por Lorenzo Bernaldo de Quirós
Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.
A esperas de la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del
Estado, el próximo mazo, la estrategia económica del Gobierno Rajoy
va en la dirección correcta. La reforma financiera sienta las bases
para sanear el sistema banca-cajas y reabrir los flujos de crédito; la
laboral introduce la flexibilidad necesaria para crear empleo estable
cuando la economía se recupere. En este marco, el ajuste presupuestario
ha de introducir un recorte del gasto público
estructural para avanzar hacia la estabilización de las finanzas
públicas. Dicho esto, la suerte de 2012 está echada. La economía se
contraerá alrededor del 2 por 100, el paro llegará a los seis millones y
la sequía crediticia persistirá e incluso tiene serias posibilidades de
agudizarse. Esta es la visión estática de un escenario
económico-financiero irremontable a lo largo de este ejercicio.
Tener en cuenta ese hecho es de vital importancia para no cometer
errores de análisis y generar expectativas injustificadas. El programa
diseñado por el gabinete del Partido Popular (PP)
funcionará si se mantiene y se profundiza en él a lo largo de toda la
legislatura, pero sus efectos benéficos no serán percibidos por los
ciudadanos hasta prácticamente su final. Esta es la consecuencia
inevitable del tipo de crisis que soporta España, condicionada además
por dos factores externos e incontrolables de incertidumbre: La
evolución de la coyuntura europea y las consecuencias de una potencial
acción bélica de Israel contra Irán, cuya materialización tendría un
impacto alcista sobre el precio del petróleo y, su corolario, un efecto
depresivo adicional sobre la economía global y, por tanto, sobre la
local.
En su libro This Time is Different, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart señalan cuatro características comunes al legado de todas las crisis financieras
que en el mundo han sido: primera, el precio de los activos
inmobiliarios cae un 35 por 100 al pincharse la burbuja y no vuelve a
crecer hasta seis años después de haber tocado suelo; segunda, el
desempleo aumenta un 7 por 100 durante la fase bajista del ciclo y
permanece en esa situación, al menos, durante los cuatro años
posteriores a ella; tercera, el PIB se contrae más del 9 por 100 en
promedio y no se reactiva hasta dos años después de alcanzado su punto
más bajo, y cuarta, la ratio deuda/PIB se eleva hasta niveles medios del
86 por 100. Ahora bien, ese escenario es “optimista” en tanto las
políticas fiscales expansivas instrumentadas para combatir la crisis
pueden desencadenar una crisis de deuda que realimenta y vuelve a
potenciar las consecuencias depresivas de la tormenta financiera. En
este supuesto, los plazos de vuelta a la normalidad están sujetos a una
incertidumbre no evaluable. Ahora bien, ese estado de cosas se traduce
en una recuperación lenta aunque los gobiernos hagan todo lo necesario
para acelerarla con medidas ortodoxas; las heterodoxas son simplemente
impensables.
Aunque sólo tiene un valor indicativo, ese cuadro ilustra la situación
económica de España y sus perspectivas en el corto/mediano plazo. El
valor de los inmuebles no ha descendido aún lo suficiente tras el
desplome de la burbuja. El desempleo se ha multiplicado casi por tres
desde el inicio de la recesión. El PIB ha caído cuatro puntos desde el
cuarto trimestre de 2008 y la deuda se ha situado hasta el momento en el
66 por 100 del PIB. España no ha finalizado su proceso de ajuste en el
sector de la vivienda y se ha vuelto a adentrar en una senda recesiva a
partir del último trimestre de 2011, sin expectativas de salir de ella
en 2012 y con posibilidades de que el crecimiento del PIB en 2013 sea
plano sin descartar una moderada contracción del PIB el año próximo.
Sin duda, esas proyecciones son genéricas y han de ser tomadas con
cautela pero señalan un hecho indudable: La naturaleza de la crisis
soportada por España no hace posible contemplar una superación rápida de
la misma por muy bien que lo haga el gobierno de Rajoy. Esta es la
consecuencia inevitable de haber dejado pudrirse la situación
económico-financiera del país en los últimos tres años. Si se sigue la
pauta de comportamiento de la economía trazada por Rogoff y Reinhart,
España comenzaría a ver luz al final del túnel en los dos últimos años
de legislatura del PP. Esta situación puede generar una alta presión
política sobre el gobierno si el país comienza a experimentar un
desánimo, una fatiga reformista porque las medidas gubernamentales no
parecen surtir efecto.
La austeridad presupuestaria y la liberalización de
los mercados es la terapia adecuada para afrontar una situación como la
española. Ambas políticas tienen “perdedores”, esto es, las empresas,
grupos e individuos que gozan de una posición de privilegio de la que
por definición no disfrutan la mayoría de los ciudadanos. Como es
lógico, estos colectivos plantearán una batalla frontal contra el
programa reformista del gabinete. Ahora bien, política del gobierno ha
de estar al servicio de la mayoría y ésta se beneficia de una economía
eficiente, lo que implica eliminar las reglamentaciones que sólo
benefician a sectores concretos y frenan el crecimiento y la creación de
empleo. Los intereses de los individuos se satisfacen mucho mejor en
una economía abierta y competitiva que en una plagada de regulaciones.
Por último, la experiencia muestra que los gobiernos reformistas no
pierden las elecciones. Es una equivocación identificar el descontento
de los grupos minoritarios que se oponen al cambio con la opinión del
conjunto de los ciudadanos. En todos los países de la OCDE en los que se
han aplicado terapias bien diseñadas y ejecutadas de ajuste
presupuestario y reformas estructurales, los gobiernos que las han
protagonizado han sido reelegidos. Esto es de vital importancia cuando
el ruido de la “calle” comience a poner nerviosos a algunos o muchos
dirigentes del gobierno y del PP. En 1970, Edward Heath,
líder del Partido Conservador ganó las elecciones con un programa de
cambio radical. Dos años después, los indicadores macro no mostraban
mejoría alguna. Los socialdemócratas del conservadurismo británico
exigieron un cambio de rumbo para ganar las elecciones y salir de la
recesión. Heath les hizo caso. Perdió los comicios en 1974 y la economía
británica mantuvo un encefalograma plano hasta que Thatcher ganó los comicios en 1979.
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