Raúl Benoit
Rasgándose las vestiduras como viudas que han sido infieles, los
políticos colombianos lloran por la pérdida del mar territorial en los
alrededores de las islas de San Andrés y Providencia, cuando ellos
durante décadas miraron con desdén y hasta con apatía esa propiedad en
ultramar.
Después de 32 años de litigio, la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, prácticamente le dio la razón a Nicaragua que, en 1980, desconoció de forma unilateral un tratado firmado en 1928 que le daba a Colombia el derecho de esa zona, hasta el paralelo 82.
En el 2007, la corte resolvió parte del dilema, ratificando que las islas de San Andrés y Providencia eran colombianas, pero quedaron pendientes 7 cayos, que parecen insignificantes, pero su porción marítima es una valiosa riqueza para la pesca (atún, langosta y caracol) y con probabilidades de ser una suculenta zona para la explotación petrolera y mineral.
Estas islas, islotes y cayos en el mar Caribe siempre fueron descuidados por el gobierno central; por esa razón sus habitantes, quienes se sienten enteramente colombianos, muchas veces han reprochado y denunciado esa indiferencia estatal.
Sin embargo, ahora ha surgido un espíritu nacionalista con falsas apariencias y algunos hasta piden desconocer el fallo, lo cual sería adverso, no solo contra el derecho internacional, sino por la imagen de Colombia en el exterior que tanto preocupa a mis paisanos, generando un ambiente bélico inapropiado, peligroso e injusto para los humildes pescadores y los ciudadanos raizales de esas islas.
Albert Einstein decía que “el nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad”.
Está bien que el gobierno proteste y busque soluciones legales, pero desobedecer a la misma corte que fue convocada por el Estado colombiano es inaudito y falaz.
Durante décadas, prácticamente sin ayuda, los sanandresanos han luchado para que invasores ricos, narcotraficantes e inversionistas de dudosa procedencia no dañen la maravillosa reserva natural que representa esa parte de ultramar. Ellos han defendido solitos el equilibrio ecológico, ahuyentando los planes extranjeros de explotación petrolera o mineral.
Pero las intenciones de Nicaragua no solo han sido defender a los humildes marineros suyos que durante décadas fueron lesionados económicamente por la fuerza naval colombiana (lo mismo padecen los colombianos por parte de la flota nicaragüense), sino beneficiarse de los grandes recursos en hidrocarburos. Ni corto ni perezoso el gobierno de Daniel Ortega, a las pocas horas del fallo, anunció que comenzarán las exploraciones petroleras lo más pronto posible.
El impacto ambiental podría ser de proporciones adversas para las islas y los cayos colombianos y por ende para los miles de pescadores artesanales de ambas naciones, quienes al final son los más vulnerables y castigados por los límites fronterizos.
Con este que pareciera un fallo salomónico, lo único que ha hecho la corte es avivar rencillas y odios entre dos pueblos hermanos. Esperemos que la cordura impere de parte y parte y que se piense primero en la gente, los verdaderos dueños de ese mar y esas tierras.
Después de 32 años de litigio, la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, prácticamente le dio la razón a Nicaragua que, en 1980, desconoció de forma unilateral un tratado firmado en 1928 que le daba a Colombia el derecho de esa zona, hasta el paralelo 82.
En el 2007, la corte resolvió parte del dilema, ratificando que las islas de San Andrés y Providencia eran colombianas, pero quedaron pendientes 7 cayos, que parecen insignificantes, pero su porción marítima es una valiosa riqueza para la pesca (atún, langosta y caracol) y con probabilidades de ser una suculenta zona para la explotación petrolera y mineral.
Estas islas, islotes y cayos en el mar Caribe siempre fueron descuidados por el gobierno central; por esa razón sus habitantes, quienes se sienten enteramente colombianos, muchas veces han reprochado y denunciado esa indiferencia estatal.
Sin embargo, ahora ha surgido un espíritu nacionalista con falsas apariencias y algunos hasta piden desconocer el fallo, lo cual sería adverso, no solo contra el derecho internacional, sino por la imagen de Colombia en el exterior que tanto preocupa a mis paisanos, generando un ambiente bélico inapropiado, peligroso e injusto para los humildes pescadores y los ciudadanos raizales de esas islas.
Albert Einstein decía que “el nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad”.
Está bien que el gobierno proteste y busque soluciones legales, pero desobedecer a la misma corte que fue convocada por el Estado colombiano es inaudito y falaz.
Durante décadas, prácticamente sin ayuda, los sanandresanos han luchado para que invasores ricos, narcotraficantes e inversionistas de dudosa procedencia no dañen la maravillosa reserva natural que representa esa parte de ultramar. Ellos han defendido solitos el equilibrio ecológico, ahuyentando los planes extranjeros de explotación petrolera o mineral.
Pero las intenciones de Nicaragua no solo han sido defender a los humildes marineros suyos que durante décadas fueron lesionados económicamente por la fuerza naval colombiana (lo mismo padecen los colombianos por parte de la flota nicaragüense), sino beneficiarse de los grandes recursos en hidrocarburos. Ni corto ni perezoso el gobierno de Daniel Ortega, a las pocas horas del fallo, anunció que comenzarán las exploraciones petroleras lo más pronto posible.
El impacto ambiental podría ser de proporciones adversas para las islas y los cayos colombianos y por ende para los miles de pescadores artesanales de ambas naciones, quienes al final son los más vulnerables y castigados por los límites fronterizos.
Con este que pareciera un fallo salomónico, lo único que ha hecho la corte es avivar rencillas y odios entre dos pueblos hermanos. Esperemos que la cordura impere de parte y parte y que se piense primero en la gente, los verdaderos dueños de ese mar y esas tierras.
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