Lo
de menos para el gobierno mexicano es la advertencia de la consultora Stratfor
sobre la estrategia de combate a la delincuencia organizada que autorizó el
presidente Enrique Peña Nieto, caracterizada con sobrio sarcasmo como “la
política de las manos fuera”. Lo que sí importa es que esta empresa, conformada
por ex agentes de inteligencia que entre sus clientes tiene al gobierno de
Estados Unidos, refleja de manera regular y precisa el pensamiento de las
élites en Washington, bastante escépticas de lo que ven en materia de seguridad
al sur de su frontera.
Un
informe de Stratfor el 28 de marzo firmado por su vicepresidente de Análisis,
Scott Stewart, y su experimentado analista Tristan Reed, cuestiona la racional
en México de que si el gobierno suaviza su investigación sobre crímenes
vinculados al narcotráfico, la violencia decrecerá. “Desafortunadamente, la
reducción de los niveles de violencia no es tan simple”, agregaron. “(Por) la
naturaleza y los orígenes de la violencia… relajar simplemente la persecución
de los crímenes del narcotráfico, tendrá poco impacto en el nivel de la
violencia. Por tanto, ese argumento teórico se quedará solamente en eso”.
Stewart
y Reed añadieron:
“El
gobierno no inicia la mayoría de los incidentes violentos en México y ni
siquiera está involucrado en la mayor parte de la violencia. Muchos de los
incidentes más letales en México no tuvieron participación gubernamental en
absoluto, como la emboscada en mayo de 2011 en Nayarit, donde 29 miembros de un
cártel fueron asesinados; la emboscada en Sonora en julio de 2010, donde 20
sicarios fueron asesinados; el incendio en el casino en Monterrey en agosto de
2011, donde murieron 52 personas; el asesinato de 72 migrantes en un autobús en
Tamaulipas en agosto de 2010; y los cientos de víctimas en las fosas
clandestinas donde los tiraron Los Zetas y el Cártel de Sinaloa en 2011 y 2012.
Inclusive, en los prolongados enfrentamientos en Reynosa, en marzo de 2013, hay
reportes de que el gobierno permitió que grupos criminales se pelearan entre
ellos antes de intervenir.
“Actualmente
en Tamaulipas, la Policía Federal y el Ejército controlan la seguridad,
mientras que la policía local ha sido desarmada en algunas ciudades como
Reynosa. En tal entorno, será imposible que el gobierno federal se desentienda
sin antes reconstruir las fuerzas policiacas locales y estatales para que
provean seguridad. Al final de cuentas, dado que el gobierno federal no
inició la mayor parte de la violencia en México, la decisión de no perseguir a
los narcotraficantes conseguiría reducir la violencia muy poco”.
Dicho
de otra manera. Tanto el cambio de estrategia anunciado por el gobierno
-prevención y ataque a las fuentes que dan origen a la violencia-, como el
análisis que hacen expertos y periodistas sobre sus bondades -reales- a largo
plazo, no resuelven ningún problema relacionado con la violencia en el corto
plazo, cuya propia dinámica terminará derrotando al gobierno en el campo de
la opinión pública, que así como no entendió el discurso del presidente Felipe
Calderón de que había que acabar con los cárteles para recuperar al país,
difícilmente comprenderá ahora que no importa cuántos muertos haya y cuánta
inseguridad prevalezca, al final del camino se alcanzará paz.
Ni
el combate frontal como única opción contra los cárteles, ni dejar hacer, dejar
pasar a los cárteles, son buenas estrategias. La de Calderón, aunque cuestionada, es
cosa del pasado, pero la de Peña Nieto es a la que se juzga actualmente en sus
méritos.
Las
dudas que hay se multiplican por la naturaleza actual de los cárteles
mexicanos, que dejaron de ser organizaciones de delincuencia organizada, a
organizaciones criminales trasnacionales, como se califican hoy por la
diversidad de los negocios en los que se expandieron: secuestro, tráfico de
personas, trata, piratería, extorsión, minería y robo de carga aérea.
Sobre
esos factores objetivos cuestiona Stratfor lo que se le ha dado a llamar la
“nueva narco-realidad”. Pero si esto forma parte de un concepto teórico, hay
otro que, como hipótesis de trabajo, puede plantearse: la estrategia
inconfesable es que esa nueva narco-realidad pase por una Pax Narca; es decir,
que un cártel solamente maneje el negocio en México para lograr la paz
duradera. El tema exige otro análisis, aunque sea teórico.
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