El
caso del ex gobernador priista de Tabasco, Andrés Granier Melo, es el más
reciente. Pero, para desgracia de muchas entidades del país y de sus
habitantes, no es el único que está bajo la lupa y en investigación por un
inexplicable y multimillonario endeudamiento, así como por sospechas de
corrupción.
Apenas el 31 de diciembre pasado, al asumir como el primer mandatario emanado de las izquierdas en Tabasco luego de 83 años de administraciones priistas en esa entidad, Arturo Nuñez Jiménez anunció una “cirugía mayor” en las finanzas y en el tejido social tabasqueño, luego de que Granier Melo le heredara un caos y cifras que colocan a Tabasco entre los estados con más alto índice de marginación y pobreza en la República.
Núñez Jiménez, amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador, también prometió hurgar en las finanzas estatales para encontrar las razones del enorme endeudamiento provocado por Granier, quien hizo pasar los pasivos de la entidad de 400 millones, a más de 10 mil millones.
En las últimas semanas, debido a la crisis financiera, la entidad vivió momentos de crispación con marchas y bloqueos a vías de comunicación y carreteras estatales por parte de empleados, jubilados y proveedores del gobierno, quienes protestaron por la falta de pagos.
Granier Melo dijo, dos días antes de irse, que agotaría “los recursos a mi disposición para cubrir las deudas existentes”. Pero, claro, no cumplió.
Por eso Núñez criticó fuerte a Andrés Granier quien, dijo, “tuvo un pésimo manejo financiero, negligencia y corrupción”, lo cual desató crisis, particularmente en el sector salud de la entidad.
Pero en los últimos meses, los mexicanos hemos visto repetirse esta película lo mismo en el trópico que en el norte del país.
El caso del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, es otro que pone los pelos de punta por la impunidad.
Cifras del Congreso del Estado plantean que el endeudamiento del gobierno chiapaneco es de 22 mil millones de pesos, pero extraoficialmente y con información de la Secretaría de Hacienda, algunos medios como el diario Reforma han documentado que esos pasivos ascienden a 40 mil millones de pesos. Y no hay explicación puntual para saber en qué fueron gastados.
Ahora, Sabines Guerrero ya ni siquiera vive en Chiapas. Desde el pasado 9 de diciembre, cuando entregó el poder a Manuel Velasco Coello, simplemente se hizo ojo de hormiga.
El nuevo mandatario, emanado de la coalición PRI-PVEM, ha iniciado ya una serie de ajustes y un programa de austeridad ante la emergencia. Más de 60 municipios chiapanecos se han declarado en quiebra y las autoridades han anunciado el armado de una serie de denuncias por los miles de millones desaparecidos en la entidad que apuntan al ex gobernador Juan Sabines, quien llegara al poder de la mano de una coalición conformada por PRD-PT-Convergencia.
Otro caso reciente es el del ex gobernador perredista Narciso Agúndez Montaño, quien gobernó Baja California Sur de 2005 a 2011, y fue detenido en Monterrey en mayo de 2012 por el delito de peculado en agravio de la administración pública de su entidad.
En diciembre de 2011 fue inhabilitado por la Contraloría de Baja California Sur por seis años, por irregularidades en la venta de predios del gobierno en un exclusivo fraccionamiento en el destino turístico de Los Cabos. Él sí está ya en manos de la justicia aunque no ha sido sentenciado.
También siguen presentes las dudas sobre la deuda que el priista Humberto Moreira Valdés dejó en Coahuila y que provocó su salida como dirigente del PRI en diciembre de 2011.
Moreira Valdés, quien gobernó esa entidad entre 2005 y 2011, dejó un endeudamiento de más de 34 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una cifra que disparó al cielo los 196 millones de pesos que debía la entidad cuando inició su administración.
Por supuesto están ahí los casos de Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Tamaulipas; de Mario Marín Torres, en Puebla; de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca; de Patricio Patrón Laviada, en Yucatán, entre muchos otros. La lista es tan grande como la geografía nacional.
La corrupción en los gobiernos estatales está a la vista. Pero hay pocos elementos para frenarla y aplicar la ley.
La única herramienta que puede abonar en este problema –que incluso puede contaminar las finanzas federales–, es la reforma constitucional que el Senado de la República aprobó en diciembre pasado y con la que dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y le confiere mayores facultades en materia de transparencia, para poder tocar asuntos de corrupción en los estados.
Pero se necesita más que eso para frenar la devastación provocada por los gobernadores, y en este punto el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene también la responsabilidad de impulsar el orden.
El costo anual de la corrupción en el país representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado. Datos de la organización No Money Laundering y reportes de la propia Cámara de Diputados, plantean que los grupos criminales en el país obtienen ganancias anuales de 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero la corrupción, por ejemplo, genera ganancias superiores a los dividendos que el país capta como producto de la extracción del petróleo y gas cada año
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