Un abuso que debe parar el PAN junto con el PRI de Peña

Leo Zuckermann

La Cámara de Diputados ya aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Ahora le toca al Senado debatir y votar esta iniciativa. Todo indica que el asunto se está complicando. La bancada del PAN tiene dudas sobre varios aspectos de lo aprobado por los diputados. Creo que tienen razón en por lo menos un tema: que las decisiones de la nueva Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) no podrán suspenderse mientras se apelan.


De acuerdo a la enmienda constitucional aprobada por los diputados, cualquier resolución de la CFC no podrá ser suspendida temporalmente por un juicio de amparo. Esto aplica para todos y cada uno de los sectores de la economía, no sólo, como se pretendía al principio, al de las telecomunicaciones. Es cierto que las empresas dominantes en este sector (América Móvil, Grupo Salinas y Televisa) abusaron del amparo para defender sus intereses en el pasado. Si la actual Comisión Federal de Competencia Económica les ponía una multa por prácticas monopólicas, las empresas se amparaban y el acto de la autoridad se suspendía en lo que se llevaba a cabo el larguísimo juicio.
Pero un abuso no puede combatirse con otro abuso. De un extremo del péndulo nos estamos yendo al otro porque ahora, de acuerdo a lo que se está discutiendo en el Senado, no podrán suspenderse los actos de la autoridad para todas las decisiones de la nueva CFC en todos los sectores de la economía.
Se trata de un gran poder que va a tener el Estado frente al sector privado. No deberíamos preocuparnos si la CFC está en manos de gente profesional y responsable como es el caso actual de la Comisión que dirige Eduardo Pérez Mota. Pero, como atinadamente lo recomendaban los constitucionalistas estadunidenses, el diseño de las instituciones debe hacerse bajo el supuesto de que no las dirigirán ángeles sino seres humanos muy ambiciosos. En este sentido, cuando se diseña una institución hay que hacerlo pensando en que la puede acabar dirigiendo alguien como Elba Esther Gordillo.
¿De verdad le queremos dar tanto poder a alguien así? ¿Qué tal si a la nueva CFC llegan consejeros corruptos, arbitrarios o débiles de carácter? ¿No podría ocurrir que el gobierno en turno los presionara para castigar a una empresa que no los apoyó durante la campaña electoral? ¿Y si una compañía los corrompe para sacar del mercado a su competidor? ¿No sería mejor diseñar reglas, que van a afectar a todos los actores económicos, no sólo a las empresas de telecomunicaciones, bajo estos supuestos? ¿O es que estas cosas no suceden en México?
Ante cualquier decisión de la CFC, las empresas deben tener el derecho de ampararse. Y un juez especializado en materia económica, en un juicio oral, debe decidir de inmediato si se suspende o no dicha resolución. Por lo menos debería haber ese contrapeso a la CFC. No lo que hoy se propone que es la ejecución inmediata de una decisión que puede quebrar a una empresa en lo que ésta litiga su caso en los tribunales. Y esto aplica, repito, igual a las empresas de telecomunicaciones que a los supermercados, pizzerías, fabricantes de aires acondicionados y productores de mandarinas.
Un abuso no debe combatirse con otro abuso. Si ciertas empresas de la iniciativa privada abusaron de las suspensiones temporales en los juicios de amparo en el pasado, no se vale que el Estado ahora cancele de manera definitiva las suspensiones. Lejos de generar una mayor inversión y competencia económica, esto generará incertidumbre que podría desincentivar que los capitalistas nacionales y extranjeros inviertan en México.
El Consejo Coordinador Empresarial ya expresó públicamente que se opone a esta reforma, supuestamente para promover una mayor competencia, pero que podría generar “un clima de indefensión para la iniciativa privada”. Al parecer los senadores del PAN están de acuerdo. La pregunta es si el PRI y el PRD se sumarán al PAN cediendo y atemperando esta iniciativa draconiana.
De la izquierda no puede esperarse mucho porque les encanta la idea de que el Estado controle a los agentes económicos. La decisión final la tendrá, me parece, el PRI. Ahí veremos qué quiere Peña y su partido: leyes que efectivamente generen competencia económica o leyes que subyuguen a las empresas al Estado. Espero sea lo primero: que se imponga la sensatez de no irse de un extremo del péndulo al otro, de no tratar de solucionar un abuso con otro, de no diseñar una nueva CFC como si fuera a ser dirigida por unos angelitos.