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Miles de empresas del estado de Arizona, Estados Unidos, se preparan para dar cumplimiento a una controvertida ley que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de las personas que contraten a partir de este 1º de enero.
La ley HB2779 puede conducir al cierre de las compañías que no comprueben si sus nuevos trabajadores tienen permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.
En Arizona, que comparte 626 kilómetros de frontera con México, se cree que hay más de medio millón de trabajadores indocumentados.
Diversos especialistas han advertido que la ley tendrá un impacto negativo sobre la economía del estado.
Sin embargo, según algunas encuestas, muchos habitantes de Arizona apoyan la medida, que busca desalentar la inmigración ilegal.
La ley fue refrendada en julio por la gobernadora del estado, Janet Napolitano, menos de una semana después de que fracasaran en el Senado federal en Washington los intentos por aprobar una ley migratoria que le hubiera abierto el camino a la legalidad a unos 12 millones de indocumentados en todo el país.
Sanciones
La ley HB2779 establece la suspensión de las licencias, por un máximo de diez días, de las empresas que violen la norma una vez.
La sanción será de diez días o más de suspensión -la ley no establece un máximo- si se establece que la empresa lo hizo con la intención de tener a alguien ilegal en su nómina.
Si reinciden en el transcurso de tres años -o cinco, en los casos intencionales- pueden ver sus licencias revocadas indefinidamente.
La medida no castiga directamente a los trabajadores indocumentados, pero obliga a las autoridades de Arizona a informar sobre ellos a los funcionarios de inmigración federales, lo que podría resultar en su deportación.
La ley tampoco sanciona a los consumidores que paguen por actividades de servicio, como trabajos de limpieza o jardinería.
E-Verify
De conformidad con la norma, los empleadores deberán cotejar la documentación de sus empleados con la información de una base de datos federal, llamada E-Verify.
Aunque el uso de la base de datos es voluntario y gratuito a nivel nacional, en Arizona será obligatorio, lo que ha provocado protestas de empresarios que señalan que la medida es anticompetitiva en relación con los demás estados.
Muchos empleadores también dicen que la ley los obligará a hacer grandes inversiones en computadoras y conexiones a internet para acceder a una base de datos que en el pasado ha demostrado tener información errónea, según han admitido las propias autoridades federales.
De acuerdo a la versión en línea del periódico local Arizona Republic, hasta el viernes sólo 9.062 de los cerca de 150.000 empleadores del estado se habían inscrito para usar E-Verify.
"Algunos están esperando para inscribirse cuando tengan que contratar a nuevos trabajadores, mientras que otros preferirían hacerse de la vista gorda sobre cuáles trabajadores son legales y cuáles no", dijo el periódico.
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