Crucificar a Calderón

Martín Moreno

Desde Harvard, se antojaría una respuesta del ex Presidente ante las liberaciones. 

La Operación Limpieza —la cruzada contra el crimen organizado, emblema del sexenio calderonista— se desmorona como castillo de arena.
La estratagema peñista es clara: exhibir la lucha antinarco de Felipe Calderón y, para ello, aprovecha los supuestos errores e innegables excesos cometidos durante los procesos judiciales el sexenio pasado. El consuelo es: si hoy no hay estrategia, ayer hubo abusos. Primero, el fiasco del michoacanazo. Libres ya Cassez, Ramírez Mandujano y Ángeles Dauahare. ¿Quién sigue?


Aún más: ¿se abrirá proceso legal contra algún ex secretario, funcionario o jefe policiaco involucrados en las decisiones del calderonismo sobre estos u otros casos?
Consultados por esta columna, especialistas resumen así el uso de los testigos protegidos durante el sexenio pasado:
¿Cómo y cuándo utilizar a los testigos protegidos? Fue algo que no pudieron descifrar los funcionarios del calderonismo.
Legalmente, estos testigos carecían de “valor probatorio” y, a pesar de ello, se les otorgó esa condición. Sólo representaban “indicios para investigación”. Y nada más.
Por lo tanto, cualquier juez declararía, tarde o temprano, imposible de probar la culpabilidad de los acusados bajo las declaraciones de testigos protegidos como arma principal. Era cuestión de tiempo. Y allí las consecuencias.
El problema, en el fondo, es cómo se utiliza a los testigos protegidos y la intención que se le da a sus declaraciones. Aprovechados con ética y profesionalismo, resultan herramienta valiosa para combatir la corrupción y la impunidad, bajo la condición de “mero indicio de investigación”. Usados para revanchas políticas o rencores personales, se convierten en un instrumento falaz.
En todo caso, los testigos protegidos no serían el punto de conflicto. Y sí aquellos que los compran y pervierten sus declaraciones o contaminan su valor legal en un juicio. Pretender eliminar de tajo a esos testigos puede ser un acto que abone en favor de la impunidad.
Desde Harvard, se antojaría una contestación de Felipe Calderón ante las liberaciones de Ramírez Mandujano y del general de división Tomás Ángeles Dauahare. No son casos menores. Se impone alguna respuesta de Genaro García Luna o de la ex procuradora Marisela Morales. Callar es otorgar.
Las acusaciones son graves y obligan a la respuesta del calderonismo:
“El ex presidente Felipe Calderón engañó al pueblo de México en su guerra contra el crimen organizado”, suelta Noé Ramírez Mandujano, ex subprocurador general de la República, tras salir de prisión.
“Los testigos protegidos y el arraigo son unas aberraciones”, punzó el general Ángeles Dauahare. La PGR aseguró que carecen de fundamento las acusaciones de testigos que señalaron al militar de proteger a los hermanos Beltrán Leyva.
Si Calderón y sus ex colaboradores no responden, darán, en automático, la razón a estas imputaciones.
En los Archivos del Poder del 14 de agosto de 2008, señalamos:
“La orden de arraigarlos (a Ramírez Mandujano y a integrantes del equipo especial conocido como Los Gafes) salió directamente de la oficina del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna…”
Hoy, las acciones anticorrupción ejercidas durante el sexenio pasado son cuestionadas y sentadas en el banquillo de los acusados. ¿Se actuó de mala fe? ¿Se pervirtieron las declaraciones de testigos protegidos? ¿Estamos ante la revancha política del gobierno priista contra la administración calderonista?
Lo cierto es que, a los ojos de la opinión pública y empujados por un activismo inusual y febril en el gobierno federal para liberar a aprehendidos en el sexenio pasado, se muestran procesos viciados de origen que anulan algunas culpabilidades. No es coincidencia que esos casos recaigan en “peces gordos” como el ex subprocurador y el militar.
Hoy por hoy, los presos de Calderón gozan de cabal salud.
ARCHIVO CONFIDENCIAL
CASO BRENDA. Respecto a la demanda por supuesto daño moral presentada por la presunta secuestradora Brenda Quevedo Cruz y su señora madre, Pasiana Cruz, contra este reportero —ante la publicación del capítulo La conejita dealer, incluido en mi libro El caso Wallace–, la jueza 25 de lo Civil en el DF, Fabiola Vargas Villanueva, declaró prescrita dicha acción. Por lo tanto, la resolución establece, textual, que “se absuelve a los demandados… de las prestaciones que les fueron reclamadas”, y “no se hace condena en gastos y en costas del juicio”. La presunta secuestradora, Pasiana y su defensa querían dinero: diez millones de pesos. Vale decir que el desempeño de la jueza Vargas Villanueva fue respetuoso y profesional.