19 octubre, 2012

México: La hora de la verdad para Enrique Peña Nieto empieza el 1 de diciembre

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ VIAL

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El 31 de agosto el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) de
México rechazó por unanimidad la impugnación del resultado electoral que el Movimiento
Progresista (PRD, PT, CM), encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López
Obrador, había reclamado formalmente el 12 de julio. De este modo el próximo 1 de
diciembre se trasladará a Los Pinos, residencia presidencial, Enrique Peña Nieto,
candidato de la coalición Compromiso por México (alianza del Partido Revolucionario
Institucional y los ecologistas del PVEM) que ganó con un 38,2% de los votos las
elecciones a la presidencia del pasado 1 de julio, dejando en segundo lugar a Andrés
Manuel López Obrador, con un 31,6% de los sufragios y en tercer y cuarto lugar,
respectivamente, al oficialista Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo el 25,4% y
Nueva Alianza, con un magro 2,3%. Peña Nieto gobernará hasta el 30 de noviembre de
2018.

Primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el partido de
Enrique Peña Nieto se verá en la necesidad de negociar la aprobación de cada una
de las reformas que quiere llevar a cabo (laboral, fiscal y energética). En la Cámara de
diputados la coalición PRI-PVEM cuenta con 241 escaños (208 y 33 respectivamente), el
PAN con 10 y el PRD con 100. Entre los analistas existe consenso, por cierto, en que las
reformas que no se realicen durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, quedarán
pendientes para el próximo sexenio.

A finales de septiembre la Cámara de Diputados aprobaba la reforma laboral propuesta
el 1 de septiembre por el aún presidente de México, Felipe Calderón (PAN), no sin
modificaciones. Enrique Peña Nieto había declarado que impulsaría la medida, y eso
a pesar de que en la legislatura pasada diputados de su propia formación, el PRI,
rechazaron una propuesta de reforma laboral planteada por el PAN. La iniciativa
de Calderón, autodenominado “presidente del empleo”, tenía carácter de “iniciativa
preferente”– una prerrogativa presidencial que obliga al Congreso a aprobar o rechazar
el texto en un plazo no superior a treinta días naturales– de ahí su rápida tramitación.

Reformar la Ley Federal del Trabajo de México, que no ha sido modificada
sustancialmente en cuatro décadas, es tarea espinosa. Además de medidas
encaminadas a flexibilizar la contratación con mecanismos como los contratos de
capacitación inicial (formación) o para el trabajo de temporada; el proyecto de ley aborda
la subcontratación (outsourcing) para evitar que el empresario evada beneficios para los
trabajadores. Pero el meollo de la cuestión, que afecta directamente a la formación de
Enrique Peña Nieto, tiene que ver con los intereses de los sindicatos, aliados históricos
del PRI. Y parece haber quedado claro, antes aun de que el presidente electo asuma su
cargo, que el ala dura del próximo partido gobernante tiene poder suficiente para decidir
sobre proyectos clave.

En México los trabajadores realizan aportes obligatorios a sus sindicatos, que no tienen
la obligación de informarles del destino de sus contribuciones, algo que el proyecto
de reforma laboral pretendía revertir. Por las manos de los sindicatos más poderosos,
como el de maestros o el de trabajadores petroleros –dirigido, por cierto, por el senador
priísta Carlos Romero– pasan cada años verdaderas fortunas, sin que sus dirigentes
tengan que informar del destino de los fondos. Los duros debates en la Cámara de
Diputados parecen indicar, según algunos analistas, que el PRI no respaldará ninguna
iniciativa contraria a sus intereses corporativos. Así, la reforma aprobada ignora la parte
de la iniciativa original para que los sindicatos estén sujetos a auditorías y ventilen sus
finanzas, además de que los jefes sindicales, que pueden instalarse en sus cargos
durante décadas, sean elegidos mediante voto secreto.


La reforma, actualmente en tramitación en el Senado, fue aprobada en lo general por
la Cámara Baja con 351 votos a favor y 130 en contra. El PRD no apoya el proyecto de
reforma. El PAN lo apoya, aunque pide –y lo hizo con pancartas, en el Congreso– más
democracia sindical.

Poco se sabe de la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto. De momento, el presidente
electo ha declarado que apostará por la aplicación de impuestos progresivos y buscará
ampliar la base de contribuyentes del país; sin embargo, no ha explicado cómo. Los
expertos consideran urgente aumentar la recaudación fiscal y controlar la gestión del
gasto, aunque son conscientes de que las medidas que podrían aplicarse, subir el IVA
o extenderlo a alimentos y medicinas (exentos en México), no serían bien recibidas por
la opinión pública. También se encuentran entre las prioridades reducir la dependencia
de los ingresos petroleros, impulsar la inversión, reducir el gasto corriente y mejorar la
gestión tributaria. El objetivo, aumentar la inversión, y contar con salud y seguridad social
universal. En su libro, México, la gran esperanza. Un Estado eficaz, Peña Nieto plantea, entre
otras cosas, reducir al máximo los privilegios y las exenciones fiscales, porque “son
las que debilitan la capacidad del gobierno de generar ingresos. Los recursos que se
dejan de percibir por estas exenciones, son cercanos al 4% del PIB, casi un 40% de
los ingresos tributarios actuales, según datos de la SHCP (Ministerio de Hacienda).
Una cifra similar al costo aproximado de implementar la seguridad social universal. De
acuerdo con estimaciones del (Instituto) Tecnológico de Monterrey, esta cifra podría
elevarse hasta un rango de entre el 8.5% y 9.5% del PIB”, explica el presidente electo,
que continúa: “En México, la recaudación de impuestos directos tiene un gran potencial
que no ha sido debidamente aprovechado. Los impuestos al ingreso de personas físicas
y empresas en nuestro país ascienden a sólo el 23% de los ingresos tributarios, un
porcentaje considerablemente menor al promedio de la OCDE, que se ubica en 34%,
y muy inferior al de Estados Unidos, que se sitúa en 43%”. También afirma que debe
ser revisado el IVA, ya que solo asciende al 3,9% del PIB cuando la media de la OCDE
es del 11%. Otras propuestas, aún sin resolver, son la unificación del ISR (Impuesto
sobre la Renta) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), para que exista un único
impuesto al ingreso, y “ejercer un gasto público eficaz y transparente”, que reduzca la
desigualdad.

En cuanto a la reforma energética, antes siquiera de que un borrador de texto ronde
el Congreso, el sindicato petrolero ya ha advertido a Peña Nieto de que la injerencia
de un actor externo en Pemex (la poderosa estatal, Petróleos de México) “vulneraría
la soberanía del Estado”. Por su parte. El presidente electo, apunta a la necesidad de
una mayor apertura a la inversión privada en extracción, exploración y refinación de
la compañía. Un sacrilegio para los acólitos de Pemex. En un viaje realizado a Brasil
durante la tercera semana de septiembre Peña Nieto pidió a la presidenta brasileña,
Dilma Rousseff, que le permitiera conocer en detalle la reforma a la que se sometió la
compañía brasileña en su apertura al capital privado. El futuro presidente considera
la modernización de Pemex como una de las llaves fundamentales hacia el desarrollo
del país y “el fortalecimiento de las políticas económicas y sociales, especialmente las
de lucha contra la pobreza”. La reforma energética es, a todas luces, la que menos
posibilidades tiene de salir adelante.

No son los únicos retos que deberá afrontar Enrique Peña Nieto a partir del 1 de
diciembre. Con una población superior a los 112 millones de habitantes, un índice
Gini cercano al 0,5, un nivel de empleo informal superior al 30% y la pobreza en
aumento, México tiene grandes retos por delante. Por no hablar de la inseguridad: a
él corresponderá decidir si continúa con la política de asociación con Estados Unidos y
de enfrentamientos militares con el narco, que tan pocos resultados le ha dado a Felipe
Calderón, o si alcanza algún tipo de inconfesable entente cordial con algunos de los
actores del crimen organizado, que le faciliten la gobernabilidad, mientras combate la
ilegalidad. Según un estudio realizado por el Semanario Zeta, 71.000 personas habrían
fallecido en condiciones de violencia, producto de la inseguridad provocada por los
cárteles de la droga, durante el sexenio que ahora termina.
No es todo. Una vez que asuma su cargo, Enrique Peña Nieto deberá demostrar que, como quiso dejar claro durante su campaña, el PRI de 2012 nada tiene que ver con la formación autoritaria que gobernó México durante 71 años, hasta 2000. El calendario electoral mexicano tiene una peculiaridad de eficacia discutida y discutible: entre el día de las elecciones y la toma de posesión del presidente electo pasan cinco largos meses, durante los cuales el vencedor nombra un equipo de transición, que convive con el gobierno del país. Algunos medios de comunicación, como la Revista Proceso, de izquierda, ya han denunciado la presencia de históricos dinosaurios del PRI en el equipo de transición de Peña Nieto.
El próximo presidente tendrá también que lidiar con una izquierda que no le reconoce como presidente legítimo, porque le considera "surgido de violaciones graves a las leyes", según palabras de Andrés Manuel López Obrador, y con la oposición de una parte de la sociedad civil.

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