Daniel Morcate
Los cubanólogos andan alborotados como abejas. Durante una
vertiginosa semana, Fidel Castro nos sometió a una de sus habituales
muertes que algunos aprovechamos para ensayar para la auténtica e
inevitable. Solo para reaparecer luego hecho, en efecto, un cadáver,
aunque lo suficientemente vestido, maquillado y sonriente –hay cadáveres
que sonríen– como para desmentir a los portadores de la buena nueva. Y
al mismo tiempo su hermano Raúl filtró, bajo el eufemismo de una
“actualización” de las leyes migratorias, una eventual reforma que como
todas las que realiza La Habana busca perpetuar la dinastía de la
familia Castro.
El cacareado artículo 23 de la nueva ley migratoria castrista codifica las salidas y entradas de cubanos para adecuarlas a las actuales necesidades de preservación de la dictadura. Elimina el estaliniano, anacrónico y humillante permiso de salida y la kafkiana carta de invitación que tienen que presentar quienes desean viajar al exterior. Pero deja estrictamente en manos de burócratas castristas la concesión del imprescindible pasaporte. Y les autoriza a denegarlo “por razones de defensa y seguridad nacional” o por motivos “de interés público”. Dos condiciones expresamente calculadas para obstaculizar las salidas de opositores políticos y profesionales que necesita el régimen para seguir pateando la lata. La disposición también suprime los cobros en las gestiones del permiso y la carta, pero impone otros iguales de onerosos o acaso más en los futuros trámites. Los honorarios aún no se han anunciado de manera oficial.
La medida ofrece asimismo descontinuar otra vieja práctica estalinista de los Castro: el despojo de propiedades a los cubanos que le venden el cajetín al régimen. Se trata de un evidente incentivo, que por lo demás La Habana no tiene que cumplir al pie de la letra, para estimular la partida en masa de Cuba. Y es que los Castro han concluido que, para salvar su reinado, les conviene mejor propiciar una estampida que preservar las severas restricciones migratorias de los últimos 50 años. Mientras más personas se marchen de la isla, menos bocas tendrán que alimentar. Menos enfermos tendrán que atender. Y menos ciudadanos tendrán que emplear. Previamente Raúl Castro había anunciado que recortará de las nóminas del estado a un millón de trabajadores. Completan el frío cálculo castrista la certeza de que quienes salgan eventualmente aportarán divisas sustanciales porque enviarán remesas a familiares y regresarán con dólares o euros a una isla de la que en rigor no se exiliaron, sino de la que simplemente emigraron con la venia del estado.
La reforma migratoria raulista de hecho expande una práctica que el régimen ejecuta a menor escala desde hace años. Gracias a ella, las divisas que aportan los cubanos desde el exterior se han convertido en uno de los principales rubros de la economía castrista. Agréguese a esta ecuación un factor político clave: mediante el control de pasaportes, el régimen continuará propiciando las salidas de sus cómplices, incondicionales y otros cubanos que guardarán silencio con tal de mantener el privilegio de regresar a Cuba a visitar familiares. El negocio parece redondo. Y sin embargo...
No es descartable que también fracase o se les vaya de las manos a los Castro, como ocurrió con previas campañas para deshacerse de grandes cantidades de ciudadanos. Ningún país de nuestro hemisferio o de Europa está hoy en condiciones o disposición de recibir a cientos de miles de cubanos harapientos y desesperados, ni siquiera Estados Unidos. Washington lanzó ya la primera advertencia para que no traten de escapar en forma desordenada. España, discretamente, ha hecho otro tanto. Casi todos los gobiernos tienen requisitos estrictos para dar visas a cubanos, con la excepción de Ecuador, que planea adoptarlos porque alberga ya a más de los que puede mantener: 27,000. Es doloroso admitirlo: a los cubanos no los quiere nadie, ni su propio gobierno, que en definitiva solo ha fingido quererlos para explotarlos. Pero esa es, irónicamente, una razón poderosa para continuar exigiéndole a ese gobierno cambios profundos. Empezando por el de libertad de movimiento para sus ciudadanos. Y libertad para todo lo demás que hace a un país civilizado.
El cacareado artículo 23 de la nueva ley migratoria castrista codifica las salidas y entradas de cubanos para adecuarlas a las actuales necesidades de preservación de la dictadura. Elimina el estaliniano, anacrónico y humillante permiso de salida y la kafkiana carta de invitación que tienen que presentar quienes desean viajar al exterior. Pero deja estrictamente en manos de burócratas castristas la concesión del imprescindible pasaporte. Y les autoriza a denegarlo “por razones de defensa y seguridad nacional” o por motivos “de interés público”. Dos condiciones expresamente calculadas para obstaculizar las salidas de opositores políticos y profesionales que necesita el régimen para seguir pateando la lata. La disposición también suprime los cobros en las gestiones del permiso y la carta, pero impone otros iguales de onerosos o acaso más en los futuros trámites. Los honorarios aún no se han anunciado de manera oficial.
La medida ofrece asimismo descontinuar otra vieja práctica estalinista de los Castro: el despojo de propiedades a los cubanos que le venden el cajetín al régimen. Se trata de un evidente incentivo, que por lo demás La Habana no tiene que cumplir al pie de la letra, para estimular la partida en masa de Cuba. Y es que los Castro han concluido que, para salvar su reinado, les conviene mejor propiciar una estampida que preservar las severas restricciones migratorias de los últimos 50 años. Mientras más personas se marchen de la isla, menos bocas tendrán que alimentar. Menos enfermos tendrán que atender. Y menos ciudadanos tendrán que emplear. Previamente Raúl Castro había anunciado que recortará de las nóminas del estado a un millón de trabajadores. Completan el frío cálculo castrista la certeza de que quienes salgan eventualmente aportarán divisas sustanciales porque enviarán remesas a familiares y regresarán con dólares o euros a una isla de la que en rigor no se exiliaron, sino de la que simplemente emigraron con la venia del estado.
La reforma migratoria raulista de hecho expande una práctica que el régimen ejecuta a menor escala desde hace años. Gracias a ella, las divisas que aportan los cubanos desde el exterior se han convertido en uno de los principales rubros de la economía castrista. Agréguese a esta ecuación un factor político clave: mediante el control de pasaportes, el régimen continuará propiciando las salidas de sus cómplices, incondicionales y otros cubanos que guardarán silencio con tal de mantener el privilegio de regresar a Cuba a visitar familiares. El negocio parece redondo. Y sin embargo...
No es descartable que también fracase o se les vaya de las manos a los Castro, como ocurrió con previas campañas para deshacerse de grandes cantidades de ciudadanos. Ningún país de nuestro hemisferio o de Europa está hoy en condiciones o disposición de recibir a cientos de miles de cubanos harapientos y desesperados, ni siquiera Estados Unidos. Washington lanzó ya la primera advertencia para que no traten de escapar en forma desordenada. España, discretamente, ha hecho otro tanto. Casi todos los gobiernos tienen requisitos estrictos para dar visas a cubanos, con la excepción de Ecuador, que planea adoptarlos porque alberga ya a más de los que puede mantener: 27,000. Es doloroso admitirlo: a los cubanos no los quiere nadie, ni su propio gobierno, que en definitiva solo ha fingido quererlos para explotarlos. Pero esa es, irónicamente, una razón poderosa para continuar exigiéndole a ese gobierno cambios profundos. Empezando por el de libertad de movimiento para sus ciudadanos. Y libertad para todo lo demás que hace a un país civilizado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario