Los poderes públicos han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato opositor por su supuesta instigación a desórdenes callejeros
“Él era el muro de contención de muchas de esas ideas locas que se
nos ocurren a nosotros”, fue lo que dijo del desaparecido Hugo Chávez el
número dos del oficialismo y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello.
Pero no lo dijo con nostalgia. En realidad, era una amenaza que
profería desde Maracay, capital del estado de Aragua, el pasado 23 de
marzo contra la oposición, a la que sugería que mejor habría hecho en
rezar por la supervivencia del comandante. “Él imponía su liderazgo, su
prudencia y su conciencia, y nos evitaba actuar en muchas ocasiones con
estas ideas locas nuestras”.
A casi un mes de distancia, Cabello —exteniente del ejército— hace buenas sus palabras. El dique de Chávez ya no está y fluyen las ideas locas. Cabello las pone en práctica desde el martes, cuando, dirigiendo la sesión del parlamento, impidió el uso de la palabra a los diputados de oposición que no declarasen primero reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de la República. El miércoles destituyó sumariamente a los diputados de oposición que estaban al frente de comisiones permanentes del parlamento. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirá este jueves en Lima para abordar la crisis política que se ha desatado en Venezuela.
El oficialismo venezolano parece haber entendido que, en medio de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del domingo, en las que Nicolás Maduro obtuvo una magra ventaja del 1% frente al opositor Henrique Capriles Radonski, el ataque es la mejor defensa. Es la llamada “radicalización” que desde el gobierno se agita a conveniencia, más como advertencia que como resultado de una doctrina. El martes en la tarde, por ejemplo, el presidente electo avisaba que, de continuar la protesta violenta por parte de la oposición, “lo que podemos hacer es radicalizar la revolución”.
La contraparte del conflicto, liderada por Capriles, dio en las últimas horas muestras de un repliegue. Bien porque se haya convencido de decantarse por la resistencia civil, bien porque necesitara asegurarse que las cosas no se le fueran de las manos, el candidato opositor —y oficialmente derrotado— suspendió una gran marcha convocada para el miércoles, que pretendía llegar hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, la capital.
Desde el domingo, la oposición demanda una auditoría “voto a voto” de las papeletas depositadas en las urnas electorales, en vista de algunas irregularidades que denuncia y que, a su juicio, ponen en entredicho el resultado oficial de los comicios que, mientras tanto, se niega a reconocer.
El retroceso táctico de Capriles no ha dado lugar a una tregua, sin embargo. El gobierno saca cuentas y le ve rédito a la polarización. Así, el presidente electo Maduro —que debe jurarse el viernes ante la Asamblea Nacional para asumir el cargo— se ha negado en redondo a permitir el recuento de los votos, a pesar de que el domingo en la noche aceptó la propuesta. Así mismo, dio a conocer su decisión de desconocer a Capriles como gobernador del estado de Miranda y a cualquier otro gobernador de provincias “que no me reconozca a mí”.
Pero la bomba atómica que el gobierno ya prepara y que sin duda llevaría la situación a los extremos, en un país ya escindido, sería la eventual detención de Capriles. Los poderes públicos, ampliamente controlados por el Ejecutivo, ya han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato opositor por su supuesta instigación a desórdenes callejeros. Este miércoles, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, ha lacrado el expediente en construcción manifestando que “en Venezuela no existe el voto manual” —con lo que, de paso, sentencia de antemano el reclamo opositor por un recuento de papeletas— y que, por lo tanto, quienes lo exigen habrían “engañado” a los manifestantes, aun sabiéndolo de antemano, “para incitar a una lucha de calle”.
El gobierno quiere endilgar a Capriles y a uno de los miembros de su comando, Leopoldo López —exalcalde del municipio de Chacao, verdadera bestia negra para el chavismo, que ya lo logró inhabilitar una vez para postular a cargos públicos— la autoría de los disturbios y sacarlos del camino. Se rumorea que la orden de captura ya está lista y permanece en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal, con atribuciones para atender casos de terrorismo.
Mientras, Maduro se ha dedicado a cultivar otros enfrentamientos. Desde el lunes, viene señalando a Estados Unidos como organizador primario de las protestas. Presentó la que llamó “la primera prueba” de ello, un vínculo desde el website oficial de la Casa Blanca con una petición ciudadana en línea a favor del recuento de votos en Venezuela.
El otro frente es el mediático. Durante una cadena de radio y TV el martes, Maduro expresó su convicción de que había llegado “el momento de las definiciones” y exhortó a los medios de comunicación “a definirse y mostrar si están con la patria”, nombrando en particular a dos cadenas privadas de televisión de señal abierta, Televén y Venevisión. Todo ello ocurre en fechas en que, según se había informado, debe haberse completado la venta del canal Globovisión a capitales privados cercanos del chavismo. Los accionistas principales del canal de 24 horas de noticias y abierto crítico del gobierno chavista, había acordado entregar el control de la empresa el 15 de abril a un grupo financiero
A casi un mes de distancia, Cabello —exteniente del ejército— hace buenas sus palabras. El dique de Chávez ya no está y fluyen las ideas locas. Cabello las pone en práctica desde el martes, cuando, dirigiendo la sesión del parlamento, impidió el uso de la palabra a los diputados de oposición que no declarasen primero reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo de la República. El miércoles destituyó sumariamente a los diputados de oposición que estaban al frente de comisiones permanentes del parlamento. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirá este jueves en Lima para abordar la crisis política que se ha desatado en Venezuela.
El oficialismo venezolano parece haber entendido que, en medio de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del domingo, en las que Nicolás Maduro obtuvo una magra ventaja del 1% frente al opositor Henrique Capriles Radonski, el ataque es la mejor defensa. Es la llamada “radicalización” que desde el gobierno se agita a conveniencia, más como advertencia que como resultado de una doctrina. El martes en la tarde, por ejemplo, el presidente electo avisaba que, de continuar la protesta violenta por parte de la oposición, “lo que podemos hacer es radicalizar la revolución”.
La contraparte del conflicto, liderada por Capriles, dio en las últimas horas muestras de un repliegue. Bien porque se haya convencido de decantarse por la resistencia civil, bien porque necesitara asegurarse que las cosas no se le fueran de las manos, el candidato opositor —y oficialmente derrotado— suspendió una gran marcha convocada para el miércoles, que pretendía llegar hasta la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, la capital.
Desde el domingo, la oposición demanda una auditoría “voto a voto” de las papeletas depositadas en las urnas electorales, en vista de algunas irregularidades que denuncia y que, a su juicio, ponen en entredicho el resultado oficial de los comicios que, mientras tanto, se niega a reconocer.
El retroceso táctico de Capriles no ha dado lugar a una tregua, sin embargo. El gobierno saca cuentas y le ve rédito a la polarización. Así, el presidente electo Maduro —que debe jurarse el viernes ante la Asamblea Nacional para asumir el cargo— se ha negado en redondo a permitir el recuento de los votos, a pesar de que el domingo en la noche aceptó la propuesta. Así mismo, dio a conocer su decisión de desconocer a Capriles como gobernador del estado de Miranda y a cualquier otro gobernador de provincias “que no me reconozca a mí”.
Pero la bomba atómica que el gobierno ya prepara y que sin duda llevaría la situación a los extremos, en un país ya escindido, sería la eventual detención de Capriles. Los poderes públicos, ampliamente controlados por el Ejecutivo, ya han anunciado acciones legales para responsabilizar al candidato opositor por su supuesta instigación a desórdenes callejeros. Este miércoles, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, ha lacrado el expediente en construcción manifestando que “en Venezuela no existe el voto manual” —con lo que, de paso, sentencia de antemano el reclamo opositor por un recuento de papeletas— y que, por lo tanto, quienes lo exigen habrían “engañado” a los manifestantes, aun sabiéndolo de antemano, “para incitar a una lucha de calle”.
El gobierno quiere endilgar a Capriles y a uno de los miembros de su comando, Leopoldo López —exalcalde del municipio de Chacao, verdadera bestia negra para el chavismo, que ya lo logró inhabilitar una vez para postular a cargos públicos— la autoría de los disturbios y sacarlos del camino. Se rumorea que la orden de captura ya está lista y permanece en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal, con atribuciones para atender casos de terrorismo.
Mientras, Maduro se ha dedicado a cultivar otros enfrentamientos. Desde el lunes, viene señalando a Estados Unidos como organizador primario de las protestas. Presentó la que llamó “la primera prueba” de ello, un vínculo desde el website oficial de la Casa Blanca con una petición ciudadana en línea a favor del recuento de votos en Venezuela.
El otro frente es el mediático. Durante una cadena de radio y TV el martes, Maduro expresó su convicción de que había llegado “el momento de las definiciones” y exhortó a los medios de comunicación “a definirse y mostrar si están con la patria”, nombrando en particular a dos cadenas privadas de televisión de señal abierta, Televén y Venevisión. Todo ello ocurre en fechas en que, según se había informado, debe haberse completado la venta del canal Globovisión a capitales privados cercanos del chavismo. Los accionistas principales del canal de 24 horas de noticias y abierto crítico del gobierno chavista, había acordado entregar el control de la empresa el 15 de abril a un grupo financiero
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