21 diciembre, 2012

Más de 130,000 créditos bancarios concedidos a particulares en Cuba

 

Obreros de la construcción trabajan en la reparación de un edificio en septiembre de 2010, en La Habana (Cuba).  EFE/Alejandro Ernesto
Obreros de la construcción trabajan en la reparación de un edificio en septiembre de 2010, en La Habana (Cuba). EFE/Alejandro Ernesto

EFE

El Banco Central de Cuba (BCC) concedió en el último año más de 130,000 créditos a particulares desde que en diciembre de 2011 el Gobierno de Raúl Castro autorizó esa opción como parte de sus reformas económicas, según datos oficiales divulgados hoy.
En concreto, el BCC concedió hasta noviembre pasado 133,291 créditos, más del 90 por ciento destinado a acciones relacionadas con la construcción, y por un valor medio de 6,000 pesos cubanos (unos 250 dólares).


El ministro presidente del Banco Central de Cuba, Ernesto Medina Villaveirán, afirmó que la nueva política crediticia “marcha bien” y ha tenido una “implementación favorable”, en una entrevista publicada hoy por el diario oficial Granma.
Medina indicó que la mayoría de las solicitudes de créditos se han realizado para comprar materiales y pagar mano de obra en acciones de reparación y construcción de viviendas, lo cual estaba previsto como “uno de los objetivos principales” de la nueva norma.
No obstante, añadió que se está “instruyendo” a los bancos para que sean “más proactivos en los financiamientos a los trabajadores por cuenta propia y a otras formas de gestión no estatal”.
La nueva política crediticia entró en vigor en diciembre de 2011 y permite la financiación bancaria al sector no estatal con el objetivo de dinamizar el trabajo autónomo, la producción agropecuaria y la rehabilitación de viviendas.
La medida forma parte de los ajustes impulsados por el Gobierno del presidente Raúl Castro con el propósito de “actualizar” el modelo económico cubano y superar la grave crisis que arrastra el país.
El plan de reformas de Castro ha abierto un pequeño resquicio al trabajo privado o “cuentapropismo”, como se conoce en el país, y pretende además ser una alternativa laboral a la reducción de empleos públicos para adelgazar las infladas plantillas estatales.

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