Boquete a una elección ejemplar
Diódoro Carrasco Altamirano
Ha culminado el recuento
constitucional de los votos en los tres canales que abarcó la elección federal
del 1 de julio: presidencial, diputados federales y senadores. Las cifras del
cómputo presidencial son conocidas:
EPN 38.21%; AMLO 31.59%; JVM 25.41%. Más de 50 millones de electores que acudieron a las urnas para votar a los candidatos de su preferencia. Todos los instrumentos para contar los votos funcionaron como debían: conteo rápido del IFE, Programa de Resultados Preliminares (PREP), resultados del cómputo en las 300 juntas distritales del país.
EPN 38.21%; AMLO 31.59%; JVM 25.41%. Más de 50 millones de electores que acudieron a las urnas para votar a los candidatos de su preferencia. Todos los instrumentos para contar los votos funcionaron como debían: conteo rápido del IFE, Programa de Resultados Preliminares (PREP), resultados del cómputo en las 300 juntas distritales del país.
El precoz reconocimiento de su derrota por la candidata del PAN, la felicitación del presidente Calderón al triunfador, el beneplácito de los sectores económicos por un resultado que no daba espacio al conflicto poselectoral prefiguraban un escenario civilizado de reconocimiento de triunfos y derrotas por parte de los principales actores políticos.
Sin embargo, el gozo pronto se fue al pozo. Primero por la reticencia inicial (previsible) del candidato de la izquierda para reconocer que los resultados no le favorecían, acompañado de la conocida cantinela de que él “tenía otra información”, que nunca mostró.
Segundo, porque a medida que se ponía en claro que no había habido proceso irregular o fraudulento en el acto mismo de votar, empezaron a surgir múltiples evidencias de irregularidades y delitos antes del voto, principalmente por parte de los operadores del PRI. El mismo presidente Calderón declaró que era inaceptable la impunidad de quienes recurrieron a esas prácticas.
A diferencia del Movimiento Progresista, que se orienta por demandar la nulidad del proceso electoral en su conjunto, el PAN pide se investiguen y sancionen las prácticas corruptoras, sin dejar de reconocer la validez de la elección y sus resultados.
¿Qué prácticas se deben investigar y sancionar? A) Rebase de topes de campaña y de aportaciones privadas a partidos, b) mecanismos paralelos de financiamiento, c) compra directa de votos, d) promoción de candidatos fuera de los tiempos establecidos, e) intervención indebida de gobiernos estatales y municipales, entre otros.
Lo anterior, de comprobarse, implica una elección legal pero inequitativa (Zedillo dixit); una Presidencia con déficit de legitimidad que a su vez plantea la necesidad de gestos y medidas que acrediten, primero, que se está consciente de esa falta, segundo, que se toman medidas para corregirla y erradicarla.
Cualquier otra actitud tendrá efectos revolventes en sectores sociales predispuestos a la protesta y augura días malos para la gobernabilidad política del país.
Peña Nieto y el PRI deben hacerse cargo de lo políticamente inconveniente que resulta para ellos asumir la Presidencia de la República en condiciones de agravio democrático. Y, por ello, la importancia de lanzar iniciativas que desmonten la posibilidad de que las artimañas electorales cobren estado de naturalidad, retrotrayendo al país a tiempos que se creían superados.
Existe una baraja de iniciativas que el ganador puede asumir para desactivar el agravio y enrumbar al país hacia horizontes no de restauración, sino de reparación y avance democrático. Al parecer ha llegado la hora de llamar a un gran acuerdo nacional para la reconciliación, pero no en base de deseos y buenos sentimientos, sino sobre la base de una plataforma de reformas políticas y de estructura que anticipen el México del futuro, como lo señaló Josefina Vázquez Mota.
Están los temas de reforma política pendientes (segunda vuelta, reelección de legisladores, gobiernos de coalición, financiamientos ilegales), los de seguridad, la reforma laboral, que podrían procesarse inclusive desde la actual legislatura. Pero está también la posibilidad de enviar mensajes renovadores desde el momento de armar los equipos de transición y los grupos de trabajo para construir la agenda de políticas públicas del próximo gobierno.
Por estos antecedentes, Peña Nieto debe empezar a hacer honor a sus propias expresiones (como la de que “pertenezco a una generación que ha crecido en una cultura democrática y quiere seguir viviendo en la democracia”. O la de “vamos a ganar el futuro que merecemos, no a reinstaurar pasados que superamos”).
La única manera que tiene el virtual Presidente electo de efectivamente avanzar hacia un futuro de consolidación democrática no es dejando las cosas como están (ya se vio que existen muchas fisuras para la treta y la antidemocracia), sino adelantando iniciativas de reforma en la dirección democrática. Es eso, o la restauración.
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