Jorge Ramos
Se vale quejarse. Se vale no estar de acuerdo con la decisión del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se
negó a invalidar la elección presidencial en México del primero de
julio. Se vale protestar y resistir. Y se vale buscar todas las formas
posibles para oponerse al priísta Enrique Peña Nieto. Pero es preciso
hacerlo de una manera no violenta, inteligente, democrática y ejemplar.
En ojos de millones de mexicanos, el Tribunal Electoral decidió que sí se puede ganar con trampa una elección presidencial en México y así le dio a Peña Nieto el triunfo en las pasadas elecciones. El problema es que la decisión no aclaró muchas sospechas que aún quedan sobre la imparcialidad y legitimidad del proceso. Eso dejó a México dividido.
El presidente del Tribunal, José Alejandro Luna, dijo que “se considera jurídicamente improcedente acoger la pretensión de la coalición (Movimiento Progresista) de anular las elecciones”. Los siete magistrados del tribunal no encontraron pruebas suficientes de iregularidades que pudieran modificar el resultado final. Pero lo que ellos no vieron sí lo han visto, y muchas veces, otros mexicanos.
Ahí están las miles de tarjetas de débito repartidas con la intención de comprar votos. Y ahí están también todos los comerciales de televisión que hizo durante años Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, para promover su imagen y su campaña a Los Pinos. Algunos de esos comerciales los hizo su actual esposa, Angélica Rivera. El gasto es en decenas de millones de dólares.
Lo que es obvio y evidente para millones de mexicanos –las tarjetas y los comerciales– no lo fue para los jueces del TEPJF. Por eso las acusaciones de que tomaron partido, de cinismo y de poco rigor legal. Imposible saber si la compra de votos y la campaña televisiva fueron determinantes en el resultado del primero de julio. Pero está claro que hubo trampa.
Ante estos abusos electorales, muchos mexicanos ya no quieren decir “ni modo”. Esa fue la respuesta típica por más de medio siglo. Pero, afortunadamente, nuestra cultura política ya no la acepta más. La pregunta, entonces, es ¿qué hacer?
En mis tres décadas como periodista me ha tocado cubrir muchas elecciones en el continente con resultados confusos y cuestionados. Y esto nos puede dar una idea sobre qué hacer con el caso mexicano.
Estuve en Colombia cuando acusaron al presidente Ernesto Samper de haber ganado la elección de 1994 con 6 millones de dólares del narcotráfico. Su opositor, Andrés Pastrana, nunca dejó de criticar a Samper ni lo reconoció. Cuatro años más tarde, Pastrana fue elegido presidente de Colombia.
Tras una serie de elecciones poco claras, la oposición nicaragüense (unida en la candidata Violeta Barrios de Chamorro) le arrebató a los sandinistas el poder en 1990. La lucha y las protestas contra Daniel Ortega, y todo el aparato electoral que aseguraba sus victorias, continuó hasta que lo sacaron de la presidencia. Con votos, no con balas.
La misma estrategia está siguiendo la oposición en Venezuela para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. A mí y a millones de venezolanos nos ha tocado ver como el presidente Hugo Chávez ha utilizado y abusado de todos los recursos del estado para buscar su reelección. Es obvio que usa el presupuesto como su cofre electoral y que intimida y amenaza a sus opositores. La oposición nunca ha reconocido sus supuestos “triunfos” en 13 años. Pero ahora, con un candidato único, Henrique Capriles, tratará de ganarle a él y a todo un sistema que confabula contra sus opositores.
No veo, sin embargo, que en México pueda resolverse el conflicto post-electoral como ocurrió en Estados Unidos en el 2000. Aunque Al Gore dijo públicamente que no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia (que paró un recuento total de votos), aceptó su dictamen final y George W. Bush se convirtió en presidente. En México, desafortunadamente, no existe esa misma confianza en las instituciones. No todos ven al Instituto Federal Electoral (IFE) y al TEPJF como entes independientes e imparciales.
Así que las lecciones de Colombia, Nicaragua y Venezuela son muy claras y pueden aplicarse a México. En nuestros países, muchas veces hay fraudes e irregularidades. Muchos presidentes latinoamericanos, al igual que Peña Nieto, han ganado con trampa. Pero en política la mejor venganza es el éxito en las urnas.
El candidato Andrés Manuel López Obrador, sus seguidores y los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 tienen todo el derecho –y yo diría que hasta la obligación– de no dejarse. Ellos decidirán qué camino seguir para protestar lo que consideran una “imposición” y resistir por seis años un gobierno priísta. Insisto, sin violencia. En México ya no hay lugar para un muerto más.
Su misión es clara: no hay que dejarse. Nunca. Y están dejando en evidencia a los que hicieron trampa para que nadie, nunca más, lo vuelva a hacer. La democracia solo avanza a pasitos y se arma desde abajo, no desde arriba.
Al final de cuentas lo que importa no es la protesta sino el poder (y con él la posibilidad de cambiar al país). El gran reto de la izquierda y de la oposición democrática en México es transformar este conflicto en una victoria electoral en el 2018.
En ojos de millones de mexicanos, el Tribunal Electoral decidió que sí se puede ganar con trampa una elección presidencial en México y así le dio a Peña Nieto el triunfo en las pasadas elecciones. El problema es que la decisión no aclaró muchas sospechas que aún quedan sobre la imparcialidad y legitimidad del proceso. Eso dejó a México dividido.
El presidente del Tribunal, José Alejandro Luna, dijo que “se considera jurídicamente improcedente acoger la pretensión de la coalición (Movimiento Progresista) de anular las elecciones”. Los siete magistrados del tribunal no encontraron pruebas suficientes de iregularidades que pudieran modificar el resultado final. Pero lo que ellos no vieron sí lo han visto, y muchas veces, otros mexicanos.
Ahí están las miles de tarjetas de débito repartidas con la intención de comprar votos. Y ahí están también todos los comerciales de televisión que hizo durante años Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, para promover su imagen y su campaña a Los Pinos. Algunos de esos comerciales los hizo su actual esposa, Angélica Rivera. El gasto es en decenas de millones de dólares.
Lo que es obvio y evidente para millones de mexicanos –las tarjetas y los comerciales– no lo fue para los jueces del TEPJF. Por eso las acusaciones de que tomaron partido, de cinismo y de poco rigor legal. Imposible saber si la compra de votos y la campaña televisiva fueron determinantes en el resultado del primero de julio. Pero está claro que hubo trampa.
Ante estos abusos electorales, muchos mexicanos ya no quieren decir “ni modo”. Esa fue la respuesta típica por más de medio siglo. Pero, afortunadamente, nuestra cultura política ya no la acepta más. La pregunta, entonces, es ¿qué hacer?
En mis tres décadas como periodista me ha tocado cubrir muchas elecciones en el continente con resultados confusos y cuestionados. Y esto nos puede dar una idea sobre qué hacer con el caso mexicano.
Estuve en Colombia cuando acusaron al presidente Ernesto Samper de haber ganado la elección de 1994 con 6 millones de dólares del narcotráfico. Su opositor, Andrés Pastrana, nunca dejó de criticar a Samper ni lo reconoció. Cuatro años más tarde, Pastrana fue elegido presidente de Colombia.
Tras una serie de elecciones poco claras, la oposición nicaragüense (unida en la candidata Violeta Barrios de Chamorro) le arrebató a los sandinistas el poder en 1990. La lucha y las protestas contra Daniel Ortega, y todo el aparato electoral que aseguraba sus victorias, continuó hasta que lo sacaron de la presidencia. Con votos, no con balas.
La misma estrategia está siguiendo la oposición en Venezuela para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. A mí y a millones de venezolanos nos ha tocado ver como el presidente Hugo Chávez ha utilizado y abusado de todos los recursos del estado para buscar su reelección. Es obvio que usa el presupuesto como su cofre electoral y que intimida y amenaza a sus opositores. La oposición nunca ha reconocido sus supuestos “triunfos” en 13 años. Pero ahora, con un candidato único, Henrique Capriles, tratará de ganarle a él y a todo un sistema que confabula contra sus opositores.
No veo, sin embargo, que en México pueda resolverse el conflicto post-electoral como ocurrió en Estados Unidos en el 2000. Aunque Al Gore dijo públicamente que no estaba de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia (que paró un recuento total de votos), aceptó su dictamen final y George W. Bush se convirtió en presidente. En México, desafortunadamente, no existe esa misma confianza en las instituciones. No todos ven al Instituto Federal Electoral (IFE) y al TEPJF como entes independientes e imparciales.
Así que las lecciones de Colombia, Nicaragua y Venezuela son muy claras y pueden aplicarse a México. En nuestros países, muchas veces hay fraudes e irregularidades. Muchos presidentes latinoamericanos, al igual que Peña Nieto, han ganado con trampa. Pero en política la mejor venganza es el éxito en las urnas.
El candidato Andrés Manuel López Obrador, sus seguidores y los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 tienen todo el derecho –y yo diría que hasta la obligación– de no dejarse. Ellos decidirán qué camino seguir para protestar lo que consideran una “imposición” y resistir por seis años un gobierno priísta. Insisto, sin violencia. En México ya no hay lugar para un muerto más.
Su misión es clara: no hay que dejarse. Nunca. Y están dejando en evidencia a los que hicieron trampa para que nadie, nunca más, lo vuelva a hacer. La democracia solo avanza a pasitos y se arma desde abajo, no desde arriba.
Al final de cuentas lo que importa no es la protesta sino el poder (y con él la posibilidad de cambiar al país). El gran reto de la izquierda y de la oposición democrática en México es transformar este conflicto en una victoria electoral en el 2018.
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