Trabajadores que habían apoyado a la presidenta argentina integran ahora los piquetes que cortan el ingreso a Buenos Aires
Alejandro Rebossio
Buenos Aires
Un piquete quema neumáticos y corta el puente Pueyrredon, este martes en Buenos Aires, en la jornada de huelga general / ENRIQUE MARCARIAN (REUTERS)
Olía a sudor en el piquete de la General Paz, la autopista de
circunvalación de Buenos Aires, en el cruce con la avenida
Constituyentes. Bajo el intenso sol primaveral, las suelas de los
zapatos de los 300 manifestantes sindicales se calentaban al ritmo de
las habituales batucadas que truenan en las protestas sociales de Argentina.
Uno con la camiseta negra de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) bailaba con un botella de agua en la mano. Los coches debían dejar
la General Paz y buscar otros caminos, mientras en la autopista
flameaban banderas rojas de los opositores Partido Obrero (PO) y
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), las verdes de ATE y las
naranjas de los militantes de la Central de Trabajadores de Argentina
(CTA) que venían de José C. Paz, un municipio de la periferia de Buenos
Aires donde el año pasado Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones presidenciales con el 70,6% de los votos.
“Dicen que somos la CTA opositora, pero nosotros votamos a Cristina. Si nos escucha, la seguiremos votando”, dice Marta Reyes, auxiliar de escuela y dirigente de la CTA en José C. Paz. Su compañero de trabajo Claudio Canegallo y la maestra Cristina González también votaron a la jefa de Estado y comparten la opinión de Reyes. “Nosotros votamos a un gobierno nacional y popular, pero esto no es nacional ni popular. Nosotros no estamos contra el Gobierno, pero queremos reabrir la negociación salarial porque los sueldos van por la escalera, pero los precios, por el ascensor”, explica Reyes, que cuenta que sus compañeros ganan entre 400 y 480 euros mensuales.
“Yo la voté y ahora me defraudó”, comentaba Julio Núñez, militante de la Unión Ferroviaria y trabajador de una de las líneas de trenes suburbanos que el Gobierno volvió a estatalizar este año tras un accidente que costó la vida a 51 personas. “Yo veía un cambio, pero no hay presupuesto para mantener el tren. Estamos igual que en España. La globalización nos está comiendo a todos. Cada vez se puede vestir menos, comer menos, las escuelas se caen a pedazos y los doctores se van de los hospitales públicos a trabajar en clínicas privadas”, lamenta Núñez.
Otros muchos de los que protestaban no habían votado a Fernández. Es el caso de Moni Bustos, que integra una de las cooperativas que formó el Gobierno argentino para que cumplan tareas de mantenimiento callejero. La cooperativa de Bustos está identificada con el Partido Obrero, pero ella cuenta que más de la mitad de sus miembros votaron a la presidenta en 2011. Los cooperativistas cobran 280 euros por mes. “No le alcanza a nadie para vivir”, lamenta Moni, mientras da órdenes a su gente camino del piquete.
“Dicen que somos la CTA opositora, pero nosotros votamos a Cristina. Si nos escucha, la seguiremos votando”, dice Marta Reyes, auxiliar de escuela y dirigente de la CTA en José C. Paz. Su compañero de trabajo Claudio Canegallo y la maestra Cristina González también votaron a la jefa de Estado y comparten la opinión de Reyes. “Nosotros votamos a un gobierno nacional y popular, pero esto no es nacional ni popular. Nosotros no estamos contra el Gobierno, pero queremos reabrir la negociación salarial porque los sueldos van por la escalera, pero los precios, por el ascensor”, explica Reyes, que cuenta que sus compañeros ganan entre 400 y 480 euros mensuales.
“Yo la voté y ahora me defraudó”, comentaba Julio Núñez, militante de la Unión Ferroviaria y trabajador de una de las líneas de trenes suburbanos que el Gobierno volvió a estatalizar este año tras un accidente que costó la vida a 51 personas. “Yo veía un cambio, pero no hay presupuesto para mantener el tren. Estamos igual que en España. La globalización nos está comiendo a todos. Cada vez se puede vestir menos, comer menos, las escuelas se caen a pedazos y los doctores se van de los hospitales públicos a trabajar en clínicas privadas”, lamenta Núñez.
Otros muchos de los que protestaban no habían votado a Fernández. Es el caso de Moni Bustos, que integra una de las cooperativas que formó el Gobierno argentino para que cumplan tareas de mantenimiento callejero. La cooperativa de Bustos está identificada con el Partido Obrero, pero ella cuenta que más de la mitad de sus miembros votaron a la presidenta en 2011. Los cooperativistas cobran 280 euros por mes. “No le alcanza a nadie para vivir”, lamenta Moni, mientras da órdenes a su gente camino del piquete.
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