Jorge Fernández Menéndez
Creo que la de telecomunicaciones es una gran
iniciativa de reforma, la más importante que se ha planteado en nuestro
país en años y con repercusiones que trascenderán el sexenio, la
política y los negocios. De alguna forma quedará, a partir de ella,
planteada la forma en que adquiriremos mucha de la información y el
entretenimiento en el futuro, también las formas en las que nos
comunicaremos entre nosotros y con el mundo, y de igual manera se
redefinirá, por lo menos esa es la intención, buena parte de la
distribución de los mercados, en esos sectores y en muchos otros. Es,
finalmente, una reforma que sienta precedentes en otros ámbitos, lo que
la constituye en paradigmática, sólo a nivel de la energética que se
espera para la segunda mitad del año.
También me parece muy bien que no haya sido una iniciativa del Ejecutivo, sino el resultado de una negociación de éste con el PRI, el PAN y el PRD (y si bien no está en los logos del Pacto por México, también del Verde). Eso le da una fuerza, una viabilidad, la posibilidad de transitar por ella (sobre todo cuando hablamos de una serie de reformas constitucionales) con rapidez y eficacia.
Precisamente por todo eso, no creo que el mejor método sea aprobar esta iniciativa sin revisar, sin discutir, dos, tres, cuatro puntos, que son claves para su futuro. En última instancia para eso está el Congreso, no sólo para levantar las manos ante una iniciativa enviada por los partidos, más aún cuando ninguno de los coordinadores parlamentarios (y por supuesto tampoco sus legisladores) de esos partidos participó activamente en las negociaciones.
En lo personal, creo que hay dos puntos de la iniciativa que deberían ser revisados. Por una parte, el que concede la posibilidad de 49% de inversión extranjera en radiodifusión. En principio, como un dato aislado, no está mal, pero cuando los vemos en un contexto global o regional afloran asimetrías evidentes. Esa inversión, cuando se produzca, vendrá sobre todo de Estados Unidos: la expansión de esas cadenas en México es casi un proceso natural, como lo debería ser la de las cadenas mexicanas, las actuales y las que se creen, hacia el norte, sobre todo para la creciente población latina en la Unión Americana. El único problema es que en Estados Unidos, los mexicanos (o cualquier extranjero) sólo pueden invertir hasta 25% del total del capital en una empresa de radiodifusión. Los grandes empresarios que han invertido en ese mercado siendo extranjeros, han tenido que obtener, primero, la ciudadanía estadunidense, entre otras razones para atenerse estrictamente a las leyes que emanan de ese país. Ejemplos hay muchos, pero quizás los dos más importantes son el del australiano Rupert Murdoch (Fox e innumerables medios, entre ellos el Wall Street Journal) y el del propio Emilio Azcárraga Jean.
La pregunta es obvia: ¿por qué los empresarios estadunidenses de la radio y la televisión podrán invertir hasta 49% en el sector, cuando los empresarios mexicanos pueden invertir 25% en su país (y en Canadá 0%)? No está mal abrir el sector al capital privado internacional, pero como en todo el comercio global debe haber reciprocidad. Y la norma debería ser equiparable a la de nuestro socio comercial: mientras sea en Estados Unidos de 25%, debería ser equivalente en nuestro país, cuando en esa nación se aumente o disminuya el porcentaje deberá equipararse en el nuestro. Así se fomentaría la competencia y la inversión, pero no las asimetrías.
El otro punto se relaciona con un capítulo clave de la iniciativa. Se supone que todo el andamiaje está construido para evitar concentraciones monopólicas o dominancias evidentes en estos sectores. Por eso se estableció que ninguna empresa debería tener más de 50% de uno de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Lo cual está muy bien, pero entre las atribuciones del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones se establece que esa será una decisión que deberá tomar el propio Ifetel, lo cual, por una parte, pone en entredicho la medida (porque pasa a ser una decisión exclusiva del nuevo instituto aplicarla o no, según sus propias consideraciones) y, por la otra, le otorga a ese instituto una discrecionalidad y un poder enormes que deben ser atenuados por la propia letra de la ley.
El porcentaje de dominancia en el mercado debe estar especificado en la ley, en ese y en otros mercados. Y sin que tenga relación con el sector, pero sí con la práctica; ahí tenemos nuevamente el ejemplo estadunidense, donde se acaba de prohibir la compra de la cervecería Modelo con AB-InBev, un negocio de 20 mil 100 millones de dólares, porque ello reducirá la competencia en el mercado de las cervezas de Estados Unidos. Su participación, conjunta, en el mercado sería de apenas 46 por ciento.
También me parece muy bien que no haya sido una iniciativa del Ejecutivo, sino el resultado de una negociación de éste con el PRI, el PAN y el PRD (y si bien no está en los logos del Pacto por México, también del Verde). Eso le da una fuerza, una viabilidad, la posibilidad de transitar por ella (sobre todo cuando hablamos de una serie de reformas constitucionales) con rapidez y eficacia.
Precisamente por todo eso, no creo que el mejor método sea aprobar esta iniciativa sin revisar, sin discutir, dos, tres, cuatro puntos, que son claves para su futuro. En última instancia para eso está el Congreso, no sólo para levantar las manos ante una iniciativa enviada por los partidos, más aún cuando ninguno de los coordinadores parlamentarios (y por supuesto tampoco sus legisladores) de esos partidos participó activamente en las negociaciones.
En lo personal, creo que hay dos puntos de la iniciativa que deberían ser revisados. Por una parte, el que concede la posibilidad de 49% de inversión extranjera en radiodifusión. En principio, como un dato aislado, no está mal, pero cuando los vemos en un contexto global o regional afloran asimetrías evidentes. Esa inversión, cuando se produzca, vendrá sobre todo de Estados Unidos: la expansión de esas cadenas en México es casi un proceso natural, como lo debería ser la de las cadenas mexicanas, las actuales y las que se creen, hacia el norte, sobre todo para la creciente población latina en la Unión Americana. El único problema es que en Estados Unidos, los mexicanos (o cualquier extranjero) sólo pueden invertir hasta 25% del total del capital en una empresa de radiodifusión. Los grandes empresarios que han invertido en ese mercado siendo extranjeros, han tenido que obtener, primero, la ciudadanía estadunidense, entre otras razones para atenerse estrictamente a las leyes que emanan de ese país. Ejemplos hay muchos, pero quizás los dos más importantes son el del australiano Rupert Murdoch (Fox e innumerables medios, entre ellos el Wall Street Journal) y el del propio Emilio Azcárraga Jean.
La pregunta es obvia: ¿por qué los empresarios estadunidenses de la radio y la televisión podrán invertir hasta 49% en el sector, cuando los empresarios mexicanos pueden invertir 25% en su país (y en Canadá 0%)? No está mal abrir el sector al capital privado internacional, pero como en todo el comercio global debe haber reciprocidad. Y la norma debería ser equiparable a la de nuestro socio comercial: mientras sea en Estados Unidos de 25%, debería ser equivalente en nuestro país, cuando en esa nación se aumente o disminuya el porcentaje deberá equipararse en el nuestro. Así se fomentaría la competencia y la inversión, pero no las asimetrías.
El otro punto se relaciona con un capítulo clave de la iniciativa. Se supone que todo el andamiaje está construido para evitar concentraciones monopólicas o dominancias evidentes en estos sectores. Por eso se estableció que ninguna empresa debería tener más de 50% de uno de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Lo cual está muy bien, pero entre las atribuciones del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones se establece que esa será una decisión que deberá tomar el propio Ifetel, lo cual, por una parte, pone en entredicho la medida (porque pasa a ser una decisión exclusiva del nuevo instituto aplicarla o no, según sus propias consideraciones) y, por la otra, le otorga a ese instituto una discrecionalidad y un poder enormes que deben ser atenuados por la propia letra de la ley.
El porcentaje de dominancia en el mercado debe estar especificado en la ley, en ese y en otros mercados. Y sin que tenga relación con el sector, pero sí con la práctica; ahí tenemos nuevamente el ejemplo estadunidense, donde se acaba de prohibir la compra de la cervecería Modelo con AB-InBev, un negocio de 20 mil 100 millones de dólares, porque ello reducirá la competencia en el mercado de las cervezas de Estados Unidos. Su participación, conjunta, en el mercado sería de apenas 46 por ciento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario