Está por ver si Peña Nieto aguanta el embate de sus rivales y cumple con sus promesas
Las luces más cegadoras de la pirotecnia política mexicana suelen
encenderse sexenalmente, coincidiendo con las primeras medidas del nuevo
presidente, que activa la traca con alguna detención de manual, promete
las reformas fiscal y energética, y abandona su residencia en Los Pinos
sin conseguirlas. Acostumbra a despedirse con una miscelánea de
remiendos tributarios y varias estadísticas engañosas. Ocurre así desde
hace decenios. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, detuvo a la sindicalista corrupta Elba Esther Gordillo, ‘La Maestra’,
y también ha prometido acometer las dos grandes transformaciones
estructurales pendientes, y alguna otra más. Poco nuevo bajo el sol. ¿Y
el campanudo pacto por México? No fue difícil. ¿Qué partido podía
negarse a firmar una bienintencionada declaración sobre la educación,
los derechos humanos, los pueblos indígenas, la libre competencia, el
desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, en un país con 50 millones de
pobres?
Al igual que sus antecesores, Peña Nieto ha prometido emprender reformas profundas para que México logre instalarse en la prosperidad y en la justicia social, inexistente en un país con el norte, agringado y boyante, y el sur, subdesarrollado, indígena y caciquil. La habilidad política y mercadotecnia demostradas por el joven mandatario durante sus años de gobernador del estado de México, deberá aplicarlas para convencer a un Congreso federal dividido, marrullero, deficitario en sentido de estado y secularmente tomado por los prejuicios ideológicos y las luchas facciosas.
No sería noticia que acabara tumbando las pretendidas reformas o, al menos, desfigurándolas. El parlamento que deberá aprobar enmiendas legislativas y constitucionales para hacerlas posible alberga una oposición que se opondrá de oficio, y rivales de Peña Nieto en sus propias filas, en el partido más avezado del planeta en el arte de la simulación y la adaptación al terreno: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que trató de colar como democracia lo que fue una dictadura encubierta de 75 años.
El arranque presidencial contuvo el fatalismo sobre la posibilidad de una patria equitativa e integradora, pero cuando el estruendo de las primeras salvas se apague, el gobernante comprometido con la modernidad deberá llevar hasta el virtuosismo la magia en el regate y el trile de sus mayores para poder sacar adelante las dos reformas. En un país tan nacionalista como México, la energética está muy acotada. La entrada de inversión privada con voz y voto en la industria petrolera, nacionalizada en 1938, obligaría a improbables acuerdos parlamentarios.
El debate socialmente más trascendente será el relacionado con una reforma fiscal integral, acometida por primera vez entre los años 1959-1970 por Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Nació entonces el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La intentona de Luis Echeverría (1971-1976) naufragó cuando los cacicazgos empresariales la derrotaron. José López Portillo (1976-82) introdujo un IVA del 10%; Carlos Salinas de Gortari eximió del ISR a los salarios más bajos y Ernesto Zedillo bastante tuvo con administrar la crisis económica desencadenada en 1994. Vicente Fox (2001-2006) fracasó al querer aplicar el IVA en alimentos y medicinas, y Felipe Calderón (2006-2012), lo bajó del 15 a 10%.
Los expertos anticipan que Peña Nieto quiere eliminar exenciones y aumentar del IVA, incluyendo alimentos y medicinas, a lo que siempre se opuso al PRI, cuyos jefes territoriales no quieren arriesgar poder político con medidas impopulares. La segunda economía de América latina tiene 112 millones de habitantes, y una de las recaudaciones fiscales más baja del continente, no llega al l8% del PIB, (la media en la OCDE es del 33.8%) como consecuencia de la masiva informalidad laboral, cuyos titulares no figuran en Hacienda, y a la evasión de quienes cuentan con recursos para defraudar.
Una clase media cautiva paga lo establecido, los más ricos no pagan lo que deben, y no hubo presidente capaz de meterlos en cintura. La recaudación alcanza sólo al 28 % del padrón de contribuyentes, según cálculos estimativos. El PRI deberá ampliar esa base tributaria, y precisar el alcance de la anunciada revolución en telecomunicaciones, que afectaría a los empresarios más poderosos de México, acostumbrados también al toma y daca y al gatopardismo en sus relaciones con el ejecutivo. Las estimulantes salvas del arranque sexenal no despistaron a Standard and Poor's (S&P), la principal calificadora de inversiones del mundo, que duda de las prometidas reformas energética y fiscal: “no están aseguradas en absoluto”.
No pueden estarlo porque la batalla hacia el bolsillo de los poderes facticos, y hacia la eliminación de exenciones impositivas, subsidios populistas, regímenes privilegiados y gravámenes arbitrarios, será dura. Queda por ver si el presidente aguanta el previsible contraataque de los adversarios políticos y empresariales, o por el contrario cede, y las promesas reformistas quedan reducidas, de nuevo, a fuegos de artificio.
Al igual que sus antecesores, Peña Nieto ha prometido emprender reformas profundas para que México logre instalarse en la prosperidad y en la justicia social, inexistente en un país con el norte, agringado y boyante, y el sur, subdesarrollado, indígena y caciquil. La habilidad política y mercadotecnia demostradas por el joven mandatario durante sus años de gobernador del estado de México, deberá aplicarlas para convencer a un Congreso federal dividido, marrullero, deficitario en sentido de estado y secularmente tomado por los prejuicios ideológicos y las luchas facciosas.
No sería noticia que acabara tumbando las pretendidas reformas o, al menos, desfigurándolas. El parlamento que deberá aprobar enmiendas legislativas y constitucionales para hacerlas posible alberga una oposición que se opondrá de oficio, y rivales de Peña Nieto en sus propias filas, en el partido más avezado del planeta en el arte de la simulación y la adaptación al terreno: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que trató de colar como democracia lo que fue una dictadura encubierta de 75 años.
El arranque presidencial contuvo el fatalismo sobre la posibilidad de una patria equitativa e integradora, pero cuando el estruendo de las primeras salvas se apague, el gobernante comprometido con la modernidad deberá llevar hasta el virtuosismo la magia en el regate y el trile de sus mayores para poder sacar adelante las dos reformas. En un país tan nacionalista como México, la energética está muy acotada. La entrada de inversión privada con voz y voto en la industria petrolera, nacionalizada en 1938, obligaría a improbables acuerdos parlamentarios.
El debate socialmente más trascendente será el relacionado con una reforma fiscal integral, acometida por primera vez entre los años 1959-1970 por Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Nació entonces el Impuesto Sobre la Renta (ISR). La intentona de Luis Echeverría (1971-1976) naufragó cuando los cacicazgos empresariales la derrotaron. José López Portillo (1976-82) introdujo un IVA del 10%; Carlos Salinas de Gortari eximió del ISR a los salarios más bajos y Ernesto Zedillo bastante tuvo con administrar la crisis económica desencadenada en 1994. Vicente Fox (2001-2006) fracasó al querer aplicar el IVA en alimentos y medicinas, y Felipe Calderón (2006-2012), lo bajó del 15 a 10%.
Los expertos anticipan que Peña Nieto quiere eliminar exenciones y aumentar del IVA, incluyendo alimentos y medicinas, a lo que siempre se opuso al PRI, cuyos jefes territoriales no quieren arriesgar poder político con medidas impopulares. La segunda economía de América latina tiene 112 millones de habitantes, y una de las recaudaciones fiscales más baja del continente, no llega al l8% del PIB, (la media en la OCDE es del 33.8%) como consecuencia de la masiva informalidad laboral, cuyos titulares no figuran en Hacienda, y a la evasión de quienes cuentan con recursos para defraudar.
Una clase media cautiva paga lo establecido, los más ricos no pagan lo que deben, y no hubo presidente capaz de meterlos en cintura. La recaudación alcanza sólo al 28 % del padrón de contribuyentes, según cálculos estimativos. El PRI deberá ampliar esa base tributaria, y precisar el alcance de la anunciada revolución en telecomunicaciones, que afectaría a los empresarios más poderosos de México, acostumbrados también al toma y daca y al gatopardismo en sus relaciones con el ejecutivo. Las estimulantes salvas del arranque sexenal no despistaron a Standard and Poor's (S&P), la principal calificadora de inversiones del mundo, que duda de las prometidas reformas energética y fiscal: “no están aseguradas en absoluto”.
No pueden estarlo porque la batalla hacia el bolsillo de los poderes facticos, y hacia la eliminación de exenciones impositivas, subsidios populistas, regímenes privilegiados y gravámenes arbitrarios, será dura. Queda por ver si el presidente aguanta el previsible contraataque de los adversarios políticos y empresariales, o por el contrario cede, y las promesas reformistas quedan reducidas, de nuevo, a fuegos de artificio.
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