Opinión: UNASUR y ALBA malheridos cómplices del fraude electoral – por Daniela E. Rodríguez

Las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 14 de Abril en Venezuela nos muestran por una lado que la UNASUR y el ALBA pueden borrar de un plumazo toda posibilidad de debate o reclamo pacífico por parte de un pueblo, en este caso el venezolano,  convirtiéndose así en cómplices de una práctica particularmente repudiable: el fraude electoral. Por otra parte, la apuesta de los mencionados organismos internacionales ha sido tan alta que han quedado malheridos. A todos nos ha quedado claro que el mismo sistema intentará usarse en el futuro para avalar las polémicas segundas reelecciones que tendrán lugar en los demás países miembros del socialismo del siglo XXI.


Lo sucedido el pasado 14 de abril en Venezuela es un claro atentado en contra de la democracia, y en particular en contra de un derecho fundamental que posee el pueblo venezolano: el de votar libremente y elegir a sus representantes. Legitimando el fraude, los mencionados organismos internacionales han conseguido quitarles a los venezolanos la posibilidad de elegir el futuro que desean para ellos y sus familias. De este modo, y quizás sin que nos diéramos cuenta, nos han ido encerrando a todos los latinoamericanos en un sistema, un auténtico Leviatán del Siglo XXI,  del que resulta muy complicado salir. Basta con observar la experiencia del régimen cubano y sus restricciones a cualquier tipo de libertad de sus ciudadanos, para comprender hacia donde nos van encausando como región.
Al mismo tiempo, posturas políticamente correctas, tales como las de la ONU, la OEA y Colombia, o el llamativo silencio de Chile, nos hacen notar que realmente los países de Latinoamérica con regímenes socialistas hemos quedado aislados del resto del mundo. Pareciera que a nuestros dirigentes les interesara muy poco el futuro de las generaciones venideras, posibilitando con su actitud que la región marche hacia un aislamiento mundial asegurado. De alguna manera se está cometiendo el mismo error que se cometió con Cuba, que gracias a la falta de solidaridad internacional, a muy poca gente le preocupa las penosas condiciones en las que viven los isleños, siempre y cuando puedan continuar viajando a disfrutar de sus paradisíacas playas.
Hoy en día, en buena parte de Latinoamérica nos encontramos con esfuerzos propagandísticos de regímenes que hacen hincapié en la importancia del respeto de los derechos humanos en su país. Sin embargo, lo que vemos cuando salimos a la calle son cada vez más marginados, más voces acalladas, más corrupción, más prácticas antidemocráticas y más delincuencia. Y a la hora de emitir el sufragio, nos encontramos con gobiernos que en lugar de incentivar a los ciudadanos para que trabajen y se esfuercen, optan por entregar subsidios a quienes les garantizan su voto. Tal es el caso del régimen venezolano cuyo concepto de respeto no parece tener lugar en un ámbito de discrepancia sino únicamente acatando al pie de la letra todas sus imposiciones.
El reconocimiento de la UNASUR y el ALBA del fraudulento triunfo de Nicolás Maduro muestra con total descaro el apoyo al referido modelo de corrupción, de atropello a las libertades individuales, de autoritarismo sin límites y de poder absoluto que les permite declarar – sin inmutarse – que ganaron una elección que en realidad perdieron. Han creado aparatos estatales tan inmensos y poderosos que ya ni siquiera se toman la molestia de escuchar las voces de su gente. Tal es el caso de lo sucedido con los reclamos del 18A en Argentina, que fueron ignorados olímpicamente por la presidente en ejercicio.
Es por eso que, inmersos en esta preocupante realidad, quienes criticamos la naturaleza de las autocracias regionales, sentimos que nos hemos quedados solos a la hora de promover los beneficios de la libertad, en un entorno donde ya no se escucha a los ciudadanos, donde se los divide o se los calla, ya sea con subsidios, con cargos públicos, o, en el peor de los casos, con amenazas.
Finalmente, si bien resulta preocupante que organismos como la UNASUR y el ALBA avalen prácticas que erosionan el sistema democrático con el objeto de mantener a sus aliados en el poder; en esta oportunidad la apuesta ha sido tan alta que el costo político de avalar lo que buena parte del mundo entiende como fraudulento ha resultado equivalente a pegarse un tiro en el pie para entidades con tan poco tiempo de existencia. Sumemos nuestras voces para denunciar lo que ahora ha quedado tan a la vista y que de no hacerlo, eventualmente nos afectará a todos.
* Daniela E. Rodríguez es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Villa María en Córdoba, Argentina y colaboradora del equipo de investigación de la Fundación HACER de Washington DC.