El 38% de la cocaína incautada desde 2008 estaba camuflada entre los contenedores que llegan al Puerto de Valencia. / JOSÉ JORDÁN
El teniente Benítez defiende una consigna tan obvia como certera. “La
coca es muy mala y mueve mucho dinero. No conviene olvidarlo…”. Desde
un espartano despacho en el cuartel de Cantarranas, en el barrio
valenciano de Natzaret, el jefe de la sección fiscal del puerto de Valencia,
traza a diario la estrategia para blindar la entrada del polvo blanco.
Pilota a más de cien guardias civiles, que rotan con periodicidad
imprevisible para “evitar problemas y tentaciones”. El escenario son las
despejadas instalaciones portuarias, una superficie que equivale a 600
campos de fútbol y que pasa por encabezar en España el tráfico de contenedores: cerca de 2.000 diarios, según la Aduana Marítima.
El instituto armado y el teniente Benítez saben que el liderazgo comercial del puerto —64 millones de toneladas anuales— y las conexiones con países calientes de Sudamérica son una ecuación peligrosa. Valencia actúa como enlace de inversiones y también de punto estratégico en la ruta de la cocaína. La Aduana Marítima incautó desde el inicio de la crisis, en 2008, 9.615 kilos de cocaína, el 38,6% de todas las aprehensiones en España, según este organismo que depende de la Agencia Tributaria y que confirma que el puerto valenciano podría ser, tras el de Amberes, la segunda frontera comunitaria de la cocaína. Detrás se situarían Rotterdam, Barcelona y Tarragona.
La concesión condicional del podría no es gratuita. La Guardia Civil defiende que no existe (necesariamente) una relación entre las cantidades incautadas y el tráfico real. “Las aprehensiones han aumentado por el incremento comercial y la eficacia [de los registros]”, añade Marta Catalán, administradora de la Aduana Marítima, que quita hierro a un informe de la ONU elaborado con datos de 2007 que situaba a Valencia como el colador europeo de la droga. La Aduana, además, dice manejar informes que apuntan a la tendencia de los narcos a reducir los cargamentos para aminorar el impacto económico de las capturas y el desvío a rutas alternativas por el efecto “de la colaboración policial”.
Son las 12.00. El cóctel de humedad y calor asfixia. Un guardia civil supervisa la apertura de 30 camiones en la zona de control aduanero, donde se escrutan uno de cada cinco contenedores de entrada. Abrir todas las cargas resulta imposible: exigiría multiplicar por 20 los agentes, retrasaría los envíos tres horas y encarecería 1.000 euros los portes de cada contenedor. “Realmente se revisan todas las mercancías de riesgo”, matiza José Manuel Parra, de la contrata FCC Logística, cuyos operarios —todos civiles— refuerzan el trabajo de los agentes de la Aduana y la Guardia Civil. Se comprueban permisos y la carga, una titánica labor que abarca desde detectar falsificaciones de la última versión del iPhone a frenar la entrada de plagas de una partida de bonsáis. El equipo tiene la misión de identificar los dos contenedores con sorpresa —droga— que de media recalan mensualmente en Valencia. Los registros combinan el carácter aleatorio con la revisión a conciencia de las mercancías procedentes de Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia, que fueron en 2011 los principales emisores de la droga que recaló en España a través de Valencia.
Cuando la revisión ocular no es suficiente o existen indicios de una
entrada por un chivatazo de las policías Europol, Interpol o la DEA, la
agencia antidroga estadounidense, el contenedor puede ser sometido al
casi infalible escáner, una máquina gigante controlada por un par de
experimentados operarios de la Agencia Tributaria y el instituto armado
que desgrana los detalles de un contenedor, sus posibles dobles fondos y
eventuales recovecos para esconder la droga. EL PAÍS asiste al
funcionamiento del avanzado aparato, pero se ocultan detalles aduciendo
motivos de seguridad. El escáner permitió hace unos meses descubrir una
hilera de fardos de cocaína incrustados en el falso techo de un camión.
El transportista, como en la mayoría de los casos, no fue detenido, ya
que se le consideró un mero operario que desconocía el contenido de la
carga.
Tirar del hilo que conduce hasta la pirámide del clan mafioso es una tarea minuciosa. Exige rastrear tarjetas de crédito, cuentas y empresas. En ocasiones, el puerto de Valencia representa la pieza suelta de un puzzle donde la discreción y la colaboración policial son claves. La madrugada de la jornada que este periódico visitó el puerto se incautaron 90 kilos de cocaína. La aprehensión apenas trascendió para no frustrar una investigación de largo recorrido. “Hay veces que es complicado y la investigación puede llegar hasta donde puede llegar”, admite el teniente Moisés de la Guardia Civil, que niega la presunta rivalidad con la Policía Nacional en las operaciones de narcotráfico.
La tenacidad supone otro factor clave, como recuerda un agente con más de dos décadas de experiencia. “Tras un exhaustivo registro en un chalé a las afueras de Valencia donde no encontramos nada, volvimos días después con el perro, que se puso a ladrar de forma violenta junto a la pared. El olor le venía del enchufe, que actuaba como transmisor del techo. Rompimos la talla y comenzó a nevar”, recuerda apasionado.
Las mafias se reinventan para colocar la mercancía. De métodos
sofisticados como impregnar el polvo blanco en la ropa o diluirlo en un
champú al rudimentario gancho libre, que gana enteros en el puerto de
Valencia, según fuentes policiales. Su funcionamiento es sencillo. Antes
de pasar la revisión aduanera, a plena luz, se extrae la bolsa con
cocaína de un contenedor con mercancía convencional. Se sustituye el
precinto de seguridad en una de las zonas de sombra (sin cámaras) y la
carga pasa desapercibida los controles. El cambiazo requiere de la
participación de dos a cuatro personas, según la Guardia Civil, con una
probabilidad muy alta de que se trate de profesionales que se mueve con
facilidad por un puerto, que genera 15.000 empleos directos e
indirectos, según Valenciaport. “Sé que hay personas dentro [del puerto]
que están en el ajo, pero no puedo probarlo”, explica un responsable
del instituto armado que participó hace unos meses en la captura de
7.000 kilos de hachís camuflados en unos tubos de invernadero y que
requirió la contratación de un mecánico con una radial.
La Guardia Civil que opera en el puerto de Valencia admite que la crisis facilita la labor de captación de los narcos. Un correo, el encargado de transportar un cargamento, cobra una media de 6.000 euros por llevar cinco kilos de cocaína, que se venden en el mercado primario por 250.000 euros. Es el primer eslabón de la cadena (90% de pureza). El precio de la mercancía se multiplica por 10 cuando cambia de manos, desciende a los adinerados ambientes y se adultera con sustancias como cal de la pared o matarratas.
Las mareantes cifras del ingente negocio de la cocaína suscitan una pregunta. ¿Quién controla al controlador? El teniente Benítez admite la complejidad de escrutar todas las piezas de su engranaje. De apariencia afable y responsable, el mando pone la mano en el fuego por sus cien agentes. Piensa en su trabajo “día y noche”. Un compañero suyo explica bajo anonimato por qué nunca aceptaría la oferta de un narco. “Primero te prometen 3.000 euros por hacer la vista gorda, luego 1.500, y más tarde, 100. Si aceptas, la has cagado. Acabarás trabajando gratis para unos delincuentes y con la amenaza de que asesinen a tu familia”.
El instituto armado y el teniente Benítez saben que el liderazgo comercial del puerto —64 millones de toneladas anuales— y las conexiones con países calientes de Sudamérica son una ecuación peligrosa. Valencia actúa como enlace de inversiones y también de punto estratégico en la ruta de la cocaína. La Aduana Marítima incautó desde el inicio de la crisis, en 2008, 9.615 kilos de cocaína, el 38,6% de todas las aprehensiones en España, según este organismo que depende de la Agencia Tributaria y que confirma que el puerto valenciano podría ser, tras el de Amberes, la segunda frontera comunitaria de la cocaína. Detrás se situarían Rotterdam, Barcelona y Tarragona.
La concesión condicional del podría no es gratuita. La Guardia Civil defiende que no existe (necesariamente) una relación entre las cantidades incautadas y el tráfico real. “Las aprehensiones han aumentado por el incremento comercial y la eficacia [de los registros]”, añade Marta Catalán, administradora de la Aduana Marítima, que quita hierro a un informe de la ONU elaborado con datos de 2007 que situaba a Valencia como el colador europeo de la droga. La Aduana, además, dice manejar informes que apuntan a la tendencia de los narcos a reducir los cargamentos para aminorar el impacto económico de las capturas y el desvío a rutas alternativas por el efecto “de la colaboración policial”.
Son las 12.00. El cóctel de humedad y calor asfixia. Un guardia civil supervisa la apertura de 30 camiones en la zona de control aduanero, donde se escrutan uno de cada cinco contenedores de entrada. Abrir todas las cargas resulta imposible: exigiría multiplicar por 20 los agentes, retrasaría los envíos tres horas y encarecería 1.000 euros los portes de cada contenedor. “Realmente se revisan todas las mercancías de riesgo”, matiza José Manuel Parra, de la contrata FCC Logística, cuyos operarios —todos civiles— refuerzan el trabajo de los agentes de la Aduana y la Guardia Civil. Se comprueban permisos y la carga, una titánica labor que abarca desde detectar falsificaciones de la última versión del iPhone a frenar la entrada de plagas de una partida de bonsáis. El equipo tiene la misión de identificar los dos contenedores con sorpresa —droga— que de media recalan mensualmente en Valencia. Los registros combinan el carácter aleatorio con la revisión a conciencia de las mercancías procedentes de Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia, que fueron en 2011 los principales emisores de la droga que recaló en España a través de Valencia.
Abrir todas las cargas resulta imposible:
exigiría multiplicar por 20 los agentes, retrasaría los envíos tres
horas y encarecería 1.000 euros los portes
Tirar del hilo que conduce hasta la pirámide del clan mafioso es una tarea minuciosa. Exige rastrear tarjetas de crédito, cuentas y empresas. En ocasiones, el puerto de Valencia representa la pieza suelta de un puzzle donde la discreción y la colaboración policial son claves. La madrugada de la jornada que este periódico visitó el puerto se incautaron 90 kilos de cocaína. La aprehensión apenas trascendió para no frustrar una investigación de largo recorrido. “Hay veces que es complicado y la investigación puede llegar hasta donde puede llegar”, admite el teniente Moisés de la Guardia Civil, que niega la presunta rivalidad con la Policía Nacional en las operaciones de narcotráfico.
La tenacidad supone otro factor clave, como recuerda un agente con más de dos décadas de experiencia. “Tras un exhaustivo registro en un chalé a las afueras de Valencia donde no encontramos nada, volvimos días después con el perro, que se puso a ladrar de forma violenta junto a la pared. El olor le venía del enchufe, que actuaba como transmisor del techo. Rompimos la talla y comenzó a nevar”, recuerda apasionado.
El escáner permitió hace unos meses descubrir una hilera de fardos de cocaína incrustados en el falso techo de un camión
La Guardia Civil que opera en el puerto de Valencia admite que la crisis facilita la labor de captación de los narcos. Un correo, el encargado de transportar un cargamento, cobra una media de 6.000 euros por llevar cinco kilos de cocaína, que se venden en el mercado primario por 250.000 euros. Es el primer eslabón de la cadena (90% de pureza). El precio de la mercancía se multiplica por 10 cuando cambia de manos, desciende a los adinerados ambientes y se adultera con sustancias como cal de la pared o matarratas.
Las mareantes cifras del ingente negocio de la cocaína suscitan una pregunta. ¿Quién controla al controlador? El teniente Benítez admite la complejidad de escrutar todas las piezas de su engranaje. De apariencia afable y responsable, el mando pone la mano en el fuego por sus cien agentes. Piensa en su trabajo “día y noche”. Un compañero suyo explica bajo anonimato por qué nunca aceptaría la oferta de un narco. “Primero te prometen 3.000 euros por hacer la vista gorda, luego 1.500, y más tarde, 100. Si aceptas, la has cagado. Acabarás trabajando gratis para unos delincuentes y con la amenaza de que asesinen a tu familia”.
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