Guatemala: Quien me la pague..

Guatemala: Quien me la pague..

Por José Raúl González Merlo
Prensa Libre

Está interesante la forma de gestión del Gobierno. Si el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no promete recaudar los Q50 millardos que el ministro de Finanzas dice que hay que recaudar este año, el presidente “lo renuncia” y busca uno que acepte la meta. Menos mal que la SAT había sido concebida como una entidad técnica e independiente de las presiones políticas del gobernante de turno... Es una tristeza que este, al igual que gobiernos anteriores, se empecine en irrespetar la independencia funcional de instituciones tan importantes como la SAT. Habiendo dicho lo anterior, lo preocupante no es la exagerada meta de recaudación del Gobierno, sino los medios por los que, “a puro tubo”, vayan a querer alcanzarla. Llama poderosamente la atención que, sin Miguel Gutiérrez, la SAT goza de un “repentino optimismo” en sus funcionarios. Ahora dicen que siempre sí llegarán a la meta. Nada extraño luego de ver cómo terminó el exjefe… ¿Qué pudo haber cambiado? Quizás, la disposición de las autoridades en alcanzar la meta con “herramientas administrativas”; un eufemismo para la práctica de “terrorismo fiscal”. 

El abuso de poder por funcionarios públicos no es una novedad en Guatemala. Marco Tulio Abadío, jefe de la SAT en tiempos de Alfonso Portillo —ambos actualmente en prisión— es un ejemplo de lo anterior. Durante su recordada e ingrata gestión, Abadío acosó y aterrorizó a notorias empresas del sector privado con sendos reparos fiscales que han tomado años en ser aclarados, por improcedentes. Ciertamente que la situación ha cambiado de esos días a la fecha; lamentablemente no se ha puesto mejor, sino mucho peor. Hoy es mucho más fácil practicar el “terrorismo fiscal”.

En tiempos de Abadío no existía la Ley de Extinción de Dominio que facilita la confiscación de bienes sin necesidad de probar delito alguno. En esos tiempos tampoco existía el delito de resistencia a la acción fiscalizadora con el que ya se está acosando ilegítimamente a las empresas. La SAT tampoco podía fijar, a su sabor y antojo, los precios o los costos de las empresas para recalcular su renta. Hoy en día, la ley les da esas y muchas otras amplias facultades discrecionales para interpretarla a su conveniencia y volver loco al tributario. Eso se traduce en más reparos, más multas, más intereses punitivos. Con esas “herramientas administrativas”, la SAT no buscará quién se las debe sino quién se las paga con tal de llegar a la “meta de recaudación”. Amén del uso político que les puedan dar a esos poderes.

Es una mala señal la que manda el Gobierno. La certeza jurídica es pieza fundamental del desarrollo económico y ese manoseo no está bien. Hay que ser ingenuo para creer que “el que nada debe nada teme”; lamentablemente “el poder absoluto corrompe absolutamente”. A como se ven las cosas, solamente la Corte de Constitucionalidad puede impedir la mala práctica de extorsionar a los tributarios mediante la interpretación antojadiza de la ley. Urge que declaren con lugar las inconstitucionalidades planteadas.