaro Vargas Llosa

La Tercera

La presidenta argentina, Cristina Kirchner, está decidida a malvinizar su política exterior y, por tanto, su política doméstica, pero tiene en sus manos dos problemas cada vez más complicados: la ausencia de opciones efectivas y un escenario sudamericano, en el que empieza a incomodar la exigencia de tanta solidaridad.

La escasez de opciones quedó en evidencia de espectacular forma esta semana, cuando la mandataria convocó, con urgencia y dramatismo, a las fuerzas vivas del país (como se decía antes), incluida la oposición, a un acto público relacionado con las Malvinas del que no se dio mayor información previa. Todos pensaban que Kirchner usaría la última bala que le quedaba en la cartuchera: prohibir el uso del espacio aéreo argentino al único vuelo que conecta a Mount Pleasant con Sudamérica, lo que en la práctica implicaba prohibir el vuelo entre Santiago y las Malvinas. Pero ni siquiera eso puedo hacer: se limitó a anunciar que denunciará la "militarización" ante la ONU, donde el Comité de Descolonización se reunirá el 14 de este mes, y que desclasificará el "informe Rattenbach". La sensación de anticlímax en el auditorio fue palpable y no careció de cierta comicidad. La oposición, que se había dejado arrastrar a ese evento para que no pareciera que se alineaba con el enemigo, acabó sintiéndose embaucada. Lo que es peor, también quedó expuesta su evidente inferioridad de condiciones ante la astuta presidenta.

De las dos cosas que anunció la mandataria, lo primero -la denuncia de una "militarización"- tiene pies relativamente cortos. En el Consejo de Seguridad, ni el Reino Unido, que cuenta con poder de veto, ni sus aliados prestarán atención a pedido alguno de condena. En el Comité de Descolonización de la ONU se limitarán a ratificar el pedido de negociación a la que vienen exhortando a Londres desde hace mucho tiempo, porque, en la práctica, unos entrenamientos previstos de antemano del príncipe Guillermo en las islas de marras y un paseo prolongado del HMS Dauntless por el archipiélago del Atlántico Sur difícilmente equivalen a juegos de guerra. La respuesta de David Cameron, en todo caso, no es difícil de prever en el improbable caso de que se lo acusara de "militarización" en dicho comité o en la propia Asamblea General: ¿cómo puede decirse que se militariza un país que acaba de anunciar un recorte de ocho por ciento en su presupuesto de Defensa para 2015 y que ha eliminado al HMS Ark Royal y los aviones Harrier, es decir, que ha renunciado a toda capacidad de despegar o aterrizar en un portaaviones hasta 2019?

En cuanto al "informe Rattenbach", un documento elaborado por la dictadura militar a la caída de Leopoldo Galtieri y en vísperas del retorno a la democracia, el anuncio de la presidenta también contenía bastante más ruido que nueces. Resulta que ese informe elaborado por una comisión que presidió el teniente coronel retirado Benjamín Rattenbach, supuestamente clasificado y, por tanto, un secreto de Estado, ha sido hecho público de varias maneras desde 1983, incluyendo en forma de libro en 1988. Es un informe crítico del dictador Galtieri, del aventurerismo que lo llevó a declarar la guerra al Reino Unido al invadir las Malvinas, en 1982, y de cómo el régimen llevó a cabo el conflicto. Un informe, pues, cuyas conclusiones el propio David Cameron probablemente estaría feliz de aplaudir, ya que Londres se ha jactado siempre de haber ayudado a los argentinos a deshacerse de la siniestra junta militar que los gobernaba desde 1976.

La revisión del pasado, por lo demás, también entraña complicaciones para la mandataria argentina desde otro punto de vista. Como ha recordado Luis Majul en La Nación de Buenos Aires, Néstor Kirchner, el difunto esposo de la actual presidenta, no estuvo entre quienes se opusieron a la guerra en 1982, sino todo lo contrario. Que ella participara, como lo dijo esta semana, en una manifestación contra la dictadura en Buenos Aires tras la derrota de las Malvinas, no equivale a haberse opuesto a la guerra antes de provocada por la acción del régimen que hoy repudia. En cambio hubo quienes, como Raúl Afonsín, entonces líder del radicalismo argentino, sí se opusieron, a pesar de estar en franca minoría y arrostrando la peor de las descalificaciones: la de traidor a la patria.

Que la presidenta no se haya atrevido a prohibir el vuelo entre Santiago y Mount Pleasant impidiendo su paso por el espacio aéreo argentino, indica hasta qué punto la solidaridad sudamericana, a pesar de toda la retórica empleada en las últimas semanas por Buenos Aires, tiene límites. La mandataria no puede no estar informada acerca de las voces parlamentarias críticas que se han alzado en Santiago en contra de la solidaridad expresada por el Presidente Piñera con Argentina, tanto desde la UDI como desde la Concertación. En el primer caso, las críticas se han expresado de un modo más enfático, pero en el segundo, se ha dicho con claridad que esa causa "no es chilena ni latinoamericana", sino fundamentalmente argentina. Por lo demás, la Casa Rosada sabe que interrumpir el vuelo sería una afrenta a Chile, más que al Reino Unido. Y mientras Piñera no ofrezca interrumpir dicho vuelo -algo que tendría para él un costo enorme en el supuesto de que pudiera, políticamente hablando, dar semejante paso-, decretar la pro- hibición desde Buenos Aires sería un gesto mucho más inamistoso para con Santiago que con Londres.

A lo cual se suma otro problema: hay en las Malvinas unos 300 chilenos, la minoría más numerosa, además de algunos otros latinoamericanos que trabajan, fundamentalmente, como contratistas. Toda acción -y ya en semanas anteriores se tomaron algunas- que dificulte la vida de estas personas en las islas coloca a los gobiernos de los países afectados en situación delicada. Por lo pronto, la prohibición de que los barcos con bandera de las Malvinas atraquen en puertos sudamericanos ha generado alguna escasez de verduras y frutas, aunque suponemos que será revertida en cuanto los mismos barcos empiecen a circular con bandera británica (otro síntoma de que la solidaridad tiene límites, pues los sudamericanos sólo han prohibido atracar en sus puertos a los barcos con bandera de las Malvinas, no a los barcos con bandera británica). Más directo es el impacto, por ahora, de la prohibición de atavesar aguas argentinas a cualquier barco que pretenda llevar suministros para las operaciones de exploración petrolera. Pero se trata de una acción sólo argentina, no sudamericana.

El primer ministro británico, por su parte, está en una situación parecida a la de la presidenta argentina: encantado de la oportunidad interna que le ofrece la cuestión Malvinas. Con una economía todavía languideciente, con recortes impopulares y críticas desde cierta derecha por la austeridad en el apartado de la Defensa, es perfecta la ocasión para hacer pequeños gestos simbólicos sin mayor relevancia práctica, como convocar al Consejo Nacional de Seguridad o elevar el perfil, ya que no la sustancia, del patrullaje militar que realiza su gobierno en el archipiélago normalmente.

Esto augura , por tanto, algún tiempo más de retórica y simbolismos alrededor del Atlántico Sur, pero poco más. No existe posibilidad alguna de que Cristina Kirchner, cuyo apego al poder ahora se traduce en amagos para cambiar la Constitución, a fin de que se le permita una eventual nueva postulación, vaya a decretar su propio ocaso declarando una guerra que sabe que no puede ganar. Y no hay posibilidad alguna de que Londres obligue a Buenos Aires a declararla, porque supondría destruir toda posibilidad de que el draconiano plan de austeridad que ha infligido a su país como costo inevitable de recuperar el buen camino pueda continuar.

Para la presidenta, como ya se dijo aquí anteriormente, la situación interna representa un problema, de allí la necesidad política de malvinizar la agenda lo más posible. Ha tenido que aumentar las tarifas de los servicios públicos, lo que, combinado con la subida del boleto del colectivo y el tren de Buenos Aires, tanto en la ciudad como en la provincia, entraña un costo significativo. La gran base política del peronismo, como se sabe, está en la provincia, donde el control de precios ha sido un elemento clave del esquema populista. Ante el naufragio del esquema, el gobierno no ha tenido más remedio que hacer ajustes. Al levantar el fantasma de las Malvinas, el gobierno ha obligado a la oposición a callar ante esto y alinearse con la causa patriótica.

La pregunta es: ante la falta de opciones reales para darle seguimiento de alto perfil al reclamo argentino en torno a las Malvinas, ¿hasta dónde puede la presidenta sacarle partido a esta cuestión? ¿Cuál es el plazo de vencimiento de las Malvinas como recurso político? Evidentemente, no es muy largo. Y pudiera crearse una situación en que el efecto fuese el contrario del que busca la presidenta. Por ejemplo, eso sucedería si sectores más termocéfalos empezaran a pedirle a la mandataria acciones contundentes, que ella, astuta como es, jamás emprendería. Ya el ministro de Defensa soltó recientemente una frase provocadora que advertía a los británicos de que Argentina estará preparada para recibirlos en territorio argentino si deciden invadir el territorio continental. Una frase, por cierto, que recuerda mucho aquel "si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla", de Galtieri. Si ante presiones belicistas de sectores radicales, Cristina Kirchner apareciera más bien como reacia a actuar de acuerdo con su encendida retórica o excesivamente prudente, el efecto político de la malvinización podría revertirse en su contra. Y en ese caso, la oposición lo tendría mucho más fácil a la hora de apartarse del gobierno en un tema que por el momento la coloca entre la espada y la pared.

Ya se sabe: una vez que se destapa la botella y la genio se escapa, volver a encerrarla es endemoniadamente difícil. Algo que los gobiernos sudamericanos, cada vez más incómodos con lo que sucede en torno a las Malvinas, entienden perfectamente bien.