Durante 25 años buena parte de la sociedad ha acabado por aceptar la política perversa como la correcta. Ángel Verdugo
Afuerza de sufrir las consecuencias
de una política perversa —la equiparación de la aplicación de la ley con
la represión— durante 25 años, buena parte de la sociedad ha acabado
por aceptarla como la correcta. Hemos llegado a convencernos, de manera
imperceptible, que ésta es la conducta que el Estado y las fuerzas del
orden deben poner en práctica frente a las manifestaciones de protesta
de diversos grupos sociales.
Hemos también, producto de este cambio cultural en lo que se refiere a la aplicación de la ley y su respeto pleno por todos, llegado a aceptar que cuando hay excesos que causan daños a la propiedad privada y a bienes públicos, la responsabilidad siempre está del lado de las fuerzas policiales pues los manifestantes —no obstante la evidencia en contrario—, de nada son responsables ya que “luchan por causas justas” lo que es hoy, entre nosotros, patente de impunidad.
El haber puesto en práctica esta política nefasta para la gobernabilidad desde los años ochenta, nos ha llevado a la situación que hoy enfrentamos. Además, un aspecto del cual pocos hablan, es que una conducta de este tipo por parte del gobernante, estimula la impunidad y el surgimiento de demagogos que amparados en luchas dizque sociales; alienta la protesta y actos vandálicos los cuales, de manera natural van siendo cada vez más violentos cuyos responsables son, dicen, las fuerzas del orden.
Este proceso de degradación de la cultura de la legalidad, además de haber permitido la masificación —por ejemplo— de la economía informal y de otras formas de delincuencia que encuentran en una autoridad omisa su mejor aliado, ha estimulado el surgimiento de liderazgos fincados, casi todos, en la violación flagrante de la ley.
Este fenómeno, que se vio fortalecido después del terremoto de 1985, ha llevado a muchos de esos líderes a posiciones relevantes en la vida política del país; unos, a posiciones en el Congreso de la Unión y a otros, a puestos diversos en el Poder Ejecutivo. Uno de ellos, el más conspicuo (ilustre, visible, sobresaliente), a ser candidato en dos elecciones a la Presidencia de la República.
Preguntemos ahora, esto que se ve aquí desde hace por lo menos 25 años, ¿es común en otros países? ¿Esta degradación sistemática, es aceptada, protegida y financiada con recursos públicos en las democracias? ¿Es concebible, por ejemplo, ver repetido el caso de López en Chile? ¿Lo encontraríamos en España, Canadá, Alemania, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Perú y en decenas de países democráticos?
Es más, ¿en qué países sabe usted que haya un demagogo de la talla de López, que cuente con la facilidad de utilizar los recursos de la democracia para acabar con ella? ¿En dónde, que usted esté enterado, tienen a un demagogo mesiánico como López al frente de un movimiento como aquí en México? Ahora le pregunto, ¿a qué se debe que seamos el único país —por no decir uno de los poquísimos—, que padece la presencia de un personaje así? Además, ¿qué dice de nosotros como país y sociedad, el apoyo que le brindan millones? ¿Se debe esto, a la política perversa que hemos aplicado por años de hacer sinónimos la aplicación de la ley y la represión? ¿Acaso la no existencia en otras democracias de demagogos mesiánicos como López se debe, esencialmente, a que allá no confunden la aplicación de la ley con la represión?
Como hipótesis que explica nuestra situación, parece lógica; ¿y usted, qué piensa?
Hemos también, producto de este cambio cultural en lo que se refiere a la aplicación de la ley y su respeto pleno por todos, llegado a aceptar que cuando hay excesos que causan daños a la propiedad privada y a bienes públicos, la responsabilidad siempre está del lado de las fuerzas policiales pues los manifestantes —no obstante la evidencia en contrario—, de nada son responsables ya que “luchan por causas justas” lo que es hoy, entre nosotros, patente de impunidad.
El haber puesto en práctica esta política nefasta para la gobernabilidad desde los años ochenta, nos ha llevado a la situación que hoy enfrentamos. Además, un aspecto del cual pocos hablan, es que una conducta de este tipo por parte del gobernante, estimula la impunidad y el surgimiento de demagogos que amparados en luchas dizque sociales; alienta la protesta y actos vandálicos los cuales, de manera natural van siendo cada vez más violentos cuyos responsables son, dicen, las fuerzas del orden.
Este proceso de degradación de la cultura de la legalidad, además de haber permitido la masificación —por ejemplo— de la economía informal y de otras formas de delincuencia que encuentran en una autoridad omisa su mejor aliado, ha estimulado el surgimiento de liderazgos fincados, casi todos, en la violación flagrante de la ley.
Este fenómeno, que se vio fortalecido después del terremoto de 1985, ha llevado a muchos de esos líderes a posiciones relevantes en la vida política del país; unos, a posiciones en el Congreso de la Unión y a otros, a puestos diversos en el Poder Ejecutivo. Uno de ellos, el más conspicuo (ilustre, visible, sobresaliente), a ser candidato en dos elecciones a la Presidencia de la República.
Preguntemos ahora, esto que se ve aquí desde hace por lo menos 25 años, ¿es común en otros países? ¿Esta degradación sistemática, es aceptada, protegida y financiada con recursos públicos en las democracias? ¿Es concebible, por ejemplo, ver repetido el caso de López en Chile? ¿Lo encontraríamos en España, Canadá, Alemania, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Perú y en decenas de países democráticos?
Es más, ¿en qué países sabe usted que haya un demagogo de la talla de López, que cuente con la facilidad de utilizar los recursos de la democracia para acabar con ella? ¿En dónde, que usted esté enterado, tienen a un demagogo mesiánico como López al frente de un movimiento como aquí en México? Ahora le pregunto, ¿a qué se debe que seamos el único país —por no decir uno de los poquísimos—, que padece la presencia de un personaje así? Además, ¿qué dice de nosotros como país y sociedad, el apoyo que le brindan millones? ¿Se debe esto, a la política perversa que hemos aplicado por años de hacer sinónimos la aplicación de la ley y la represión? ¿Acaso la no existencia en otras democracias de demagogos mesiánicos como López se debe, esencialmente, a que allá no confunden la aplicación de la ley con la represión?
Como hipótesis que explica nuestra situación, parece lógica; ¿y usted, qué piensa?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario