Las economías paralelas del narco
Mónica Serrano
Especial para BBC Mundo |
El narcotráfico es más que un simple sector en una economía ilícita, señala Serrano.
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Michoacán, como su vecino Guerrero, son dos estados que han sido marcados por la violencia asociada al narcotráfico.
Si bien durante décadas ambos estados han figurado en la geografía de la economía de las drogas ilícitas en México, la página roja del narcotráfico en estas zonas coincide con el desvío de las rutas de cocaína a territorio mexicano, y más concretamente al Océano Pacífico.
Michoacán y Guerrero tienen una larga franja litoral sobre el Pacífico.
En efecto, bordeando el lindero entre ambos estados se encuentra Lázaro Cárdenas, el puerto más dinámico del Pacífico mexicano -punto de entrada y salida de mercancías con un movimiento cada vez más intenso, que en menos de una década, en el período 1999-2008, pasa de 4.475 a 197.149 contenedores al año.
Al transitar las carreteras de la región, el viajero se topa con los signos más ostensibles del "boom" de una economía ilícita cada vez más violenta.
El narcotráfico es mucho más que un simple sector en una economía
ilícita. Es a la vez un accionista de muchas de las actividades
"empresariales" antes descritas, y es también un agente multiplicador de
espacios de impunidad
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De una economía en la que los bienes y servicios que se intercambian son ilegales -ya sea por su propia naturaleza o en virtud de los medios que se utilizan-, pero en la que también encontramos una buena dosis de consentimiento.
Pero el narcotráfico es mucho más que un simple sector en una economía ilícita. Es a la vez un accionista de muchas de las actividades "empresariales" antes descritas, y es también un agente multiplicador de espacios de impunidad.
La era de la cocaína
En la historia del narcotráfico en México podemos advertir dos grandes etapas.
La primera se inaugura con la progresiva aprobación y ejecución de la legislación prohibicionista para el consumo, producción y venta de narcóticos en Estados Unidos y su posterior adopción en México.
La puesta en marcha de esta legislación en Estados Unidos ofreció una ventana de oportunidad a quienes estuvieron dispuestos a lucrar con la venta de sustancias alcohólicas y narcóticas al otro lado de la frontera.
El repentino aumento en el flujo de turistas que cruzaron la frontera en busca de estos productos -de 14.130 personas en 1919 a 418.735 un año después- proveyó las bases para el surgimiento de una pequeña pero pujante economía ilícita.
Michoacán y Guerrero son dos estados marcados por la violencia vinculada al narcotráfico.
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El desvío del 60% del polvo blanco destinado al mercado estadounidense a territorio mexicano marca el cambio de una etapa a la siguiente, así como el surgimiento de una cada vez más pujante y violenta economía de servicios y de tránsito.
Dos son quizás las explicaciones más comunes sobre la irrupción en México de una economía ilícita de drogas cada vez más anárquica y violenta.
La primera, acertadamente, atribuye la explosión de este mercado caótico y violento a la operación Hat Tricks -una operación militar con la que Washington buscó "sellar" Florida y evitar la entrada de cocaína por dicho estado- y al consecuente desvío del flujo de cocaína destinada al mercado estadounidense del Caribe y la Florida a territorio mexicano.
La segunda pone el énfasis en la apertura de oportunidades para el movimiento de mercancías ilícitas asociada a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC).
¿Tierra de oportunidades?
En México, como en muchos otros países en desarrollo, la presencia de mano de obra barata, la disponibilidad de tierra a bajos precios y la aplicación intermitente de la ley habían ofrecido, durante décadas, ventajas comparativas para la producción y el trasiego de marihuana y opio.
Ciertas zonas de México presentan una economía pujante - en algunos casos, por el dinero del narco.
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En las nuevas condiciones, la ya de por sí reducida capacidad de hacer cumplir la ley se vio de tajo cercenada.
Al control precario de la nueva economía criminal habría que añadir la ausencia de horizontes económicos para la población.
Las presiones desatadas por la crisis de la deuda de la década de los 80, y la persistente atonía de la economía, fueron creando un sector de la población sin empleo fijo.
Cuando llegaron los 90, el TLC pareció abrir un resquicio para la recuperación económica. Sin embargo, a la vuelta de más de una década sabemos que entre sus éxitos no figuró un aumento importante en el crecimiento económico o el empleo.
En estas condiciones, el desempleo no fue sólo el motor del flujo creciente de indocumentados, sino también de un sector que algunos llaman "informal" y, por consiguiente, de una reserva importante de mano de obra para la nueva economía ilícita de servicios para el tráfico de cocaína.
En otras palabras, la participación de la población en las actividades ilícitas no sólo aumentó de manera gradual y sostenida, sino que también se diversificó.
Si en las décadas anteriores el rasgo más característico de esta participación había sido la presencia de campesinos en los campos de cultivo de los estados productores -estimada en 1965 en unos 200 a 300 mil campesinos-, para 1980 la nueva economía ilícita no sólo había incorporado nuevas actividades, sino que requería del talento de las profesiones y del mundo de los negocios.
Se buscan profesionales
En la nueva, boyante y diversificada economía ilícita de los 90 -con sus ramificaciones en la industria del robo de autos, la prostitución y trata de personas, el secuestro y otras actividades- nos topamos por igual con la presencia de transportistas, cargadores, secretarias, contadores y administradores, pilotos, abogados o asesores financieros.
Al comenzar el siglo XXI, a estas "profesiones" habría que añadir también las de vigilantes, sicarios y ejércitos privados que hoy tiñen de rojo las planas de los principales diarios.
La presencia de mano de obra barata, la disponibilidad de tierra a
bajos precios y la aplicación intermitente de la ley habían ofrecido,
durante décadas, ventajas comparativas para la producción y el trasiego
de marihuana y opio
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Luego de estudiar cuidadosamente ambas experiencias, varios investigadores llegaron a una misma conclusión: el éxito había sido posible gracias a la presencia de al menos tres ingredientes que habían coincidido de manera afortunada.
Tanto en México como en Turquía, las políticas de erradicación y control de drogas fueron desplegadas en un contexto en el que el Estado no sólo mantenía un férreo monopolio sobre la violencia, sino que ejercía también una sólida autoridad central y disfrutaba de una relativa salud e independencia económica.
En ambos países, la presencia de estos tres ingredientes hizo posible el éxito de sus respectivas campañas.
Un panorama bien diferente, por cierto, al que hoy reportan los expertos en México.
Cualquiera que en los últimos tres años haya hecho un recorrido de los aterradores titulares de la prensa mexicana no puede sino preguntarse por el monopolio de la fuerza organizada. ¿Aún podemos hablar de que ésta está en manos del Estado?
La apertura política trajo consigo el debilitamiento del poder ejecutivo, hasta entonces pieza clave de la autoridad central del Estado, a lo que se añade la presencia de una economía débil, que por más de tres décadas no ha podido ofrecer oportunidades y alternativas a quienes forman parte de la población económicamente activa, o a quienes quieren integrarse a ella.
El hecho de no tener disponibles índices o indicadores claros para medir con exactitud el problema no impide imaginar las razones por las que muchos mexicanos han optado por engrosar las filas de las economías informal e ilícita.
Limitaciones, dificultades e incertidumbre, que dan por resultado tráfico, violencia y muerte. Por donde se lo mire, el saldo ha sido aterrador.
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