Los jueces de Alejandría anuncian una huelga indefinida hasta que el presidente dé marcha atrás en su decisión
Ricard González
El Cairo
Esta vez, el presidente Morsi no lo tendrá fácil para salirse con la suya. Su declaración presidencial del pasado jueves
ha desatado una fuerte ola de críticas no sólo entre la oposición laica
sino diversos estamentos de la sociedad egipcia, todo el poder
judicial. En una reunión de urgencia, el Club de Jueces condenó el
decreto presidencial de Morsi como un "ataque sin precedentes" a la
independencia judicial, y le ha instado a retirarlo.
Además, los tribunales de tres provincias se han declarado en una huelga indefinida, y un número presente de fiscales han presentado su dimisión. Si la rebelión de los jueces va escalando durante las próximas horas, el entero sistema judicial del país podría quedar paralizado, situando al presidente ante una difícil tesitura.
La reacción de la judicatura era de esperar, ya que contra ella va dirigida la declaración constitucional de Morsi. De acuerdo con el decreto, la justicia no podrá fiscalizar ninguna de sus decisiones, ni tampoco disolver la controvertida Asamblea Constituyente. Ahora bien, el presidente, que también cuenta con el poder legislativo desde la disolución del Parlamento, asegura que sólo ostentará estos poderes excepcionales de forma interina, hasta que se termine de redactar la nueva Constitución.
El “decretazo” de Morsi se produjo apenas unas horas después del anuncio de tregua entre Israel y Hamás, un éxito de la diplomacia egipcia que despertó los alabos de EEUU a través de su secretaria de Estado, Hillary Clinton. La mayoría de analistas sostiene que el reconocimiento internacional del nuevo papel de Egipto otorgó al raïs la confianza suficiente para lanzar un órdago a jueces y opositores laicos.
Sin embargo, Morsi puede haber cometido un error de cálculo al medir el grado de apoyo a su gobierno. El viernes, mientras en Tahrir miles de personas protestaban contra el intento de Morsi de situarse por encima de la ley, Occidente mostró su “preocupación” por la situación política del gigante árabe.
“Las decisiones y declaraciones del pasado 22 de noviembre despiertan recelos entre muchos egipcios y también la comunidad internacional. Una de las aspiraciones de la revolución fue asegurar que el poder no se concentraría en las manos de una sola persona o institución”, reza una nota de prensa hecha pública por el Departamento de Estado de EEUU.
El comisionado de Derechos Humanos de la ONU también expresó su alarma ante por la posible deriva autoritaria del raïs islamista. “Estamos muy preocupados por las enormes ramificaciones de esta declaración en la cuestión de los derechos y humanos y el Estado de Derecho en Egipto”, declaró el portavoz de la institución, Navi Pillar. La Unión Europea, por su parte, urgió al gobierno egipcio a respetar la democracia.
Mientras tanto, docenas de jóvenes pasaron la noche en Tahrir tras decidir varias organizaciones iniciar una sentada indefinida en la icónica plaza. Si bien el sábado por la mañana no hubo serias confrontaciones con la policía como días anteriores, los enfrentamientos se podría reanudar avanzada la noche.
Además, los tribunales de tres provincias se han declarado en una huelga indefinida, y un número presente de fiscales han presentado su dimisión. Si la rebelión de los jueces va escalando durante las próximas horas, el entero sistema judicial del país podría quedar paralizado, situando al presidente ante una difícil tesitura.
La reacción de la judicatura era de esperar, ya que contra ella va dirigida la declaración constitucional de Morsi. De acuerdo con el decreto, la justicia no podrá fiscalizar ninguna de sus decisiones, ni tampoco disolver la controvertida Asamblea Constituyente. Ahora bien, el presidente, que también cuenta con el poder legislativo desde la disolución del Parlamento, asegura que sólo ostentará estos poderes excepcionales de forma interina, hasta que se termine de redactar la nueva Constitución.
El “decretazo” de Morsi se produjo apenas unas horas después del anuncio de tregua entre Israel y Hamás, un éxito de la diplomacia egipcia que despertó los alabos de EEUU a través de su secretaria de Estado, Hillary Clinton. La mayoría de analistas sostiene que el reconocimiento internacional del nuevo papel de Egipto otorgó al raïs la confianza suficiente para lanzar un órdago a jueces y opositores laicos.
Sin embargo, Morsi puede haber cometido un error de cálculo al medir el grado de apoyo a su gobierno. El viernes, mientras en Tahrir miles de personas protestaban contra el intento de Morsi de situarse por encima de la ley, Occidente mostró su “preocupación” por la situación política del gigante árabe.
“Las decisiones y declaraciones del pasado 22 de noviembre despiertan recelos entre muchos egipcios y también la comunidad internacional. Una de las aspiraciones de la revolución fue asegurar que el poder no se concentraría en las manos de una sola persona o institución”, reza una nota de prensa hecha pública por el Departamento de Estado de EEUU.
El comisionado de Derechos Humanos de la ONU también expresó su alarma ante por la posible deriva autoritaria del raïs islamista. “Estamos muy preocupados por las enormes ramificaciones de esta declaración en la cuestión de los derechos y humanos y el Estado de Derecho en Egipto”, declaró el portavoz de la institución, Navi Pillar. La Unión Europea, por su parte, urgió al gobierno egipcio a respetar la democracia.
Mientras tanto, docenas de jóvenes pasaron la noche en Tahrir tras decidir varias organizaciones iniciar una sentada indefinida en la icónica plaza. Si bien el sábado por la mañana no hubo serias confrontaciones con la policía como días anteriores, los enfrentamientos se podría reanudar avanzada la noche.
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