Hace unos años creían que el acoso a la prensa venezolana no tendría repercusiones en el resto de Latinoamérica. Recientemente, en los dos últimos años, han visto que las malas prácticas de este tipo de “dictaduras electas” son contagiosas en la región.
Cuando aumentan los ataques de la Presidenta Cristina Kirchner a todos los medios de su país, vale la pena leer esta radiografía que el periodista de La Nación, Ramiro Pellet Lastra, hace de los medios venezolanos y la serie de medidas en su contra por el régimen de Chávez.
Las elecciones en Venezuela / El asedio a la prensa

En la guerra contra los medios, cualquier táctica es válida

El gobierno de Chávez presiona a canales, radios y diarios independientes con multas millonarias, distribución arbitraria de la pauta oficial y cierres de emisoras
Por Ramiro Pellet Lastra  | LA NACION
CARACAS.- Distribución arbitraria de la publicidad oficial, presiones a las empresas para dejar de anunciar en medios críticos, multas millonarias por causas insólitas y cierres por contrariar la visión de la realidad que decreta el gobierno.


Así se vive en el mundo de los medios privados venezolanos, según defensores de las libertades civiles, que afirman que en materia de comunicación la cancha está decididamente inclinada en favor del Palacio de Miraflores.
“El acoso judicial y administrativo, las amenazas físicas y los insultos públicos que los miembros del gobierno difunden a través de los medios controlados por el Estado son tácticas frecuentes orientadas a reprimir la disensión”, señala un informe de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés).
El informe sintetiza el conjunto de prácticas de coerción que el gobierno venezolano ejerce desde hace por lo menos diez años, cuando la ONG Espacio Público, un referente en el monitoreo de la libertad de expresión, comenzó a llevar registros. Y a contabilizar atropellos.
“Cuando empezamos a monitorear, en 2002, advertimos, en primer lugar, un patrón de descalificación pública” de parte de funcionarios y medios afines al gobierno, dijo a la nacion el director de Espacio Público, Carlos Correa.
“Esas descalificaciones se han traducido en agresiones a los periodistas, agresiones físicas. Los diarios El Nacional, El Universal y otros medios, como Globovisión, ya no identifican sus vehículos”, agregó.
Los medios afines al gobierno, por cierto, hacen gala de una constelación de expresiones denigrantes. Sin ir más lejos, esto dice sobre Henrique Capriles el sitio aporrea.org, reconocido por su integrismo bolivariano: “Llaman poderosamente la atención los nexos ocultos de la candidatura oligarca con el submundo del tráfico de narcóticos y psicotrópicos”.
Y continúa al afirmar que el candidato opositor y quienes lo secundan “van a vender cara su derrota electoral porque, además, saben estos apátridas que está en juego su propia existencia histórica-organizativa”.
Ya sin carteles en sus autos que inviten a ser zarandeados por militantes chavistas, los periodistas independientes igual siguen sujetos a otro tipo de maniobras, según denuncian las ONG. Se trata del retiro de anuncios de empresas privadas por presiones del gobierno, por ejemplo, a riesgo de perder licencias y permisos. Espacio Público pudo rastrear esas coacciones sobre bancos y empresas de telecomunicaciones.
Y en un sendero muy trajinado en la Argentina, el gobierno de Chávez juega con la distribución selectiva de la publicidad oficial. Aquí, como allá, la obsecuencia doctrinaria y la obediencia debida tienen sus privilegios.

Publicidad

“La publicidad estatal la eliminaron hace mucho tiempo, los periódicos críticos prácticamente no la tienen. Nosotros hemos revisado y es muy extraño que haya publicidad oficial. Ya ni siquiera hacemos registros porque es absolutamente insignificante”, dijo Correa.
Con todo, los principales diarios siguen adelante y no parecen retacear ninguna información ni ahorrar opiniones críticas contra Hugo Chávez en sus columnas y editoriales. En un país tan polarizado por sus preferencias políticas, a estos medios escritos de todos modos no les faltan lectores ni anunciantes.
El objetivo principal del gobierno, en definitiva, no son los diarios. Más que la prensa escrita, la dirigencia bolivariana “va por todo” en el espacio audiovisual: los canales de televisión que alcanzan a millones de venezolanos de todos los sectores sociales.
Allí, el chavismo se juega el control informativo e ideológico que refuerce y enaltezca la gesta bolivariana o, dicho de otro modo, las decisiones del presidente.
“El gobierno ha estado sancionando normas donde se avanza hacia la opacidad, cuando en toda América se trata de avanzar hacia un mayor acceso a la información”, dijo a la nacion la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas.
Allí está el caso de RCTV, uno de los canales de mayor audiencia, que hace cinco años fue sacado del aire cuando el gobierno decidió no renovarle el uso de la frecuencia, con el pretexto, más político que jurídico, de haber conspirado contra el régimen. Crimen imperdonable: el canal no había mostrado marchas a favor de Chávez durante el fallido golpe en su contra de 2002.
RCTV debió pasar de señal abierta al cable, donde encontró un precario refugio para reanudar el vínculo con sus televidentes. Pero la censura volvió a alcanzarlo en su nuevo formato y, con obstinación inquisidora, lo obligó a cerrar otra vez.
Con RCTV fuera de combate, el siguiente objetivo fue otro gigante de la televisión venezolana, Globovisión, desde luego nada amigo del gobierno, que por esa rebeldía adolescente intentó, más que disciplinarlo o llamarlo al orden, ponerlo de rodillas.
A mediados del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a Chávez, ratificó una multa de 2,2 millones de dólares y lo obligó a correr con los gastos del juicio, 1,3 millones de dólares más añadidos a la cuenta.
Según la sentencia, Globovisión cometió los delitos de “zozobra de la ciudadanía, incitación al desconocimiento del ordenamiento jurídico, apología del delito y odio por razones políticas”.
¿A cuento de qué se resolvió esa sentencia de “zozobra”? El canal transmitió en vivo un motín carcelario, uno de los tantos que se suceden en las abarrotadas cárceles venezolanas.
Otras fuentes señalaron a la nacion que todos los días hay llamadas desde despachos oficiales para cuestionar informaciones u opiniones que se formulan al aire. Y no sólo las cuestionan: según la “ley de responsabilidad social en radio y televisión”, mejor conocida como “ley resorte”, un medio puede ser multado o perder la licencia por las declaraciones de un tercero, ya sea un entrevistado, columnista o colaborador.
La suma del poder público contra los medios venezolanos, según los analistas, conduce a la autocensura.
En la campaña electoral, Capriles se comprometió a “restituir la señal a RCTV y a las emisoras de radio ilegalmente cerradas”, en caso de acceder a la presidencia.
En total fueron 34 las radios cerradas de un manotazo en 2009, aunque la amenaza fue contra 300 emisoras díscolas o, en el lenguaje oficial, “que funcionan fuera de la normativa”.

Una disputa dispareja

Chávez tiene muchos más recursos para la campaña 
80
horas de cadena nacional 
Tuvo Chávez desde julio, transmitidas por 30 canales y 750 radios; el candidato opositor sólo contó con tres minutos diarios
60
millones de dólares 
Hubiese necesitado Capriles para igualar el tiempo al aire total del presidente
278
millones de dólares extras 
Recibió el Ministerio de Comunicación para promover la gestión del gobierno