Un grupo de indígenas lleva detenido a un supuesto miembro de las FARC al que capturaron en Belén, en el Cauca, el miércoles. / LUIS ROBAYO (AFP)
Los indígenas tomaron sus bastones de madera y empujaron a los
militares. Les arrojaron tierra en la cara y los amenazaron con
machetes. “¡Váyanse con su guerra a otra parte!”, les gritaron el pasado
martes desde las empinadas montañas de Toribío, departamento del Cauca.
Los indígenas no quieren al Ejército, ni a la guerrilla de las FARC,
intercambiando tiros en sus territorios ancestrales. Por eso echaron a
los militares del cerro Berlín, conocido como las Torres. En los
enfrentamientos, un indígena murió tiroteado por un soldado por no
atender una orden de alto en un retén en el municipio de Caldono.
Tras estos hechos, en las ciudades políticos, analistas y periodistas de las ciudades discutían, cuando alguien escribió en Twitter: “Llora un soldado y Colombia se conmueve; muere un indígena y a nadie le importa”. En parte, tiene razón. Pero la revuelta de estos indígenas puede cambiar las cosas. Ahora, importa. Por primera vez, el Estado colombiano está obligado a implicarse en los problemas de estas personas. El Estado ha desembarcado en el Cauca y eso cambia el panorama en la lucha contra la guerrilla.
La belleza del Cauca es extraordinaria. Allí nacen las tres cordilleras y los ríos Cauca y Magdalena que atraviesan el país. En ese entorno vive un millón y medio de personas. El 64% es pobre (Banco Mundial). De estos, el 36% vive en la miseria absoluta. Y de los desheredados, 300.000 son indígenas paeces y guambianos.
En este departamento surgieron grupos guerrilleros de indígenas como el Quintín Lame, como respuesta a los ataques de civiles armados contra dirigentes indígenas. Por sus condiciones geográficas, la zona del Cauca es ideal para la lucha armada. Aquí nacieron las FARC. Desde estas montañas, el grupo M-19 logró poner en jaque al Estado. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizados entre 2003 y 2006) enviaron allí a sus más sanguinarios matones para hacer masacres como la que ocurrió en la zona del Naya, en 2001, donde asesinaron a más de cien indígenas y campesinos.
Ahora están cansados de verse atrapados en la guerra. Ven a la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública como invasores. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca en una declaración cuando se enfrentaron a la policía: “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”.
Todos saben que quien controla el Cauca puede cambiar para siempre el conflicto armado colombiano. No solo porque el área es ideal para el tráfico de armas, sino por sus extensos cultivos de coca y marihuana cripy, la de más alta calidad en Colombia. Al igual que en el resto de las zonas cocaleras del país, los narcos que han llegado al Cauca mezclan la coca con cultivos lícitos, especialmente plátano, con lo cual la erradicación mediante aspersión aérea es casi una quimera. Y sobre el terreno es imposible. Nadie sabe con qué actor armado se va a topar detrás de un cerro.
“El Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas de Colombia, es un territorio estratégico para la guerrilla”, dice Carlos Franco, exdirector del Programa Presidencial de Derechos Humanos. “El 80% de las acciones armadas se concentran en cinco departamentos del territorio nacional, y el Cauca es uno de esos”, añade.
Colombia tiene una de las más modernas Constituciones en defensa de los indígenas. La Carta Magna de 1991 les dio una autonomía sin igual. Con la letra en la mano los indígenas decidieron expulsar a los militares. Esa autonomía indígena debe darse “de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución”, por eso el presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía para que actúe contra los que sacaron por la fuerza a los militares las Torres. Según el Código Penal es “violencia contra servidores públicos”.
Muchos creen que la desconfianza entre el Estado y los indígenas está seriamente lesionada. Es en este contexto que ha emergido la figura del juez español Baltasar Garzón, a quien los indígenas han reclamado para facilitar el diálogo. Para Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, “es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Garzón entre como mediador es buena”. El presidente Santos, que ha mostrado su admiración por Garzón, no quiere delegar un tema tan sensible en un extranjero.
El diálogo ya ha comenzado. El Estado sabe que reforzar la presencia del Ejército y Policía empeorará las cosas. Pero los días pasan y la mecha encendida en el Cauca cada vez se acerca más a un barril de pólvora.
Tras estos hechos, en las ciudades políticos, analistas y periodistas de las ciudades discutían, cuando alguien escribió en Twitter: “Llora un soldado y Colombia se conmueve; muere un indígena y a nadie le importa”. En parte, tiene razón. Pero la revuelta de estos indígenas puede cambiar las cosas. Ahora, importa. Por primera vez, el Estado colombiano está obligado a implicarse en los problemas de estas personas. El Estado ha desembarcado en el Cauca y eso cambia el panorama en la lucha contra la guerrilla.
La belleza del Cauca es extraordinaria. Allí nacen las tres cordilleras y los ríos Cauca y Magdalena que atraviesan el país. En ese entorno vive un millón y medio de personas. El 64% es pobre (Banco Mundial). De estos, el 36% vive en la miseria absoluta. Y de los desheredados, 300.000 son indígenas paeces y guambianos.
En este departamento surgieron grupos guerrilleros de indígenas como el Quintín Lame, como respuesta a los ataques de civiles armados contra dirigentes indígenas. Por sus condiciones geográficas, la zona del Cauca es ideal para la lucha armada. Aquí nacieron las FARC. Desde estas montañas, el grupo M-19 logró poner en jaque al Estado. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizados entre 2003 y 2006) enviaron allí a sus más sanguinarios matones para hacer masacres como la que ocurrió en la zona del Naya, en 2001, donde asesinaron a más de cien indígenas y campesinos.
Ahora están cansados de verse atrapados en la guerra. Ven a la guerrilla, los paramilitares y la fuerza pública como invasores. En palabras del Consejo Regional Indígena del Cauca en una declaración cuando se enfrentaron a la policía: “Desmontamos las trincheras de la policía para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra”.
Todos saben que quien controla el Cauca puede cambiar para siempre el conflicto armado colombiano. No solo porque el área es ideal para el tráfico de armas, sino por sus extensos cultivos de coca y marihuana cripy, la de más alta calidad en Colombia. Al igual que en el resto de las zonas cocaleras del país, los narcos que han llegado al Cauca mezclan la coca con cultivos lícitos, especialmente plátano, con lo cual la erradicación mediante aspersión aérea es casi una quimera. Y sobre el terreno es imposible. Nadie sabe con qué actor armado se va a topar detrás de un cerro.
“El Cauca es el departamento que concentra el mayor número de acciones armadas de Colombia, es un territorio estratégico para la guerrilla”, dice Carlos Franco, exdirector del Programa Presidencial de Derechos Humanos. “El 80% de las acciones armadas se concentran en cinco departamentos del territorio nacional, y el Cauca es uno de esos”, añade.
Colombia tiene una de las más modernas Constituciones en defensa de los indígenas. La Carta Magna de 1991 les dio una autonomía sin igual. Con la letra en la mano los indígenas decidieron expulsar a los militares. Esa autonomía indígena debe darse “de conformidad con sus propias normas, siempre que no sean contrarios a la Constitución”, por eso el presidente, Juan Manuel Santos, instó a la Fiscalía para que actúe contra los que sacaron por la fuerza a los militares las Torres. Según el Código Penal es “violencia contra servidores públicos”.
Muchos creen que la desconfianza entre el Estado y los indígenas está seriamente lesionada. Es en este contexto que ha emergido la figura del juez español Baltasar Garzón, a quien los indígenas han reclamado para facilitar el diálogo. Para Iván Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes, “es necesario crear puentes y en ese sentido la propuesta de que Garzón entre como mediador es buena”. El presidente Santos, que ha mostrado su admiración por Garzón, no quiere delegar un tema tan sensible en un extranjero.
El diálogo ya ha comenzado. El Estado sabe que reforzar la presencia del Ejército y Policía empeorará las cosas. Pero los días pasan y la mecha encendida en el Cauca cada vez se acerca más a un barril de pólvora.
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