CAR02. CARACAS (VENEZUELA), 13/10/2012.- Fotografía cedida por el
Palacio de Miraflores hoy, sábado 13 de octubre de 2012, donde aparece
el presidente venezolano, Hugo Chávez, durante la ceremonia de
juramentación a sus nuevos ministros en el Palacio de Miraflores, en
Caracas (Venezuela). Chávez mantuvo a Nicolás Maduro al frente del
Ministerio de Exteriores, un cargo
que compaginará con su recién nombramiento como vicepresidente
ejecutivo del país y acumulando los dos cargos de mayor importancia del
Gabinete venezolano. EFE/Cortesía Prensa de Miraflores/SOLO USO
EDITORIAL
Associated Press
CARACAS --
El mayor general retirado Hugo Carvajal, quien hace cuatro años fue
señalado por Estados Unidos por apoyar actividades de narcotráfico de
las FARC, fue designado nuevo director nacional de la Oficina Nacional
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del
gobierno venezolano.
Carvajal viene de desempeñarse como viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito del Ministerio de Interior y Justicia, señaló la Gaceta Oficial que entró en vigencia el miércoles y que fue difundida el viernes a través de Internet por el Tribunal Supremo de Justicia.
Carvajal en el 2008 fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –junto con el actual ministro de la Defensa, general en jefe Henry Rangel Silva, y el capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Relaciones Interiores y ahora candidato oficialista a gobernador del estado central de Guárico– de apoyar las actividades narcotraficantes de la guerrilla colombiana de las FARC y además les advirtió que congelaría sus bienes.
Opositores han cuestionado reiteradamente a Carvajal y Rangel Silva, estrechos colaboradores del presidente Hugo Chávez.
El mandatario venezolano ha defendido con vehemencia a sus colaboradores militares, afirmando que los “enemigos de la patria” han atacado a altos oficiales con la “infamia, la mentira, la intriga” como parte de una campaña internacional para desacreditar a su gobierno. Su apoyo se tradujo también en la promoción de Rangel y Carvajal en las filas del gobierno.
Rangel Silva, que en el 2008 se desempeñaba como director de la policía política, acto seguido de las acusaciones fue promovido a jefe del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, y en enero pasado fue designado ministro de la Defensa.
Carvajal, por su parte, fue hasta diciembre del 2011 el jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar, y en los tres meses antes de su más reciente nombramiento se desempeñó como viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, del ministerio del Interior y Justicia.
En días recientes Chávez ha juramentado a un nuevo vicepresidente y varios de sus ministros como parte de la reorganización derivada del próximo comienzo de un cuarto mandato consecutivo tras su reelección en los comicios del 7 de octubre, así como la selección de cercanos colaboradores como candidatos a gobernadores.
Entre las novedades en su gabinete destaca la designación del general Néstor Reverol, quien fue juramentado como nuevo ministro del Interior y Justicia en reemplazo de Tareck El Aissami, quien se separó de su cargo para lanzarse como candidato a gobernador del estado Central de Aragua en las próximas elecciones regionales programadas para el 16 de diciembre.
Reverol venía de desempeñarse como viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana y jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
Por otra parte, Chávez, decretó este viernes estado de “emergencia en infraestructura” en las cárceles del país para implementar un plan de rehabilitación del sector, afectado por un alto nivel de hacinamiento, insalubridad y la violencia entre presos.
“Es urgente e inaplazable para enfrentar la crisis carcelaria tomar medidas impostergables requeridas para realizar las transformaciones al sistema carcelario en lo que toca a estructuras, construcción, rehabilitación y dotación de infraestructura física”, reza el documento publicado este viernes, y que tendrá vigencia por tres meses prorrogables.
El decreto, suscrito el jueves por el mandatario -reelecto el 7 de octubre pasado hasta 2019-, apunta a construir “centros de (reclusión para) procesados judiciales” con el objetivo de separarlos de los presos ya penados.
Según diversas ONG, las cárceles venezolanas sufren problemas de hacinamiento y violencia, y un 70% de los presos están sin sentencia. Cifras oficiales señalan que hay casi 50.000 reclusos, pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.
El decreto también prevé dotar de “bienes y servicios” a las cárceles “en el menor tiempo posible” para garantizar a los presos “en condición de procesados, los medios y recursos suficientes para una existencia digna”.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, destacó este viernes que estos “centros para procesados judiciales se van a construir uno en cada estado”, 23 en total.
Varela hizo el anuncio durante la clausura del penal de Coro, en el estado de Falcón (noroeste), una instalación “vieja” que carecía de las “condiciones para que permanecieran los privados de libertad”.
Durante el proceso de clausura en Coro, de donde se trasladaron casi 600 presos a otros penales esta semana, se registró el jueves una “situación de violencia”, que dejó dos muertos y 13 heridos leves, añadió Varela, que ya la noche del jueves indicó que se inició la intervención de ocho cárceles más para “la construcción de infraestructura”.
En agosto último, un violento enfrentamiento entre reos en la cárcel Yare, a las afueras de Caracas, dejó 24 muertos y 43 heridos. Mientras, en mayo el gobierno clausuró la cárcel La Planta, en la capital, tras un violento motín liderado por un grupo de presos que se negaban a ser trasladados.
Carvajal viene de desempeñarse como viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, adscrito del Ministerio de Interior y Justicia, señaló la Gaceta Oficial que entró en vigencia el miércoles y que fue difundida el viernes a través de Internet por el Tribunal Supremo de Justicia.
Carvajal en el 2008 fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos –junto con el actual ministro de la Defensa, general en jefe Henry Rangel Silva, y el capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Relaciones Interiores y ahora candidato oficialista a gobernador del estado central de Guárico– de apoyar las actividades narcotraficantes de la guerrilla colombiana de las FARC y además les advirtió que congelaría sus bienes.
Opositores han cuestionado reiteradamente a Carvajal y Rangel Silva, estrechos colaboradores del presidente Hugo Chávez.
El mandatario venezolano ha defendido con vehemencia a sus colaboradores militares, afirmando que los “enemigos de la patria” han atacado a altos oficiales con la “infamia, la mentira, la intriga” como parte de una campaña internacional para desacreditar a su gobierno. Su apoyo se tradujo también en la promoción de Rangel y Carvajal en las filas del gobierno.
Rangel Silva, que en el 2008 se desempeñaba como director de la policía política, acto seguido de las acusaciones fue promovido a jefe del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, y en enero pasado fue designado ministro de la Defensa.
Carvajal, por su parte, fue hasta diciembre del 2011 el jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar, y en los tres meses antes de su más reciente nombramiento se desempeñó como viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, del ministerio del Interior y Justicia.
En días recientes Chávez ha juramentado a un nuevo vicepresidente y varios de sus ministros como parte de la reorganización derivada del próximo comienzo de un cuarto mandato consecutivo tras su reelección en los comicios del 7 de octubre, así como la selección de cercanos colaboradores como candidatos a gobernadores.
Entre las novedades en su gabinete destaca la designación del general Néstor Reverol, quien fue juramentado como nuevo ministro del Interior y Justicia en reemplazo de Tareck El Aissami, quien se separó de su cargo para lanzarse como candidato a gobernador del estado Central de Aragua en las próximas elecciones regionales programadas para el 16 de diciembre.
Reverol venía de desempeñarse como viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana y jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).
Por otra parte, Chávez, decretó este viernes estado de “emergencia en infraestructura” en las cárceles del país para implementar un plan de rehabilitación del sector, afectado por un alto nivel de hacinamiento, insalubridad y la violencia entre presos.
“Es urgente e inaplazable para enfrentar la crisis carcelaria tomar medidas impostergables requeridas para realizar las transformaciones al sistema carcelario en lo que toca a estructuras, construcción, rehabilitación y dotación de infraestructura física”, reza el documento publicado este viernes, y que tendrá vigencia por tres meses prorrogables.
El decreto, suscrito el jueves por el mandatario -reelecto el 7 de octubre pasado hasta 2019-, apunta a construir “centros de (reclusión para) procesados judiciales” con el objetivo de separarlos de los presos ya penados.
Según diversas ONG, las cárceles venezolanas sufren problemas de hacinamiento y violencia, y un 70% de los presos están sin sentencia. Cifras oficiales señalan que hay casi 50.000 reclusos, pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para unos 14.000.
El decreto también prevé dotar de “bienes y servicios” a las cárceles “en el menor tiempo posible” para garantizar a los presos “en condición de procesados, los medios y recursos suficientes para una existencia digna”.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, destacó este viernes que estos “centros para procesados judiciales se van a construir uno en cada estado”, 23 en total.
Varela hizo el anuncio durante la clausura del penal de Coro, en el estado de Falcón (noroeste), una instalación “vieja” que carecía de las “condiciones para que permanecieran los privados de libertad”.
Durante el proceso de clausura en Coro, de donde se trasladaron casi 600 presos a otros penales esta semana, se registró el jueves una “situación de violencia”, que dejó dos muertos y 13 heridos leves, añadió Varela, que ya la noche del jueves indicó que se inició la intervención de ocho cárceles más para “la construcción de infraestructura”.
En agosto último, un violento enfrentamiento entre reos en la cárcel Yare, a las afueras de Caracas, dejó 24 muertos y 43 heridos. Mientras, en mayo el gobierno clausuró la cárcel La Planta, en la capital, tras un violento motín liderado por un grupo de presos que se negaban a ser trasladados.
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