Colombia: Una sombra lo persigue – por Libardo Botero C.

Ya hay un consenso nacional en torno a que Santos es una nulidad como ejecutor. Pero en las pocas áreas en que intenta mostrar resultados, como en los programas de vivienda, o en infraestructura, o ahora en indemnización a las víctimas, apenas voltea la mirada encuentra la impronta imborrable de su antecesor, que lo persigue como una sombra.
He venido analizando durante más de un año tanto la normatividad como los resultados de la política de atención a las víctimas por parte del gobierno. Hasta ahora me he concentrado en un aspecto: la restitución de tierras. Pero esta semana un analista extranjero, el abogado alemán Andreas Forer, que publica una columna regular en un diario capitalino, efectuó una revelación singular.


Según Forer (“La ley de víctimas: primeros resultados”, El Espectador, marzo 16 de 2013), en Colombia es común que los datos proporcionados por fuentes oficiales “resultan ser falsos, incompletos, tendenciosos o parcializados”. Aludía sin duda a los aspavientos del presidente Santos que lanza propuestas o anuncia resultados “nunca vistos en la historia de Colombia”, pero que a la postre son un engaño. Hace poco precisamente ponderó la reparación a las víctimas con las usuales expresiones jactanciosas y las cifras excepcionales.
Logros “falsos, incompletos, tendenciosos o parcializados”: “Tal es la realidad de la información relativa a los resultados de la implementación de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)”, concluye el mismo Forer, que hurgó en boletines oficiales que acaban de divulgarse sobre actividades del primer año de la Unidad de Víctimas, creada por dicha ley. Sus hallazgos son de película.
De acuerdo con la Unidad de Víctimas –información que replicó idéntica Santos con petulancia- “la meta para 2012 era indemnizar 110 mil personas, pero ante el desborde de las solicitudes se amplió y se indemnizó a 157.800 personas, por un valor de $915 mil millones.” Al parecer un logro sin par. Lo dramático es que nada tuvo que ver con la Ley de Víctimas gestada por este gobierno. Lo que encontró Forer fue asombroso: “el 96% de las indemnizaciones otorgadas fueron solicitadas en el marco del Decreto 1290 de 2008 y el 4% restante se sufragaron como consecuencia de solicitudes presentadas con fundamento en la Ley 418 de 1997 (ley de atención humanitaria).”
De suerte que no es por ejecutoria especial del gobierno de Santos, sino por el cumplimiento de procesos echados a andar en el segundo mandato de Álvaro Uribe, que se ha venido indemnizando a las víctimas en el país.
Cabe recordar que en la Ley de Justicia y Paz se estableció por primera vez en Colombia un proceso de reparación integral de víctimas, no solo de orden moral sino también material, uno de cuyos pilares debía ser la devolución de bienes apropiados indebidamente por los victimarios. Con tal fin se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que adelantó su noble labor hasta ser disuelta al comienzo de este gobierno, en 2011. La CNRR empezó la inscripción masiva de las víctimas, registro que serviría de base para las reparaciones previstas en la ley.
Luego, en 2008, el proceso se complementó con el Decreto 1290, que estableció una reparación expedita, por vía administrativa. Abrió un proceso de inscripción de víctimas que se extendió hasta marzo de 2010. En abril de ese año se calculó que los inscritos casi habían llegado a 400.000. El decreto había establecido un período de 18 meses para que el gobierno aclarara la validez del reclamo de los inscritos, luego de lo cual se procedería a las indemnizaciones.
El señor Forer advierte también que la señalada Unidad de Víctimas es una muestra inequívoca de la ineficiencia de este gobierno, pues ni siquiera ha podido poner a marchar la Ley de Víctimas, entre otras cosas porque lleva un año tratando infructuosamente de terminar de aclarar los casos de muchos reclamantes inscritos antes de abril de 2010. De acuerdo con noticias de prensa había aún unos 175.000 casos sin resolver a fines de 2012.
Dado que las indemnizaciones individuales estipuladas en 2008 eran precisas (hasta un monto de 40 salarios mínimos, o sea hasta alrededor de 20 millones de pesos), el ejecutivo estimó que el total de los recursos fiscales necesarios para atender esa responsabilidad era de unos 7 billones de pesos. A finales del gobierno de Uribe –como se recordará- se discutió la primera versión de la actual Ley de Víctimas, que aquel gobierno al final hundió en el parlamento, pues colocaba en igual nivel al Estado y a los grupos al margen de la ley como victimarios, pero también porque su costo fiscal era demasiado elevado. Juan Manuel Santos compartió entonces las objeciones a dicho proyecto y la decisión de proponer que se archivara.
Pero apenas se posesionó de presidente el señor Santos rescató el proyecto, impulsado por el liberalismo, y le dio su aval. Las críticas del ex presidente Uribe no se hicieron esperar de nuevo, recabando en la incongruencia del nuevo mandatario y reiterando la alarma por el efecto fiscal que podría tener la norma expedida por el Congreso como Ley 1448 de 2011. En efecto, un CONPES de diciembre de 2011 estableció que la nación durante los próximos diez años deberá destinar 54 billones de pesos para ese fin; casi 8 veces más que lo previsto en 2008 con el mecanismo administrativo creado entonces.
La reparación a las víctimas es una de las banderas del gobierno de Santos. Y supuestamente, uno de los logros que allanará el camino a las negociaciones de paz en La Habana. Pese al desdén con que han mirado las Farc estos anzuelos lanzados por el gobierno, Santos insiste en que de esa manera está dejando sin banderas a los facciosos.
Lo paradójico es que con todo y el riesgo fiscal de la Ley 1148 –que sigue pesando como espada de Damocles-, el único sistema de indemnización a las víctimas que ha funcionado y sigue operando es el que estableció el gobierno de Uribe. Así el primer mandatario actual se empeñe en ocultarlo y mostrar los efectos del mandato de su predecesor como suyos, bajo otro rótulo. Ya hay un consenso nacional en torno a que Santos es una nulidad como ejecutor. Pero en las pocas áreas en que intenta mostrar resultados, como en los programas de vivienda, o en infraestructura, o ahora en indemnización a las víctimas, apenas voltea la mirada encuentra la impronta imborrable de su antecesor, que lo persigue como una sombra.