Ecuador: "Más libertad y menos política"

por Gabriela Calderón de Burgos
Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
Pedro Romero, profesor de economía de la Universidad San Francisco de Quito, acaba de publicar Más libertad y menos política,1 libro que reúne estudios que realizó entre 2002 y 2012. Este libro es una especie de antídoto breve y eficaz para la colección de mitos y contradicciones2 que se le inculcan a muchos estudiantes universitarios a través del libro de texto de Alberto Acosta, Breve historia económica del Ecuador.


El libro incluye un par de capítulos sobre qué es la dolarización, cómo Ecuador llegó a estar dolarizado, cómo funciona, y cómo se la podría potenciar a través de reformas que logren que el país esté integrado al sistema financiero internacional; otro capítulo acerca de la evolución de las instituciones presupuestarias del país entre 1830 y 2002; otro estudio acerca de la incertidumbre institucional; y otro acerca de la desigualdad de ingresos versus el progreso económico, entre otros. Pero vale la pena detenernos sobre algunos capítulos.
El tercer capítulo es el mejor estudio que se ha escrito sobre la crisis de 1999, tanto por su claridad como por su profundidad. Allí Romero realiza un análisis de las instituciones y los incentivos perversos que derivaron en un malsano contubernio entre la clase política y los banqueros. Él ubica la raíz de la crisis de 1999 en la “sucretización de la deuda externa” que realizó el gobierno de Oswaldo Hurtado en 1982, “que consistió básicamente en que los deudores privados ecuatorianos podían convertir sus obligaciones en dólares con acreedores externos a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador (BCE)…Por su parte, el gobierno ecuatoriano, por medio del BCE, asumía el pago de la deuda externa privada ante los acreedores externos”.
Romero explica que luego se tomaron medidas adicionales para “socializar las pérdidas” en el gobierno de León Febres Cordero cuando se extendió el plazo para cancelar los pagos al BCE a siete años plazo y se congeló la tasa de interés en 16% (mientras que las tasas en el mercado eran de 28%), entre otras. “De esta forma, el gobierno por medio del BCE subsidió y protegió al sector productivo y bancario altamente endeudado con el exterior”. Además, entre 1986 y 1988 la Junta Monetaria hizo posible que los bancos privados locales cancelen sus obligaciones con el BCE con descuentos promedios de 78%.
El autor explica que la supuesta liberalización del sistema financiero en los noventa nunca se dio puesto que la Junta Monetaria y el BCE, instituciones que nunca dejaron de ser politizadas y sujetas a la influencia decisiva de grupos de presión, retuvieron suficientes poderes discrecionales.
El capítulo seis trata sobre la reforma constitucional, lo escribió en 2007 y algunas cosas dichas allí resultan premonitorias. Por ejemplo, “Constituciones llenas de aspiraciones crean problemas de interpretación legal… Específicamente, se crean oportunidades para que el gobierno de turno menoscabe las libertades que han sido reconocidas por largo tiempo y en todos los modernos gobiernos democráticos como la libertad de prensa”.
El libro termina con el capítulo sobre la desigualdad de ingresos versus el progreso económico y es algo que deberían leer los “ideólogos del Buen Vivir”, quienes piensan que es sencillo y posible manipular a los individuos como si fueran piezas de un rompecabezas para obtener una determinada distribución de la riqueza.