En Argentina el Gobierno compra medios, en Ecuador los clausura

En Argentina el Gobierno compra medios, en Ecuador los clausura

Correo de Buenos Aires

Desde que asumió la presidencia de Ecuador, Rafael Correa ha tenido conflictos con los medios de comunicación del país. El gobierno de Correa acusa a los medios de comunicación de formar parte de la oposición, y aseguran que están “distorsionando” la información. Los medios aludidos del Ecuador han declarado ser independientes, y que han sido atacados por transmitir las opiniones de la oposición ecuatoriana.

Con los Canales de Televisión

Correa constantemente ha denunciado, lo que él ve como activismo político, a la reacción de varios canales de la televisión ecuatoriana. Denunciando el hecho de que éstos son propiedad de grupos de negocios, relacionados con bancos que quebraron en la crisis financiera de 1999, dónde se dieron millones de dólares del Estado para rescatarlos, mientras miles de personas se quedaron sin sus ahorros de toda la vida.

Correa ha criticado a los medios de comunicación ecuatorianos de modo constante. Ha llegado a acusar a importantes medios de comunicación de estar vinculados a intereses bancarios y grupos de poder económico, señalando a muchos de ellos de manera directa (TC, Teleamazonas, Gamavisión, etc). Teleamazonas perteneció a los dueños de Banco Pichincha, mientras que TC, Gamavisión (hoy Gama TV) y Cablevisión estaban directamente vinculados a los hermanos Isaías, ex dueños de Filanbanco, hasta que estado los expropio. Ahora esos medios televisivos pertenecen al estado, y pese que han declarado que iban a ser subastados, aun siguen vinculados al gobierno.

Con los medios escritos

Correa, parafraseando a Tony Blair, declaró que la prensa ecuatoriana actúa como “un grupo de bestias salvajes”. También la ha criticado regularmente como “... mediocre, incompetente, inexacta, mentirosa y es una parte de la estructura de corrupción y cómplice del desastre” nacional.

Asimismo ha criticado a varios periódicos como El Universo, El Comercio, Diario Hoy, Diario Expreso, La Hora, los tildó de “mafias informativas”, por las críticas de éstos por la decisión del TSE que destituyó a 57 legisladores de la oposición. Correa argumentó, sin ningún fundamento, que la prensa ha callado ante los atracos que han ocurrido en empresas estatales como la telefónica Pacifictel, y la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).

Expulsión de Emilio Palacio

El 19 de mayo de 2007, durante uno de sus enlaces ciudadanos y tras ser repetidamente increpado, Correa ordenó que policías con vestimenta de civil expulsasen al editor de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio, por referirse a la familia del Presidente dentro de una discusión de temas netamente políticos. En el mismo Enlace Ciudadano el director editorial de Ecuavisa, Carlos Jijón, abandonó la sala por la actitud del Presidente; Orlando Pérez y Carolina Ehlers decidieron quedarse sentados hasta el final del programa.

Juicio contra La Hora

El 10 de mayo de 2007, Correa abrió un juicio contra Francisco Vivanco Riofrío, presidente de la junta directiva del periódico de La Hora, por un editorial publicado en el periódico el 9 de marzo. El editorial, titulado “Vandalismo Oficial”, dijo que Correa pensó gobernar Ecuador “con el tumulto, piedras y ramitas”. Describió la conducta del presidente como “vergonzosa”.

El juicio de Correa se basa en artículo 230 del código penal del país que impone multas de de dos años de prisión para el causante que exprese “amenazas o injurias que ofendan al presidente”. Francisco Vivanco Riofrío ha declarado que él no se disculpará por el editorial y que se ha preparado para enfrentar el juicio. Él también ha declarado que “ese editorial refleja nuestros pensamientos y nosotros no sólo defenderemos nuestro derecho para manifestar nuestras opiniones pero también las opiniones de todos los ciudadanos, cuando nosotros hemos hecho durante los 25 años de nuestra existencia del periódico”.

Reacciones al Juicio

En relación con el juicio de Correa contra La Hora, la Asociación ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), ha mostrado su apoyo al periódico y declaró que “ningún político ecuatoriano contemporáneo ha empleado la tal figura legal (juicio) como un instrumento para asustar la prensa”. La Asociación de Prensa de América (IAPA) ha declarado que es “un paso torpe por parte del presidente Ecuatoriano abrir una acusación criminal contra un periódico de noticias, acusándolo de injurias, un concepto arcaico en una democracia moderna y pasado de moda en América Latina y qué debe eliminarse de los códigos penales, cuando IAPA ha estado insistiendo”.

El Comité para Proteger a Periodistas también ha protestado contra el pleito: “El miedo de multas delictivas inhibirá la prensa Ecuatoriana de informar y hacer comentarios sobre los problemas de interés público. Nosotros llamamos al presidente Correa para de que deje de tomar acciones de juicio por difamación contra Vivanco y crear leyes de difamación de revocación de licencias de medios que contradicen las normas internacionales en la libertad de expresión”. El Comité Mundo Prensa Libertad ha declarado que “está claro que este esfuerzo por imponer silencio la prensa ecuatoriana va contra los principios de libertad de prensa muy básicos, como consagrado en por lo menos dos artículos de los derechos humanos”.

El 12 de julio se expidió un decreto ejecutivo, para modificar el reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión, para prohibir la difusión de videos o grabaciones clandestinos a menos que estos sean realizados por instituciones para detectar actos de corrupción. La sanción para los medios podría incluir una multa y la suspensión de la concesión. Varios gremios periodísticos, entre ellos la AER y la UNP, consideraron que esto era violatorio a la libertad de expresión, y además una violación a la Constitución y las Leyes. La mayoría de diputados en el Congreso Nacional también señalaron que era inconstitucional e ilegal.

La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un llamado a eliminar los artículos del Código Penal sobre el desacato (230, 231, 232, 233), por considerar que constituyen violaciones a los derechos humanos. “Las leyes de desacato violan el derecho humano a la libertad de expresión, expresado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado en forma uniforme la necesidad de abolir estas leyes, que limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos”.

Conflictos con Teleamazonas  - Procesos administrativos

Desde mayo de 2009 el canal atraviesa por momentos críticos pues el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) ha iniciado cuatro procesos administrativos en su contra por haber infringido la Ley de Radiodifusión y Televisión.

Los procesos iniciados a Teleamazonas se deben a las siguientes razones:

• Haber presentado en un reportaje imágenes de la Feria Taurina de Ambato 2009. Esto sucedió en el espacio del noticiero 24 Horas. Desde el 18 de noviembre de 2008, por resolución del CONARTEL, se prohibió la emisión de imágenes y publicidad en las que se “evidencie escenas de violencia y crueldad expresa en contra de animales y/o personas, respecto de eventos relacionados con las denominadas ‘corridas’ o ‘ferias taurinas’ a nivel nacional”.

• Transmitir en vivo el supuesto descubrimiento, por parte de políticos del Movimiento Madera de Guerrero, de un “Centro Clandestino de Cómputo” en Guayaquil, donde según éstos políticos se procesaban datos electorales y se podría producir fraude electoral. Esto fue desmentido y aclarado posteriormente por el Consejo Nacional Electoral. Según el CONARTEL, Teleamazonas habría transmitido un hecho “supuesto” que infringe el literal “e” del artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

• Presentar en el noticiero un reportaje acerca del trabajo de la Compañía PDVSA en la Isla Puná así como las declaraciones de los pobladores. En el reportaje se hablaba acerca del impacto que se produciría por el trabajo de exploración de gas de PDVSA, lo cual hizo que los pobladores de la Isla Puná se tomaran las instalaciones de la Petrolera. De esta manera la preocupación por una posible histeria masiva por parte de los pobladores fue la razón del proceso.

• Difundir, durante una entrevista del periodista Jorge Ortiz, una “grabación clandestina”, donde Fernando Balda, afiliado al PSP, denunció las supuestas modificaciones al texto de la Constitución elaborada en Montecristi y que involucran al jefe de Estado, Rafael Correa.

Sanciones

• El primer proceso ya fue juzgado y sancionado con una multa de 20 USD.

• El segundo proceso terminó en sanción por 40 USD. Tanto esta sanción como la anterior fueron declaradas “sin valor jurídico” en una providencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Pichincha en marzo de 2010.

• El tercer proceso fue sancionado por la Superintendencia de Telecomunicaciones el día 22 de diciembre de 2009 a las 17h09 ordenando el cierre de la estación por 72 horas, lo que desató protestas en las instalaciones del canal por parte de sus empleados en ciudades de Quito y Guayaquil. Esta clausura fue apelada y el 3 de febrero de 2010, en un fallo de última instancia, la Primera Sala de la Corte Provincial de Pichincha resolvió que la clausura “vulneró los procedimientos constitucionales” y ordenó que se pague por daños y perjuicios a la estación. El fallo judicial fue duramente criticado por el presidente Rafael Correa. Pocos días después de la sanción, en lo que se vio como una retaliación a los jueces que emitieron el veredicto, ellos fueron multados por supuestas irregularidades en un proceso distinto.

• En el cuarto proceso la extinta Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) anunció la reincidencia de Teleamazonas y pidió el cierre del canal por 90 días como sanción. El Presidente Rafael Correa fue el primero en pedir esta sanción que aún se encuentra pendiente.

El canal afirma que todos los procesos son un caso de persecución política por parte del gobierno de Rafael Correa, debido a la actitud crítica que ha mantenido el canal y, especialmente, el periodista Jorge Ortiz. El argumento del gobierno es que el canal habría manipulado la información a favor de sus intereses.

Juicio de Rafael Correa contra Emilio Palacio, Diario El Universo y sus directivos en 2011

Las supuestas órdenes de Correa dadas a los militares de disparar a discreción hacia un recinto lleno de civiles como el hospital, y que Correa desmiente diciendo que él no ordenó su rescate, han sido motivo de polémica. Un editorial del columnista Emilio Palacio sobre el tema, en el que responsabilizaba al presidente por los muertos del operativo y solicitaba una investigación sobre la acción militar y la responsabilidad del mandatario, ha motivado su propia polémica sobre la libertad de expresión, el derecho a la honra de los funcionarios públicos y la validez del delito de desacato, el acceso a la información gubernamental y la responsabilidad de los medios de comunicación sobre lo que publican.

Este editorial publicado en el diario El Universo el 6 de febrero de 2011, motivó una demanda por parte de Correa solicitando 10 años de cárcel para el periodista Palacio, y el pago de 80 millones de dólares por parte del editorialista y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez - los accionistas principales del diario - para Correa. En menos de 24 horas de la audiencia de juzgamiento realizada el 19 de julio de 2011 ante juez suplente de lo penal Juan Paredes - quien sólo estuvo en el cargo 33 horas - este dictó sentencia condenatoria de 3 años de cárcel para los hermanos Pérez y Palacio, los que según esta sentencia deberán pagarle a Rafael Correa 30 millones de dólares, mientras la persona jurídica El Universo deberá pagar a Correa 10 millones de dólares. Los imputados apelaron la sentencia.

Juicios contra Libro Gran hermano

Asimismo ha entablado juicios contra los autores del libro El Gran Hermano por supuestas calumnias.

Reacciones a estos juicios

Human Rights Watch dijo a través de su director José Miguel Vivanco “Las acciones del presidente Correa, destinadas a iniciar procesos penales contra sus críticos, constituyen una ofensiva directa contra la libertad de expresión”.

Por último, hace poco más de una semana, Correa clausuró Radio Morena FM 98,1 de Guayaquil, propiedad de la madre de un parlamentario contrario al oficialismo con lo que suman 20 las estaciones y canales clausurados.