El presidente de Paraguay, Federico Franco, se dirige hacia el Congreso,
en Asunción, para pronunciar un discurso sobre el estado de la nación,
el 1 de julio.
Pedro Corzo
Es justo destacar la rapidez y firmeza con la que actúan políticos,
organizaciones sociales, sectores intelectuales y hasta los gobiernos
identificados con el populismo electoral, cuando uno de sus pares, o al
menos afín a sus intereses, son afectados negativamente por decisiones
que pueden poner el peligro la sobrevivencia del aliado.
En cierta medida la rápida denuncia y los contraataques protagonizados por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua ante la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo repiten la actuación con la que esos gobiernos y otros afines se condujeron cuando la crisis hondureña.
El caso de Honduras fue una muestra perfecta de hasta dónde llegan los socios del Foro de Sao Paulo o la Alianza Bolivariana de las América; se parecen pero no son lo mismo, cuando una rama del árbol del despotismo puede ser quebrada.
En aquel caso como el que nos ocupa, se demostró que más allá de la razón, el derecho y la soberanía del país en conflicto, el propósito de estos regímenes es apuntalar al socio en desgracia sin reparar en los proclamados principios de autodeterminación y no intervención que defienden con extremo furor cuando un miembro de la “familia” es afectado.
Sin entrar a juzgar si fue procedente un juicio tan expedito contra el ex presidente Lugo o si había suficientes elementos para procesarlos, no se puede soslayar las demandas de diferentes entidades internacionales de tomar medidas punitivas contra Paraguay porque el Congreso Nacional, no las Fuerzas Armadas o una revuelta popular de oscuros orígenes, tuvo la capacidad de sacar de la presidencia al mandatario.
El presidente Chávez no consideró que violaba todos los postulados que defiende cuando decretó un embargo petrolero contra Paraguay. Chávez, un acérrimo enemigo del embargo de Estados Unidos a Cuba, ordenó una acción similar contra un país al que había facilitado grandes recursos y que ante la falta de los mismos, la población va a padecer grandes quebrantos.
Es evidente que Chávez, independientemente de su estado de salud, ha logrado crear una especie de Santa Alianza en la que un grupo de mandatarios defiende a cal y canto la sobrevivencia del grupo, que es también la de cada uno de ellos, porque la maquinaria electoral que han forjado en cada país, sumado al concepto del despotismo constitucional, les garantiza el poder de forma continua.
Chávez ha ganado con la destitución del presidente Fernando Lugo que era su aliado, y la separación de Paraguay del Mercosur, porque el Congreso paraguayo se oponía frontalmente al ingreso de Venezuela al organismo subregional.
La ausencia de Paraguay permitió a la presidenta de Argentina lograr el ingreso de Venezuela, lo que según muchos analistas va a afectar seriamente a la entidad, ya quebrantada por sus conflictos internos, porque el chavismo va a politizar el Mercosur de forma extrema, al extremo que el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, declaró que la fórmula usada para el ingreso de Venezuela es “quizás la herida más grave sufrida en los 21 años del Mercosur”.
La capacidad de concertar esfuerzos e identificar objetivos comunes de los miembros del ALBA va mucho más allá de lo comentado.
El peso específico de de estos países en la Unión de Naciones Sudamericanas logró que Paraguay fuera suspendido, a pesar de que como afirma el nuevo presidente paraguayo Federico Franco, “ninguna forma vigente autoriza excluir un estado miembro o su representante de las reuniones de la institución regional”. Similar denuncia hizo el presidente Franco en el caso de Mercosur.
La Organización de Estados Americanos, a diferencia del caso hondureño, ha actuado con más cautela y escuchado a todas las partes envueltas en el diferendo sin tomar partido, dejando la decisión final al Consejo Permanente o a la Asamblea General de la entidad, como corresponde.
Pero es importante destacar una vez más la ausencia de un liderazgo hemisférico que denuncie y actué en consecuencia contra las violaciones a la Constitución de sus respectivos países en las que incurren los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, que proclaman e impulsan valores éticos que mancillan constantemente.
Estos gobernantes cambian a su antojo las legislaciones electorales y las constituciones, acusan de golpistas a quienes les cuestionan, buscan el control de los medios de comunicación, intimidan a los periodistas, confiscan los bienes de quienes hacen oposición, encarcelan sin respetar las normas judiciales y entronizan una dictadura institucional que se ha extendido como un cáncer hacia todo el continente.
Parece que como en su momento ocurrió con Cuba, le llegó a América el tiempo en el nadie escucha y menos se quiere ver.
En cierta medida la rápida denuncia y los contraataques protagonizados por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua ante la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo repiten la actuación con la que esos gobiernos y otros afines se condujeron cuando la crisis hondureña.
El caso de Honduras fue una muestra perfecta de hasta dónde llegan los socios del Foro de Sao Paulo o la Alianza Bolivariana de las América; se parecen pero no son lo mismo, cuando una rama del árbol del despotismo puede ser quebrada.
En aquel caso como el que nos ocupa, se demostró que más allá de la razón, el derecho y la soberanía del país en conflicto, el propósito de estos regímenes es apuntalar al socio en desgracia sin reparar en los proclamados principios de autodeterminación y no intervención que defienden con extremo furor cuando un miembro de la “familia” es afectado.
Sin entrar a juzgar si fue procedente un juicio tan expedito contra el ex presidente Lugo o si había suficientes elementos para procesarlos, no se puede soslayar las demandas de diferentes entidades internacionales de tomar medidas punitivas contra Paraguay porque el Congreso Nacional, no las Fuerzas Armadas o una revuelta popular de oscuros orígenes, tuvo la capacidad de sacar de la presidencia al mandatario.
El presidente Chávez no consideró que violaba todos los postulados que defiende cuando decretó un embargo petrolero contra Paraguay. Chávez, un acérrimo enemigo del embargo de Estados Unidos a Cuba, ordenó una acción similar contra un país al que había facilitado grandes recursos y que ante la falta de los mismos, la población va a padecer grandes quebrantos.
Es evidente que Chávez, independientemente de su estado de salud, ha logrado crear una especie de Santa Alianza en la que un grupo de mandatarios defiende a cal y canto la sobrevivencia del grupo, que es también la de cada uno de ellos, porque la maquinaria electoral que han forjado en cada país, sumado al concepto del despotismo constitucional, les garantiza el poder de forma continua.
Chávez ha ganado con la destitución del presidente Fernando Lugo que era su aliado, y la separación de Paraguay del Mercosur, porque el Congreso paraguayo se oponía frontalmente al ingreso de Venezuela al organismo subregional.
La ausencia de Paraguay permitió a la presidenta de Argentina lograr el ingreso de Venezuela, lo que según muchos analistas va a afectar seriamente a la entidad, ya quebrantada por sus conflictos internos, porque el chavismo va a politizar el Mercosur de forma extrema, al extremo que el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori, declaró que la fórmula usada para el ingreso de Venezuela es “quizás la herida más grave sufrida en los 21 años del Mercosur”.
La capacidad de concertar esfuerzos e identificar objetivos comunes de los miembros del ALBA va mucho más allá de lo comentado.
El peso específico de de estos países en la Unión de Naciones Sudamericanas logró que Paraguay fuera suspendido, a pesar de que como afirma el nuevo presidente paraguayo Federico Franco, “ninguna forma vigente autoriza excluir un estado miembro o su representante de las reuniones de la institución regional”. Similar denuncia hizo el presidente Franco en el caso de Mercosur.
La Organización de Estados Americanos, a diferencia del caso hondureño, ha actuado con más cautela y escuchado a todas las partes envueltas en el diferendo sin tomar partido, dejando la decisión final al Consejo Permanente o a la Asamblea General de la entidad, como corresponde.
Pero es importante destacar una vez más la ausencia de un liderazgo hemisférico que denuncie y actué en consecuencia contra las violaciones a la Constitución de sus respectivos países en las que incurren los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, que proclaman e impulsan valores éticos que mancillan constantemente.
Estos gobernantes cambian a su antojo las legislaciones electorales y las constituciones, acusan de golpistas a quienes les cuestionan, buscan el control de los medios de comunicación, intimidan a los periodistas, confiscan los bienes de quienes hacen oposición, encarcelan sin respetar las normas judiciales y entronizan una dictadura institucional que se ha extendido como un cáncer hacia todo el continente.
Parece que como en su momento ocurrió con Cuba, le llegó a América el tiempo en el nadie escucha y menos se quiere ver.
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