Bolivia: Red extorsiva operaba en las cárceles; cobraban de $us 5.000 a $us 100 mil a víctimas -EJU.TV

“Donde veían que había dinero e interés económico, se involucraban”, afirmó Miguel Albarracín, responsable de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno.
Cobraban de $us 5.000 a $us 100 mil a víctimas
Unidad del Ministerio de Gobierno recibió hasta ahora 80 quejas.
La Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno reveló que la red de corrupción y extorsión operaba con intermediarios que cobraban a sus víctimas de $us 5.000 a $us 100 mil, o más. “Donde veían que había dinero e interés económico, se involucraban”, afirmó Miguel Albarracín, responsable de la citada repartición estatal. Refirió que no hay facturas ni pruebas sobre estos hechos y que, a lo mucho, dieron con alguna grabación o fotografía sacada por los denunciantes.


El dinero servía para que en determinada audiencia de medidas cautelares, autoridades judiciales o fiscales den curso a que se otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva a un acusado. “Los casos más bajos lindan en 5.000 dólares (…) y para arriba estamos hablando de 80 mil dólares, 100 mil dólares o más”, aseveró Albarracín a la red Uno.
Este tipo de extorsión se ejecutaba durante la etapa investigativa de un proceso judicial, especialmente en el área penal, según el común denominador de las quejas recibidas. Refirió que existe la posibilidad de que muchos casos no lleguen a la denuncia, pero que a la fecha se contabilizaron 80, 30 de ellos presentan el mismo modo de operar y todos corresponden a La Paz.

Red extorsiva operaba en las cárceles

Acusa a exfiscales y abogados de pedirle plata a cambio de su libertad.
En 2011, cuando el juez Fernando Orellana envió a la cárcel al expolicía (de gorra) y otros implicados en el caso.
Desde su celda en Chonchocoro, donde comparte un espacio con otros cinco reclusos, el ex teniente Julio René Navia relató que fue extorsionado por algunos fiscales que dirigían su caso y por abogados que a nombre de los expersoneros del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas y Fernando Rivera, le pedían dinero para dejarlo en libertad o para trasladarlo de Chonchocoro a Palmasola.
Después de 26 meses de su detención, el expolicía asegura que gracias a que se descubrió la red de corrupción, poco a poco va terminando de armar el rompecabezas de la estructura que lo extorsionó desde que su caso saltó a la luz pública cuando una denuncia de su exesposa lo involucró en presuntos hechos de narcotráfico.
Navia fue detenido el 12 de octubre de 2010 y su audiencia cautelar fue realizada 12 días después. Según dijo, en ese tiempo, la fiscal Giovana Rivas y otros dos fiscales lo extorsionaron pidiéndole $us 800.000 mediante su abogado Williams Espinoza (hoy fallecido) para dejarlo en libertad. “No teníamos ese dinero. Mi madre les propuso que se queden con nuestros bienes, pero querían dinero. Después de una conversación con mi padre bajaron a $us 400.000, pero no teníamos ese dinero y tuvimos que llegar a una cautelar”, explicó.
Navia fue enviado a Palmasola con detención preventiva. Una vez allí aseguró que su abogado le dijo que los fiscales pedían $us 200.000 para liberarlo. Como no consiguió el dinero siguió recluido, pero no ocurrió lo mismo con N.C., otro implicado, que -según él-, pagó $us 150.000 y quedó libre.
Pocas explicaciones
EL DEBER habló con la fiscal Rivas al respecto y ella admitió que existe una denuncia de la familia Navia en la unidad anticorrupción sobre el tema, pero que no cita a ningún fiscal, como lo hizo en su declaración a este medio que visitó al detenido en Chonchocoro.
Sobre el tema, el fiscal Saúl Rosales, que siguió el caso, señaló que solo asistió a una audiencia y que luego se excusó del caso “porque no me tomaban en cuenta y tenía mucha carga procesal”, y se rehusó a responder a más preguntas.
Por otro lado, el asesinato de sus suegros por un supuesto ajuste de cuentas de narcotráfico, en el que el abogado de la familia, Denver Pedraza, acusó a Navía de ser el autor intelectual, provocó que este sea trasladado a Chonchocoro. Según Navia, cuando era llevado a ese penal, los agentes, encabezados por Boris Villegas, lo bajaron en medio camino, lo desvistieron y lo golpearon.
Posteriormente, según relató, estuvo 60 días en un cuarto de 2 por 1 metro, donde “orinaba y defecaba en bolsas negras. He querido suicidarme en dos oportunidades”, dijo.
Luego, a gestiones de su madre, fue llevado a otra área del penal y como allí intentaron matarlo fue trasladado a un sector de alta seguridad, donde también estaba Franz Reynaldo Gonzales, alias ‘Vinchita’.
Un intermediario
En prisión, Navia dijo que recibió la visita de Denver Pedraza (hoy en Palmasola), que le pidió disculpas y le dijo que Fernando Rivera podía ayudarlo, pero que había que pagarle.
Navia también contó que el fiscal Harry Suaznábar, entonces abogado de Vinchita, dijo que podía ayudar a ambos a ser trasladados a Palmasola porque tenía contacto directo con Rivera y con Rodas. A Vinchita le pidió $us 10.000 y a Navia, $us 70.000, aunque después fue bajando el monto.
Pasaron los días y como no hubo respuesta, Navia dijo que Suaznábar los volvió a contactar. Vinchita, de manera legal, logró que un juez aprobara su traslado a Palmasola, pero al día siguiente Fernando Rivera entró como parte querellante y frenó el traslado indicando que era un reo peligroso. En menos de un mes Vinchita fue asesinado en el penal.
Según Navia, Suaznábar volvió a contactarlo, pero esta vez  le pidió $us 40.000.  “Le reiteré que no tenía dinero”, dijo.
EL DEBER intentó comunicarse con Suaznábar, pero su celular estaba apagado. Según se supo, el fiscal viajó a España de luna de miel y no regresó
El Gobierno hizo caso omiso a las denuncias
María Esther Gorena, madre del exteniente Julio René Navia e implicada en el caso, mostró a la prensa la carta de denuncia de la red de extorsión que envió a los ministros de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, de Defensa, de Gobierno, e incluso al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, pero aseguró que nadie le hizo caso.
En el documento figura la declaración de Gustavo Céspedes (hombre de confianza de Rivera) a la Fiscalía. Ahí Céspedes dice que escuchó que le hicieron una oferta a Rivera de $us 60.000 para el traslado de Navia.