UNA VEZ MAS LA FORMA SE IMPONE AL
FONDO
No hay malestar con la
democracia, pero hay malestar en la democracia mexicana
OLGA ARMIDA GRIJALVA
La
problemática de las elección en México, se ubica básicamente en la
transparencia, término que la Real Academia Española de la lengua la define
como “claro, evidente, que se comprende, sin dudas ni ambigüedades”
transparentar las elecciones en México
significa garantizar la aplicación
puntual de los principios rectores
establecidos en el artículo 41 constitucional: certeza imparcialidad,
objetividad, legalidad e independencia,
para que no queden dudas ni ambigüedades
Sin
embargo la actitud fraudulenta de la clase política mexicana ha sido una
constante a lo largo de la historia de
nuestro país, nuestras elecciones han estado carentes de transparencia, luego
entonces, no es de sorprendernos las
irregularidades en la reciente elección presidencial.
Las autoridades electorales con cinismo ramplón, una vez más privilegian la
forma sobre el fondo y con ello pretendieron ocultar los vicios y corruptelas
en que incurrió la coalición PRI-PVEM
Después
de escuchar la argumentación en que se basaron los magistrados del tribual
electoral para declarar la validez de la elecciones del 1 de julio de 2012,
vino a mi mente el pasado electoral de
México, ya no digamos el del siglo X1X sino el del siglo pasado, donde en las elecciones se percibía cual candidato
tenía el apoyo de los elementos oficiales, y se sabía de antemano que
triunfaría el que contara con ese apoyo de los elementos oficiales, y no aquel
por quien el pueblo quería vota y por quien no voto, en algunos casos por que
se le impidió hacerlo por medio de ardides electorales censos mal hechos,
casillas igualmente mal instaladas o fuera de hora, urnas embarazadas, etc.
etc.
Más
cercano a nuestra memoria tenemos las
elecciones de 1988 que al margen de la organización de esa elección “se cayó el
sistema” y con la complicidad del PAN el PRI impuso a Salinas como presidente y
las boletas fueron quemadas
Y
qué decir de las elecciones del 2006, que no obstante la gran reforma
constitucional y su legislación
secundaria, de 1997 el presidente de la república y el consejo coordinador
empresarial implementando una guerra sucia y al margen de la legislación
electoral se asumieron actores políticos
en la contienda electoral. Con actitud
complaciente el Instituto Federal Electoral asumió una política de
“avestruz,” ante estas actuaciones,
En
cuanto a los magistrados estos no
consideraron causales suficientes para anular la elección, se ubicaron como magistrados del siglo XV111 considerando
a la ley como fuente primordial del orden jurídico, con interpretaciones
meramente declarativas de los textos legales, concibiendo al derecho como dato
y no como hecho, de esta complicidad institucional se configuro el fraude
conocido “haiga sido como haiga sido”
La
recién pasada elección presidencial no corrió mejor suerte, a pesar de los
candados impuestos en la reforma constitucional de 2007 y la legislación
electoral que estableció las bases para
una sana política de fiscalización y control, así como, responder al reclamo
social de máxima transparencia en la atención de los recursos por parte de los
partidos políticos. El comportamiento del órgano encargado de la organización
de la elección, sus miembros se mostraron
medroso y tibio en la toma de decisiones, sin fortaleza para defender la
institución ante unas elecciones plutocráticas; Un consejo general que no pudo
o no quiso poner orden al desbordamiento de recursos financieros utilizados por
la coalición compromiso por México, escudados en formalismos legales,
Por
lo que respecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
opción por el formalismo jurídico que opto′, lo coloco como la cenicienta del legislador “la ley es la ley” y por encima de todo
debe de ser obedecida, los magistrados olvidaron que un fallo, una sentencia,
no es únicamente un proceso de descubrimiento de lo que la ley dice, es ante
todo un proceso de creación.
Se
voto el dictamen considerando que no hubo compra ni coacción del voto; que los
medios de comunicación actuaron con imparcialidad; que las encuestas no fueron
manipuladas para favorece al candidato priista; no hubo campaña encubierta de
televisa y otros medios a favor del candidato Peña Nieto
Rechazaron
que no hubo injerencia de los gobiernos estatales de extracción priista, no se
probo′ que los monederos de Banco Monex o las tarjetas Soriana fueron
utilizados para comprar votos; tampoco se pudo acreditar a juicio de los
magistrados el rebase de topes de gasto de campaña. En síntesis los magistrados consideraron infundada la demanda del movimiento progresista de
declarar la invalidez de la elección presidencial.
Persistió
en los magistrados el modelo tradicional-formal de normas, centrando el análisis en elementos dados por
la ley, que no son capaces de dar noticia de la complejidad del derecho, que no
es solo norma u ordenamiento, es también argumentación. La argumentación por
principios debió ser la postura de los magistrados, abandonando la subsunción y
la aplicación mecánica, y aplicar la sustitución de la interpretación literal,
abandonando el silogismo jurídico formal sustituyéndolo por la ponderación y la
razonabilidad
Los
magistrados olvidaron que el derecho es algo más que la ley, y más que conocer
las reglas, deben aprehender el ethos del ordenamiento y del sistema jurídico
en su relación con el contexto social, (como lo ameritaba el caso de la impugnación de la elección
presidencial) En otras palabras, era
válido en función de robustecer la democracia, actuar desplazando al
derecho en favor de la interpretación.
Los
magistrados ignoraron que el derecho no tiene,
un carácter sistemático o coherente, lo que deja en manos del juzgador
la respuesta ante casos concretos. El derecho no puede quedar encorsetado a la
ley, hay otras fuentes sociales que compiten con ella y que han de estar ponderadas por el
interprete, igualmente la letra de la ley se muestra necesariamente
insuficiente, en el sentido de que tras
los enunciados late un fin o interés social que han de pesar en la decisión
judiciales
Los
magistrados olvidaron que la comprensión
de los enunciados jurídicos no es, en ningún caso, una tarea simplemente
receptiva, pasiva o mecánica, sino que requiere de una especial actitud
hermenéutica donde la sociedad y la cultura recrean o renuevan el texto mudo de
la ley y que debieron hurgar en el caso concreto, dado que en gran medida la
vox populi concebía la elección
sumamente viciada
Esa
flexibilidad la tienen los juzgadores, flexibilidad que desde luego no se debe
de interpretar de que el aplicador del derecho haga lo que le venga en gana. Es para que se adentren
a un contexto más comprometido con la naturaleza formal y material del Estado
constitucional, con ello incrementar la certeza jurídica asegurándola de una manera más realista y
profunda.
Los
magistrados desconocieron que la nueva
teoría del derecho concede al juez y a
la interpretación el modelo
argumentativo que supera los tradicionales modelos formalistas. Lo que ocasiona
como es el caso de la elección presidencial, la impunidad.
La
acción creadora de los magistrados era especialmente indispensable en los
juicios de inconformidad interpuestos, por el movimiento progresista, valorando
el contexto en que se dio la organización, la campaña y la jornada electoral.
Decidieron ser sencillamente aplicadores del derecho, tal como lo haría una
maquina, en lugar de buscar una relación intima con los hechos y la realidad
del proceso electora. Una vez más el formalismo legal cerro los ojo a la realidad.
Con
este tipo de autoridades electorales que obedecen a cuotas partidistas y a
intereses políticos y económicos es de preverse que en la próxima elección
presidencial se vuelva a repetir la acción fraudulenta, misma que será
exonerada aplicando el formalismo jurídico, omitiendo el fondo de las
cuestiones planteadas.
Concluyo,
que no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia
mexicana
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