Foto: AFP PHOTO Evaristo / SA
Así lo afirmó hoy en el Consejo de Derechos Humanos el Gobierno de Teherán, durante la sesión dedicada a debatir el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de las libertades fundamentales en Irán, Ahmed Saheed.
Mohamed Lariyani, secretario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Irán, respondió al informe difundido la semana pasada por Saheed, que denuncia “una pauta impactante de violaciones de los derechos humanos fundamentales” en la República Islámica de Irán.
Entre otras cosas, el relator especial, que no obtuvo permiso para visitar Irán, denunció “el acoso, persecución y castigo cruel” de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), a cuyos miembros “se niega incluso el derecho a la vida”.
El relator recordó que el Código Penal iraní considera un delito las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y que en su artículo 109 el Código Penal Islámico dice que “las dos partes de una relación sexual gay son igualmente responsables criminalmente y podrían afrontar un castigo severo, incluida la pena de muerte”.
Saheed recogió las informaciones según las cuales en septiembre de 2001 tres hombres fueron ejecutados por sodomía y lamentó que las autoridades califiquen la homosexualidad como una enfermedad.
En la respuesta oficial presentada ante el Consejo, Lariyani insistió en que la homosexualidad es “una enfermedad mental, un estado espiritual pecaminoso y/o una adicción”.
La sociedad “no puede facilitar una ambiente favorable para la propagación de este tipo de lepra y tiene que hacer todo lo posible para frenarla y controlarla recurriendo a medidas punitivas”, dice en el documento de comentarios y observaciones de Irán, en el que se añade que “esta perversión sexual se puede corregir”.
“Como en el caso de los ex-gays, por ejemplo, los pervertidos sexuales pueden tomar una decisión consciente de abandonar la homosexualidad, restringiendo o cambiando su comportamiento sexual activo y adoptando una terapia reparadora o similar”, se afirma.
La posición oficial del Gobierno iraní es que reconocer la normalidad de la homosexualidad y dar carta de ley a las uniones de personas del mismo sexo -”reconocidas por la ley en Occidente bajo cualquier filosofía”- implicaría “una rebaja drástica e inaceptable de los estándares sociales, éticos y legales”.
El informe del relator especial también mostraba una especial preocupación por el número de ejecuciones anuales en Irán, que ha pasado de menos de 100 en el año 2003 a más de 650 en el conjunto de 2011, en un 81 por ciento de los casos por narcotráfico.
Saheed denunció que hay condenas a muerte por lapidación, pese a los anuncios oficiales de una moratoria, y recogió el informe de Amnistía Internacional, según el cual actualmente hay al menos 15 hombres y mujeres en Irán que las afrontan por adulterio.
La réplica iraní argumentó que la pena del “Rajm” (lapidación) “es un castigo pesado” que se aplica debido “a la importancia que el Islam concede al mantenimiento de la seguridad y de la moral de la sociedad, particularmente de la institución de la familia y de la salvaguarda de la salud y la limpieza de las generaciones”.
La lapidación, señala el documento, va dirigida a hombres casados, potencialmente adúlteros, para disuadirlos de “su objetivo sagrado” de procrear únicamente en el seno de la familia.
El Gobierno iraní, que asegura en su argumentación que la aplicación de esta pena es muy poco habitual, señala que es un mecanismo para “la prevención de desórdenes físicos y mentales del niño que puede nacer de las relaciones ilegítimas”.
“Gracias a estas regulaciones y leyes, las sociedades musulmanas, con comparaciones con las sociedades no religiosas y occidentales, han experimentado un número mínimo de casos de nacimientos de bebés ilegítimos y de falta de custodios”, explica el texto.
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