AP | Por Por JACQUES BILLEAUD
Abogados de los demandantes concluyeron el martes la presentación de sus pruebas contra Arpaio.
Sin embargo, expertos juristas aseguran que el grupo de hispanos que presentó la demanda civil contra Arpaio, autodenominado el "alguacil más severo de Estados Unidos", tienen todavía el gran desafío de convencer al juez de que el departamento del jefe policial incurrió en discriminación sistemática.
"Estos casos son difíciles de materializar y difíciles de ganar en la mejor de las circunstancias", señaló David A. Harris, profesor de leyes en la Universidad de Pittsburgh, que estudia el encasillamiento racial y escribió un libro sobre el tema.
Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, Arizona, ha refutado reiteradamente las acusaciones de que su departamento discrimina a los hispanos y asegura que sus agentes sólo detienen a personas cuando creen que algún delito fue cometido.
Sin embargo, los demandantes afirman que los agentes los detuvieron cuando conducían sus vehículos solamente para verificarles la condición migratoria durante patrullajes regulares de tránsito y las redadas migratorias especiales que ordena el alguacil.
Dan Pochoda, abogado de la representación en Arizona de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, que impulsó el caso a favor de los demandantes, dijo que su organización confía en la evidencia circunstancial.
"En rara ocasión hay alguna evidencia flagrante en este tipo de casos", señaló Pochoda.
Los últimos testimonios serán rendidos esta semana, y el juez federal Murray Snow será quien emita fallo en el caso.
Según los expertos, no es suficiente para los abogados de los demandantes mostrar que una persona o un grupo de personas fueron discriminadas por agentes del aguacil. Se necesita mayor evidencia para sustentar las acusaciones, como testimonios y estadísticas, dijo Harris.
Con ese fin, los abogados de los demandantes han presentado a personas que rompieron en llanto mientras describían sus encuentros con las autoridades. Estas personas dijeron que se les detuvo sólo porque eran hispanas y porque los agentes querían verificar su condición migratoria, no porque hubieran cometido alguna infracción.
Los abogados de Arpaio y el departamento negaron las conductas imputadas y a menudo maniobraron para mostrar que los agentes tuvieron causa probable para detener a los conductores por alguna infracción de tránsito.
Los abogados de los demandantes también presentaron estadísticas para mostrar que es mayor la probabilidad de que los hispanos sean detenidos durante los patrullajes en busca de inmigrantes sin permiso para estar en el país. También afirmaron que las salvaguardas del departamento contra la discriminación son frágiles.
De igual manera mostraron correos electrónicos que contenían bromas ofensivas sobre las personas de ascendencia mexicana que circulaban entre los empleados del departamento del alguacil, incluido un supervisor en el escuadrón de Arpaio para el combate al tráfico de inmigrantes.
Los demandantes también acusaron a Arpaio de efectuar algunos patrullajes con base en cartas en las que residentes del condado se quejaban de que personas de piel oscura estaban reunidas o hablaban español, pero en las que no se decía que estuvieran implicadas en actividad delictiva.
Los abogados de la defensa rechazaron las conclusiones sobre las estadísticas y afirmaron que los agentes que difundieron las bromas ofensivas fueron disciplinados. También negaron que debido a las quejas en las cartas se efectuaran patrullajes con motivos discriminatorios.
Asimismo, los abogados de Arpaio solicitaron al juez Snow que desestimara el caso, en parte con el argumento de que los testimonios no sustentaron las acusaciones de los demandantes de que eran inadecuadas las salvaguardas para impedir la discriminación racial.
El juez rechazó esta petición y dispuso la continuación del juicio.
El juicio constituye el primer caso en el que la oficina de un alguacil es acusada de discriminación racial sistemática contra los hispanos y servirá de precedente para una demanda de derechos civiles más amplia que el Departamento de Justicia federal presentó contra Arpaio y su oficina.
Funcionarios del condado de Maricopa dijeron que un proceso en el que se hacía una acusación similar contra la oficina del alguacil fue zanjada el año pasado sin que se reconociera que hubo proceder indebido.
Los demandantes en el caso actual no solicitan una indemnización, sino una declaración en la que se afirme que la oficina de Arpaio incurre en discriminación racial, así como una orden que obligue a hacer cambios de política. Si Arpaio pierde el caso, no iría a prisión ni se le impondrían multas.
Si gana el jefe policial, este resultado socavará considerablemente el caso federal en su contra, el cual incluye acusaciones similares y que también se centra en los patrullajes especiales contra inmigrantes.
Durante las operaciones policiales, los agentes llegan en grandes números a alguna zona de la ciudad —en algunos casos lugares con alta densidad de población hispana— y durante varios días buscan infractores de tránsito y arrestan a otro tipo de infractores.
Los inmigrantes sin autorización para estar en Estados Unidos representan 57% de las 1.500 personas arrestadas en las 20 redadas que efectuó la oficina de Arpaio desde enero de 2008, según estadísticas de la misma oficina. Desde octubre, la oficina de Arpaio no ha efectuado ningún patrullaje especial.
Gabriel J. Chin, profesor de leyes de la Universidad de Davis, cuya especialidad incluye raza y ley, dijo que los casos de discriminación son difíciles de demostrar porque siempre se presenta una explicación alternativa. Sin embargo, Chin dijo que las explicaciones alternativas pueden obrar en contra de alguna agencia.
"En algún punto, se solicita al investigador de los hechos que acepte muchas coincidencias", señaló Chin.
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