Beltrones, Peña y la iniciativa presidencial preferente. Leo Zuckermann

Flaco favor le hace Manlio Fabio Beltrones a Enrique Peña Nieto al anunciar que la reforma laboral, al haber regresado a la Cámara de Diputados, ha perdido su carácter preferente. Esto quiere decir que los legisladores pueden hacer lo que se les pegue la gana con la iniciativa que envió el Presidente, que aprobaron los diputados y que modificaron los senadores: pueden enfriarla o congelarla. Lo que convendría es que siguiera el calor, es decir, que los legisladores llegaran a un acuerdo para promulgar la gran mayoría de los cambios donde sí hay un consenso. Pero no. Beltrones dice que lo conveniente es, por el momento, enfriarla en la Cámara de Diputados.


¿Cuánto? ¿Días, semanas, meses, años? ¿Hasta que pase el Presupuesto de Egresos para incluir la reforma laboral en el paquete de negociación con los otros partidos? ¿Hasta que el PRI pueda recomponer su alianza con el Verde y Nueva Alianza para bloquear los cambios que pretenden democratizar a los sindicatos? ¿Hasta que Peña pueda echarles un huesito en el gabinete presidencial a estos dos partidos? ¿Hasta que tome posesión el nuevo Presidente priista para que él pueda promulgarla y se vea como un primer éxito? ¿Hasta que los empresarios presionen a los panistas de que se olviden del asunto de la democratización de los sindicatos y aprueben ya lo que les importa a ellos, que es la flexibilización en la contratación y despido de los trabajadores?
¿Hasta cuándo dejará el PRI enfriar la reforma laboral en la Cámara de Diputados? Pues hasta que Beltrones y los diputados priistas lo decidan. Queda claro, entonces, de quién depende el destino de la reforma laboral, quién es el beneficiario por la falta de regulación de la iniciativa presidencial preferente. La Constitución ordena que la cámara de origen tiene 30 días para votarla y 30 más en la cámara revisora, pero no contempla qué pasa si la segunda realiza algún cambio que tiene que regresar a la primera. Hay un silencio jurídico que Beltrones interpreta como pérdida del carácter preferente. Luego, entonces, la iniciativa se convierte en “normal” y depende de los tiempos regulares del Congreso.
Esto podría convenirle a los legisladores pero de ninguna forma al Presidente. Veamos lo que ha ocurrido estos dos últimos meses. Gracias a la iniciativa presidencial preferente, el jefe del Ejecutivo ha impuesto su agenda al Poder Legislativo. Durante dos meses los diputados y senadores han tenido que debatir y aprobar las dos reformas que envió Calderón: la laboral y la de contabilidad gubernamental. El mecanismo ha funcionado de maravilla. Sería un desperdicio que, por no estar regulado qué pasa cuando la cámara revisora modifica preceptos de la cámara de origen, todo este esfuerzo se vaya por la borda.
Peña tendrá cuatro iniciativas preferentes por año. 24 a lo largo de su sexenio. Eso le da un gran poder frente al Congreso. Esa era la idea cuando se reformó la Constitución para otorgarle dicha facultad al Ejecutivo frente al Legislativo. Como senador, Beltrones fue uno de los propulsores de la iniciativa presidencial preferente con el argumento, en mi opinión correcto, de que había que modernizar el presidencialismo mexicano. Resulta un despropósito que ahora el mismo Beltrones diga que el carácter preferente se pierde al retornar la iniciativa a la cámara de origen, donde los legisladores pueden enfriarla o congelarla. Pues lo mismo podría ocurrirle a las 24 iniciativas preferentes que tendrá Peña. Debido a la conformación de un Poder Legislativo donde ningún partido tiene mayoría, pueden darse alianzas, algunas muy extrañas, que en el mejor de los casos enfriarían las iniciativas del Presidente y, en el peor, las congelarían.
Por eso creo que la primera iniciativa preferente del nuevo Presidente debería ser para regular sus iniciativas preferentes. Es una condición para que la nueva regla funcione durante el próximo sexenio. Y desde luego que regularla en el espíritu de que el Congreso debata y vote rápido las iniciativas presidenciales preferentes, es decir, si la cámara revisora modifica algo de lo aprobado por la de origen, pues que ésta tenga 15 días para volver a dictaminar los cambios y votarlos; de ahí que vaya a la revisora y en otros 15 días se aplique el acuerdo parlamentario donde podría convenir promulgar todas las disposiciones aprobadas por ambas cámaras.
De lo contrario, en caso de continuar la laguna jurídica sobre las iniciativas presidenciales preferentes, Peña podría acabar siendo rehén de la voluntad de los coordinadores de las bancadas en el Congreso, comenzando con los de su propio partido.