EE.UU.: La guerra contra las drogas está llegando a su fin

por Doug Bandow
Doug Bandow es Académico Titular del Cato Institute.
El resultado más importante de las elecciones del 6 de noviembre no fue la reelección de Barack Obama como presidente sino la legalización de la marihuana en Colorado y en Washington. La prohibición de las drogas es la última adición a la lista de especies en peligro de extinción. La lucha por las políticas de drogas continuará durante mucho tiempo. Pero la guerra contra las drogas está llegando a su fin.
Por décadas el gobierno federal y los gobiernos estatales han hecho cumplir una repetición de la prohibición del alcohol. Las autoridades han utilizado cada vez más violencia para reprimir el antiguo deseo de decenas de millones de estadounidenses de alterar sus estados mentales. Pero el Estado ha fracasado: Alrededor de la mitad de la población adolescente y adulta ha consumido marihuana.


Muchos de los líderes de la sociedad fueron consumidores de drogas en su juventud. De hecho, los últimos tres presidentes —los jefes de la guerra contra las drogas de múltiples miles de millones de dólares— consumieron (aunque tal vez no inhalaron) las mismas sustancias. Si los niños hoy pertenecen a la cárcel por fumar marihuana, también pertenecían entonces Bill Clinton, George W. Bush, y Barack Obama.
La oposición a la guerra contra las drogas ha estado aumentando constantemente. La primera ola pequeña empezó en Oregon en 1972 y resultó en una docena de estados que despenalizaron el consumo de marihuana. A lo largo de los años el proceso ha continuado avanzando lentamente; en junio Rhode Island se unió a este club. Las medidas variaron, pero en general convirtieron al consumo personal de la marihuana en un delito menor o en una ofensa civil y/o hicieron de los procesos legales por consumo de marihuana una prioridad distante.
Hoy 17 estados minimizan las ofensas por consumo de cannabis: Alaska, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Maine, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island y Washington. Además, ciudades y condados (que, por supuesto, no pueden invalidar la ley estatal) en diez estados limitan las acciones judiciales y penalidades: California, Hawaii, Illinois, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana y Wisconsin.
Estas reformas no acabaron con el cumplimiento de la ley. La gente todavía es arrestada por poseer cantidades mayores de marihuana, por cultivar o vender la droga, o por cometer múltiples ofensas. Demasiada gente todavía va innecesariamente a la cárcel.
La próxima ola de liberalización de las drogas, iniciada por California en 1996, involucraba el consumo de marihuana para propósitos medicinales. El asunto sigue siendo controversial, pero hay evidencia anecdótica respaldada por profesionales médicos serios de que la marihuana es útil para combatir el SIDA, el cáncer, el glaucoma y otras enfermedades. En lugar de promover la investigación, las autoridades federales han pretendido suprimir la marihuana medicinal sin importar el costo humano.
A pesar de la resuelta oposición del gobierno federal, 17 estados eliminaron las penalidades por el consumo de marihuana para tratamientos médicos: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island y Vermont. Washington, DC también lo hizo. La semana pasada los electores en Massachusetts y en Montana aprobaron las iniciativas que permitirían el uso de la marihuana para propósitos medicinales mientras que una iniciativa en Arkansas fracasó por poco, obteniendo 49 por ciento del voto.
El gobierno federal se opuso a todos estos esfuerzos. Varios “zares de drogas” se pasearon por el país haciendo campaña en contra de ambas propuestas legislativas y de las iniciativas populares para relajar las penalizaciones legales. Y los presidentes han continuado con total ferocidad en la guerra contra las drogas, cerrando dispensarios de marihuana que son legales bajo la ley estatal y amenazando a los propietarios que alquilan sus locales a los proveedores de marihuana. Incluso el otrora consumidor de drogas Barack Obama sacrificó sus principios social-demócratas para poner a personas en la cárcel por hacer lo que él hizo cuando tenía la misma edad.
La política es indefensible en una sociedad libre. Fumar marihuana no es saludable. Tampoco lo es fumar cigarrillos o consumir alcohol o azúcar. Las personas que conducen motocicletas, escalan montañas, y se deslizan colgados de un cable a veces mueren. Cada día la vida involucra variados riesgos y compensaciones. Este tipo de decisiones es mejor dejar que las hagan los individuos y las familias, no el Estado, ya sea el gobierno federal o aquel a nivel estatal.
¿Qué más acerca de fumar marihuana —en comparación con fumar tabaco— podría ameritar encarcelar a alguien? Esa es la pregunta básica que siempre debería preguntarse antes de criminalizar una actividad. El abuso de las drogas es un problema de salud, de moralidad y de espiritualidad. Eso no justifica convertir el consumo de drogas en una ofensa criminal. Todavía peor es el espectáculo de los anteriores consumidores de drogas arrestando a consumidores de drogas actuales.
A principios de este mes la tercera y última ola en contra de la guerra contra las drogas empezó a levantarse. Los electores en Colorado, Washington y tres ciudades de Michigan aprobaron iniciativas que legalizan el consumo de marihuana. La gente podrá comprar o cultivar marihuana así como también consumirla.
A lo largo de los años medidas similares en Alaska, California, Colorado, Nevada y Oregon fracasaron. También fracasó otro intento en Oregon este año, que ganó 45 por ciento de los votos el 6 de noviembre. Pero la reforma de drogas “es ahora un asunto de la corriente dominante”, declaró Ethan Nadelmann de la Drug Policy Alliance.
Por supuesto, el gobierno federal continúa oponiéndose irrevocablemente. Hace dos años el Departamento de Justicia de Obama dijo que haría cumplir “vigorosamente” la prohibición de drogas si los californianos votaban para legalizar el uso recreacional de la marihuana. Los subalternos del fiscal general Eric Holder probablemente harán lo mismo en Colorado y Washington, aunque hasta ahora el Departamento de Justicia solamente dijo que estaba “analizando” el asunto. El día después de las elecciones la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) anunció que la ley federal “sigue sin cambios”.
Sin embargo, la guerra contra las drogas nunca será igual. El Tío Sam no tiene el poder de obligar a los estados a que lo ayuden en su proceso legal en contra de los estatutos federales. Además, el gobierno federal solamente tiene una capacidad limitada de sustituir los esfuerzos de los estados para hacer cumplir la ley. Los gobernadores de ambos estados admiten que ellos no saben qué pasará. El gobernador de Colorado John Hickenlooper (Demócrata) ha pedido orientación específicamente al Departamento de Justicia.
Al menos las imágenes de policías estatales y federales sonriendo mientras participan en esfuerzos conjuntos en redadas de vendedores de marihuana será algo del pasado. Sin la asistencia de las autoridades estatales los policías federales no pueden esperar detener el comercio de la marihuana: Jacob Sullum de la revista Reason señaló que las autoridades estatales y locales eran responsables del 99 por ciento de los 750.0000 arrestos por marihuana el año pasado.
Hoy los 5.500 agentes de la DEA son muy pocos para detener que las drogas ingresen al país. La DEA es incapaz de patrullar las calles de cientos de ciudades y pueblos a lo largo de dos estados. Robert Mikos de la Escuela de Leyes de Vanderbilt observó: “Será difícil conseguir suficientes agentes de la DEA para perseguir a los cientos o miles de distribuidores que habrá en Colorado y en Washington”. La agencia podría apuntar a los grandes distribuidores y amenazar con acciones legales o confiscación a los banqueros y a los minoristas que cooperan con ellos, pero los recursos para acciones legales cada vez serán más escasos.
Y después de que la legalización triunfe —la vida continuará normalmente, la civilización no colapsará, los estados no serán arrasados por asesinos enloquecidos por la droga— los electores en otras partes tomarán nota. El año pasado la encuestadora Gallup reportó que los estadounidenses favorecían la legalización de la marihuana en un 50 por ciento a nivel nacional, versus un 46 por ciento que todavía se opone. California y Oregon reconsiderarán el asunto mientras que otros estados se unen al debate. Las voces críticas como el gobernador de Nuevo México Gary Johnson y la organización Law Enforcement Against Prohibition —que incluye al ex jefe de la policía en Washington, Norm Stamper— recibirán más atención. Los congresistas de ambos estados que legalizan la marihuana empezarán a cuestionar los esfuerzos federales. La reforma de drogas avanzará en América Latina, donde los partidarios de la reforma pueden presionar hacia delante sabiendo que la política de la prohibición está cambiando incluso en EE.UU.
El abuso de drogas es malo. El problema afecta a muchas familias —hablo por experiencia propia— pero decenas de millones de personas consumen drogas hoy a pesar de la guerra contra las drogas. Poner a los consumidores en cárceles no resuelve el problema. Y el “daño colateral” de la prohibición de drogas, que incluye un asalto general a las libertades civiles, ha sido enorme.
Tampoco es que la legalización sea un paso hacia lo desconocido. Otras naciones han permitido algo de consumo de drogas sin penalización criminal. Portugal despenalizó el consumo de todas las drogas hace una década: “Nada en la lista de horrores que los que se oponían a la despenalización en Portugal predecían, y que los que se oponen a la despenalización alrededor del mundo usualmente invocan, se ha convertido en realidad”, explicaba Glenn Greenwald.
Ahora los estados de Colorado y Washington en EE.UU. están liderando el camino. Es hora de declarar la paz de las drogas en EE.UU.